Luego de una semana teñida de anuncios varios, como el nacimiento del hijo del Presidente y su ocupación de cambio de pañales, en los últimos días recrudecieron numerosas versiones en el sentido que el lunes 18 de abril se habrían de producir importantes decisiones presidenciales, incluyendo medidas efectivas para detener o morigerar la inflación, cambios de ministros, desplazamiento de funcionarios K entronizados en puestos vitales, especialmente donde se maneja mucho dinero, etc.
Pero nada de eso ocurrió:
Ese día, acompañado de un presidente con expresión adusta, el Ministro de Economía anunció nuevamente un plan platita 2, o sea repartir bonos a los sectores más desguarnecidos, que no resuelven esencialmente las consecuencias de una espiralizada inflación, y que plantea numerosas incógnitas, en especial aquellas que se cuestionan de dónde sacará el Estado exhausto, los fondos para solventar esos bonos que suman cuantiosos montos.
Habló el Ministro, dijo algo el Presidente, pero respecto a temas económicos, continuó en esencia, la inacción, salvo distribuir lo que no hay.
No obstante, donde sí ocurrió algo importante fue en el aspecto judicial.
Los medios permanentemente han reflejado la intención vicepresidencial de continuar su intento de cooptación del poder judicial, en general, pero actualmente ejercida sobre un órgano vital como es el Consejo de Magistratura.
A pesar de dudas hasta último momento, la Corte Suprema dispuso una nueva conformación del cuerpo, decisión resistida por el sector vicepresidencial que le habría de hacer perder su hegemonía en ese ámbito.
Finalmente primó la institucionalidad y el alto Tribunal ocupó la presidencia del Consejo instando a funcionar de inmediato a los nuevos miembros, pese a que el kirchnerismo, en consonancia con su actitud de rebeldía, había evitado hasta ese momento que el Congreso nombrara a sus nuevos representantes ante ese organismo.
Súbitamente, la posición de la vicepresidente exhibió un giro sustancial. A pesar que originariamente se había pronunciado contra la decisión de la Corte, casi de inmediato, decidió acatar lo resuelto por el máximo tribunal, poniendo en marcha una maniobra, -moral y/o jurídicamente incalificable- por la cual lo habilitaba a apropiarse de una banca del Consejo de la Magistratura que debería corresponder a la oposición, a cuyo fin, dispuso la división del bloque mayoritario.
En este contexto, en una semana contaminada casi con exclusividad por el tema judicial, la problemática del país real, aquella que le aqueja a la mayoría de los argentinos, continúa ausente, no sólo en la acción gubernamental, sino en la escasa reacción de la ciudadanía de a pie, los partidos políticos y por parte de algunos sectores de la prensa.
La Argentina atraviesa en sus distintos órdenes, la peor de sus coyunturas, al menos desde la restauración de la democracia.
Sus reales problemas, más allá del vital asunto de la justicia, tienen que ver, entre otros, con una inseguridad sin límites ni coto, inflación desbocada, justicia en general morosa o inactiva, 40% o más de argentinos sumidos en la pobreza, desaliento de la inversión privada, emigración de empresas, chantaje de la corporación sindical evidenciado en la coacción hacia la actividad privada o a la educación o el transporte, crisis educativa que coloca al país en los niveles más relegados de las pruebas internacionales en esa materia, etc.
Y esta problemática ausente de la agenda oficial, aparenta estarlo en la ciudadanía en general, al menos respecto al volumen y la intensidad que la circunstancia amerita.
Hace algunas semanas, decíamos que la clase silenciosa está ausente, enmudecida. El cuadro es suficientemente grave que obliga a salir del cono de sombras.
Resulta vital que las fuerzas vivas, civilizadamente, se hagan oír. Y ya.
*Economista. Presidente honorario de la Fundación Grameen Argentina.
