En pleno inicio de la campaña electoral resulta difícil que no haya tema que no entre en esa trituradora. La pandemia, las vacunas, los fallecimientos, la economía, la pobreza… Y sigue la lista. Ahora hay que sumar a Bolivia.
Repasemos el caso. El canciller boliviano sale a denunciar en conferencia de prensa que el gobierno de Mauricio Macri envió armas y municiones antidisturbios a las fuerzas armadas y de seguridad que derrocaron a Evo Morales en noviembre de 2019. Se basó en un documento que le acercó la embajada argentina, que consta de un agradecimiento de un jefe militar participante en la asonada.
Pocas horas antes de que el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia hiciera esta revelación, esta fue anticipada a las autoridades argentinas. Esto explica que Alberto Fernández sacara a relucir una nota de disculpas a su colega boliviano, Luis Arce.
El Presidente y todo el oficialismo no se iban a perder la oportunidad. Se las dejaron picando y aprovecharon para llevar agua hacia su molino. Máxime si el estiércol encima va para Macri, el opositor ideal para abusar de la grieta.
Con esa misma lógica, pero a la inversa, reaccionó la dirigencia opositora acusada. Desde su descanso español, Macri escribió en su muro de Facebook que “todo lo dicho es falso, todo es mentira”. Arremetió además contra Alberto F por su pedido de perdón y volvió a clamar que es víctima de persecución.
Una desmentida similar habían expresado antes otros ex funcionarios que podrían estar involucrados en el caso. Patricia Bullrich fue una, al estar a cargo del Ministerio de Seguridad, de donde habría partido ese envío. De hecho su sucesora, Sabina Frederic, ratificó la denuncia boliviana y anticipó que los informes que pidió a las fuerzas federales a su cargo reportan que se detectaron irregularidades en esos cargamentos.
Otro que negó todo fue Jorge Faurie, el experto en protocolo y eventos que estuvo al mando de la Cancillería macrista y ahora suplica un lugarcito en alguna lista electoral de Santa Fe, tras ser dejado afuera en la carrera por una senaduría. La lamentable política exterior actual no exime los desaguisados de la anterior gestión, que fue una de las primeras en el mundo en reconocer a la mandataria de facto boliviana que surgió del levantamiento cívico-militar-policial, Jeanine Añez, presa desde hace tres meses.
La oposición sostiene su desmentida en el rechazo del ex embajador argentino en Bolivia (cercano a Gerardo Morales) y en el que el ex jefe militar que aparece firmando esa nota de agradecimiento por el armamento ante la embajada dijo que él no escribió eso y que le falsificaron la firma. El hombre está preso por aquella sedición y ayer aparecieron nuevos indicios que ratificarían la veracidad de esa carta. Barreda también negaba sus crímenes en un primer momento.
Salvo que haya alguna anomalía en los registros de lo que se pudo haber enviado desde la Argentina, no hay delito en mandar armas a las fuerzas bolivianas. Puede ser reprochable ética o políticamente, según el lugar donde cada quien se pare.
Sucede que lo que haya pasado cae en la disputa partidaria y distorsiona la averiguación de la verdad, como nos viene sucediendo hace demasiado tiempo. El Boliviagate (como hemos decidido llamarlo en PERFIL) hace ruido si sucedió. Y mucho más si es un invento. Tanta estridencia ensordece.
