Alí Hussain Sibat es un ciudadano libanés condenado a la pena de muerte en Arabia Saudita por incurrir en “brujerías” haciendo predicciones como presentador de un canal de televisión satelital de su país. Pero en noviembre, la Suprema Corte saudí ordenó revisar el castigo porque no estaba probado que hubiera hecho un daño a terceros. El tribunal sugirió conmutarle la pena capital y deportarlo al Líbano.
Alí, arrestado por la policía religiosa durante una peregrinación y sentenciado sin recibir asistencia legal, iba camino a un cadalso: en Arabia Saudita, durante los primeros diez meses del año, 22 personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas (en 2009, 69, y en 2007, 158). En ese ranking figuran China, Irán e Irak. Y Estados Unidos.
Por eso es para valorar la aprobación de una resolución de la Asamblea General de la ONU a favor de la declaración de una moratoria universal en la aplicación de la pena de muerte.
La resolución, después de renovadas gestiones de las que participó activamente Argentina como coautora, fue aprobada por 109 votos a favor, 35 abstenciones y 41 en contra, lo que refleja una tendencia clara hacia la erradicación definitiva de la pena de muerte.
Argentina jugó un rol decisivo en dos sentidos. Nuestra representación impuso una estrategia consultiva, abierta y transparente, desarrollada con la Unión Europea, Noruega, Nueva Zelanda, Croacia y Chile. Optamos –como objetivo principal– por llegar a una moratoria global de la aplicación efectiva de la pena capital, antes que a su abolición formal, y con ello promover diálogos nacionales que tornen luego sustentables los cambios de criterio en los países donde hay ejecuciones.
Los países pueden ser divididos en tres grupos. El primero, abolicionistas de todos los delitos, en tiempos de paz o de guerra. El segundo, abolicionistas que sólo prohíben ejecuciones en tiempos de paz para delitos comunes. Y un tercer grupo que mantiene la pena de muerte en su legislación, aunque hay algunos que hace años no la aplican y otros que siguen haciéndolo, como Arabia Saudita y Estados Unidos.
En septiembre de 2008, Argentina ratificó el protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinados a abolir la pena de muerte. Y ello fue posible porque un mes antes, y siempre como parte del compromiso del Estado con la promoción y protección de los derechos humanos, el Congreso había derogado por ley el Código de Justicia Militar, la única norma del país que preveía la aplicación de la pena de muerte.
Si se mira tan sólo dos décadas atrás, la tendencia es evidente: en 1989 había 55 países totalmente abolicionistas, en 1999, 70, y en 2008, 95. En el período del estudio, junto con Albania, Grecia, México y Turquía, nuestro país fue uno de los que pasó a ser de abolicionista de hecho a abolicionista pleno.
Argentina y los demás coautores de la resolución debieron sortear intentos de bloqueo. Los argumentos de los gobiernos de países que mantienen la pena capital, como Singapur, Botswana o Egipto, han atribuido la iniciativa a prácticas colonialistas de la Unión Europea, denunciado intromisión en asuntos internos y argumentado que se interesan por los derechos humanos de las víctimas de delitos, no por los de los infractores.
Pero nunca se demostró el efecto disuasorio de estas penas ni que haya aumentado el delito donde se abolieron.
La tendencia a la abolición de la pena capital tiene indicios políticos igualmente fuertes en el otro extremo del planeta, como los que ha dejado sentados China, una potencia mundial emergente, en sesiones de Consejo de Derechos Humanos, cuando anunció su propósito, en un principio, de limitar la aplicación de la pena capital y, finalmente, abolirla. Si a los países que la han abolido se suman los que han dejado de ejecutarla, son en total 136 de los 192 miembros de la ONU.
Si la pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una salida, la resolución de la ONU impulsada con entusiasmo y compromiso por Argentina indica que los Estados están cada vez más decididos a buscar alternativas no violentas. Si es así, casos como el del libanés Alí Hussain Sibat, esquivando la muerte a manos de un Estado, podrán ser vistos no sólo como un guiño de la suerte. Habrán sido un paso más en firme hacia la promoción del derecho a la vida entre todos nosotros.
*Embajador de la Argentina ante la ONU.
