Las naciones de Latinoamérica, en un contexto de descrédito de la política, están evidenciando fracturas internas y externas. A esto se suman dos factores desestabilizadores. Uno omnipresente, que es la corrupción, y otro real y/o potencial, que es el accionar de las fuerzas armadas. Es importante comprender esto al reflexionar sobre la situación de la Argentina
Las fracturas internas se suman a un sentimiento antipolítico para debilitar los liderazgos nacionales. Así, el poderoso liderazgo político interno y externo que el Brasil demostró durante los gobiernos de Cardoso y Lula se va diluyendo en medio de profundas fracturas sociales y políticas. Estas debilitan tanto a Lula y a Dilma, del PT, como al PMDB, incluyendo al presidente Temer, y al PSDB. En Colombia, la fractura se manifiesta ante cómo abordar la singular combinación de guerrilla y narcotráfico que las FARC encarnan. Lo que es razonable para el presidente Santos es concesivo para el presidente Uribe, quien apoya al presidente electo, Duque. Otra fractura se manifiesta ante el rol de las fuerzas armandas, nacionales y extranjeras, en este conflicto. En el dramático caso de Venezuela, la debilidad de liderazgo se compensa con represión policial y militar.
En Chile, a Piñera se le presenta otra vez el desafío de superar profundas fracturas internas. Será interesante ver si este líder, más pragmático que carismático, aprendiendo de sus errores y aciertos, puede evitar fracturas mayores. De este lado de los Andes, un presidente con algunas caracterícas similares ha gobernado con minoría en el Congreso, con la ayuda de una oposición fracturada, y logrando un liderazgo significativo hasta hace muy poco. Irónicamente, es el mal manejo económico –a nivel estratégico, táctico y/o secuencial–, de una situación que ya era sumamente compleja, lo que ha debilitado a Macri.
Probablemente, el mayor desafío de liderazgo se presenta en México, donde López Obrador se enfrenta a fracturas políticas internas y externas. Por un lado, deberá gobernar con los tradicionales PRI y PAN en la oposición. Por el otro, tendrá que lidiar con el presidente Trump, quien cuestiona en forma urticante la emigración mexicana y la mutua integración económica.
Las fracturas externas se extienden a América del Sur, donde algunos instrumentos de gobernabilidad regional se deslegitiman. El ejemplo más notable es el de la Unasur, que no se ha manifestado con firmeza sobre la crítica situación venezolana. Esto ha impedido la posibilidad de encontrar soluciones propias a problemas propios, mediante un mecanismo con la ventaja de reunir a los líderes sudamericanos. Ante esta incapacidad manifiesta, la OEA ha retomado un protagonismo inesperado en el caso venezolano, potenciándose recíprocamente con el llamado Grupo de Lima. Este accionar conjunto será positivo en tanto no se traduzca en acciones militares de fuerzas extranjeras.
Pero la situación venezolana sí ha llevado al Mercosur a actuar y a accionar la cláusula democrática. En lo económico, el Mercosur necesita probar todavía su valor como vehículo de integración al mundo, mediante el avance de tratados como los que se negocian con la Unión Europea o la EFTA.
A las fracturas mencionadas, debemos sumar el factor desestabilizador de la corrupción, donde podemos notar una clara “convergencia en la diversidad”. En efecto, la corrupción no parece discriminar entre ideologías o entre diferencias de color o género en suelo americano. Figuras “progresistas” como Lula en Brasil y Cristina Kirchner en Argentina, el vicepresidente Jorge Glas de Ecuador y familiares de Bachelet en Chile han estado bajo la lupa judicial. Pero también lo han estado figuras conservadoras o liberales como Temer en Brasil, Menem en Argentina y Kuczynski, Toledo y Humala en el Perú. El caso Odebrecht sigue revelando prácticas altamente dañinas para el sistema político regional.
Un segundo factor desestabilizador, real y/o potencial, es el rol y accionar de las fuerzas armadas. Por un lado, no se debe olvidar el rol central que tienen los militares en sostener a los regímenes autoritarios vigentes en Venezuela y Nicaragua. Por el otro, no se puede ignorar el rol que han tenido las fuerzas militares en Colombia, combatiendo a las FARC, ni el resquemor que causa en Brasil el tener fuerzas norteamericanas combatiendo en ese país limítrofe. A su vez, Brasil ha sido escenario de algo que no se escuchaba desde hace tiempo: una declaración pública afirmando que si no se hacía justicia en el caso de Lula, las fuerzas armadas podían llegar a intervenir.
En este contexto, el “riesgo militar” en la Argentina es mínimo, más allá de la negativa a desfilar el 9 de Julio, a causa de un exiguo aumento salarial. Pero este “riesgo militar” corre peligro de incrementarse si las directivas de apoyar los esfuerzos contra el narcotráfico y supuestas “bandas terroristas” son mal concebidas. Aunque puede justificarse el dar apoyo logístico en cuanto a aviones y radares, hay aspectos que preocupan. Uno es la afirmación ministerial de que grupos de militares actuarán como “fuerzas disuasivas” en pueblos fronterizos de Formosa, Salta y Misiones, para evitar que se instalen “bandas terroristas” o ligadas al narcotráfico. Dada la experiencia mexicana, no es difícil concebir que los narcotraficantes sean los que puedan “disuadir” económicamente a nuestros militares. Más allá de tomar precauciones para el G20, el hablar de “bandas terroristas” nos lleva a pensar en otra época, o en otro país del continente.
Aunque sobreponerse a las fracturas es quizás inalcanzable, es posible suavizarlas substancialmente mediante un desarrollo económico equitativo.
En cuanto a los factores desestabilizadores, como la corrupción y el “riesgo militar”, nuestro Congreso debe tratarlos en profundidad, sin apuro y con coraje, entendiendo el contexto latinoamericano.
*Autor de Buscando consensos al fin del mundo: hacia una política exterior argentina con consensos (2015-2027).
