Hoy se celebra otra marcha Pro Vida. Quienes creemos que penalizar la interrupción del embarazo es deplorable y no somos evangélicos, ni católicos, ni afines a sectores reaccionarios, deberíamos repudiarla. Pero como el enfrentamiento verdiceleste acarrea tantas heridas y el aumento de los índices de pobreza e indigencia es genuinamente acuciante, podemos intentar leer un poco más allá del aborto (que según el Presidente es un hecho consumado) y revisar los números del presupuesto 2021.
Lo primero que advertiremos es que las “políticas de género”, tan rechazadas por los catalogados de “antiderechos” cuentan con ventaja. Aunque voces afines al Gobierno señalen que el desastre edilicio de las escuelas es uno de los justificativos para no haber vuelto a presencialidad (interesante preguntarse qué hubiese ocurrido sin que medie el Covid), el aumento de presupuesto en educación es del 11%, cifra que representa solamente el 1,3% del PBI.
Sin importar de qué lado de la grieta nos ubiquemos (en lo personal prefiero no ubicarme en ninguno), resulta insólito que tras un año en el que solo accedieron a clases a distancia los estudiantes de sectores medios y altos por tener en sus casas wifi y PC, no se invierta más en reparar el daño sufrido por el engrosado porcentaje de niños y jóvenes pobres, que son, a esta altura de la soirée, los grandes postergados en el manejo de la pandemia.
¿Es plausible que, en un contexto de emergencia, el 15% de los gastos se destine a desplegar aún más “perspectiva de género” en las instituciones? ¿Por qué el cada vez más cuestionado ministerio que maneja Gómez Alcorta continúa en el top de las prioridades cuando las franjas que comprenden tanto a los más chicos como a los ancianos son las más damnificadas, incluso en las estadísticas oficiales?
Preguntas para una coalición gobernante que apoya parte de su discurso sobre la representación de pobres y excluidos.
