El reconocido productor y director Steven Spielberg comentó que el espíritu de su monumental Rescatando al soldado Ryan (1998), puesto de manifiesto en la escena de media hora del desembarco aliado en Omaha Beach (en el Día D), era la crudeza de la guerra: muerte, sangre, gritos, pánico, heroísmo, locura, crimen... Nada más alejado de la propaganda con música de fondo con buenos, malos y finales previsibles. Cosas que podrían emocionar pero que no son reales.
La épica de la política cuidando la economía cuando esta hace agua es la cara opuesta del realismo cinematográfico de Spielberg. Muchas de estas pulsiones se vieron potenciadas esta semana con la sonada iniciativa de expropiar la empresa Vicentin. Este caso es mucho más rico que un hecho aislado de intervención del Gobierno en la producción y hay que leer entrelíneas los argumentos para entender quiénes lo motorizan y qué sectores se resignan a la avanzada de un ala que profesa el “vamos por más” con una militancia que contrasta con los resultados que pudo obtener.
En la literatura económica, los gobiernos intervienen por diversas razones que podrían simplificarse en: corregir las fallas del mercado (por ejemplo, ante la presencia de un monopolio natural, regulándolo), para asegurar cierta distribución del ingreso (mediante la política fiscal), y para alentar una preferencia por determinada cuestión (por ejemplo, la seguridad ciudadana, la salud o la educación pública). Pero dicha intervención también puede traer un costo aparejado en términos de ineficiencia llevando a producir menos o no conseguir los logros en materia de bienestar que se había propuesto con esa decisión. En general, el espectro más pro-mercado confía en las bondades del sistema de precios para alentar para corregir los desequilibrios, pero si tienen expectativas de gobernar en lugar de comentar, saben que la formación de precios a veces depende de asegurar la libre competencia, con transparencia y atendiendo explícitamente cualquier otra consideración extra productiva. Por el contrario, los que descreen en la capacidad de los actores económicos en mirar más allá de su propio interés de corto plazo, tienden a asignarles un rol secundario y funcional a las decisiones estratégicas que la política asigna a las variables económicas: básicamente cuánto y qué producir, cómo se distribuirá y la dinámica del proceso.
En la semana en que se pidió otra prórroga para acordar con los bonistas externos es sintomático que haya salido este caso. Este es un caso con triple judicialización: el concurso preventivo que se inició con el default por estrés financiero; la querella contra ex autoridades del Banco Nación por los préstamos otorgados a Vicentin; y la que vendría con la expropiación de la firma. Uno de los argumentos hace referencia a establecer una empresa de capital social para oficiar de testigo en el principal mercado de generación de divisas que tiene la Argentina. Paradójicamente ya es un caso testigo de las dificultades que tienen las compañías argentinas cuando quieren competir internacionalmente: la financiación.
Las líneas a las que acudió la empresa santafesina tienen como contraparte los depósitos en dólares que posibilitan otorgar tasas aceptables en contraposición al mercado de pesos, tan vapuleado por una inflación imprevisible. El drenaje de depósitos que sufrió todo el sistema desde 2019 tuvo como primera víctima a la prefinanciación de exportaciones. Una situación que se agravará si los depositantes siguen desconfiando de la solidez del Banco Central de respaldar sus deudas y se restrinja el crédito a la actividad privada. La otra alternativa de financiamiento externo depende del resultado de la renegociación de la deuda.
Casi al mismo tiempo se puede acotar la incertidumbre para que se retroalimente el flujo financiero a las empresas (e indirectamente al Gobierno para que no salga a rescatar a más empresas ni a fondear al resto) e interviniendo al marcar la cancha y no adueñarse de la pelota.
