Tres episodios directamente interconectados: el cierre de una fábrica de neumáticos, el paro de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el debate de la reforma laboral constituyen la síntesis que podría dominar la discusión en estos tiempos.
En momento de redactar estas reflexiones, aún se encuentra pendiente de tratamiento el histórico proyecto de reforma laboral, originalmente aprobado en el Senado, y modificado (y demorado) en la Cámara de Diputados, luego del horror (perdón, error) del oficialismo de haber pretendido deslizar el controvertido artículo 44 sobre enfermedades profundas.
Ya se logró el dictamen en comisión por lo cual todo indicaría que el Senado, en su sesión plenaria, debería aprobarlo, por lo cual es posible que la democracia argentina se encamine a lograr lo que empezó a intentarse sin éxito hace poco más de cuarenta años por un gobierno radical.
En aquel entonces, del rechazo al proyecto oficial en el mismo sentido, surgió un fuerte liderazgo gremial, convirtiendo al sindicalismo en el que se refugió el peronismo derrotado en 1983, en triste gestor de trece paros nacionales sufridos durante ese mandato.
En las actuales circunstancias, la industria argentina está siendo afectada por una serie de factores, producto de la clara y anunciada orientación económica oficial: caída de la construcción, determinada fundamentalmente por la casi inexistente obra pública, el derrumbe del consumo, que afecta seriamente al comercio, y la apertura importadora.
Las obvias consecuencias del modelo desembocan inevitablemente en los temores a la pérdida del trabajo y a la imprescindibilidad de reactivación económica. Adicionalmente, nada ayuda la subsistencia de un prebendario esquema impositivo, agobiado, entre otros, por la arbitrariedad de las tasas de provincias y municipios, tomados estos como cotos de caza para obtener recursos.
Como obligada consecuencia de esta transformación, comienzan a emerger conflictos sociales, lo que obliga al Gobierno a mostrar perentoriamente resultados positivos en la economía real, en un contexto temporal marcado por una clara mirada hacia las elecciones presidenciales del año 2027.
Coexisten una masa creciente de víctimas, que incluye a exempleados públicos que empieza a sumar a obreros industriales despedidos, empresarios decepcionados obligados a cerrar, en simultáneo con la firme presencia del sector agropecuario y las prometidas inversiones extraordinarias para la extracción de gas y minerales, que de concretarse, otorgarían en el tiempo a la Argentina un perfil económico impensado.
Una reciente muestra de esta transformación fue el anuncio de dos compañías mineras internacionales para desarrollar proyectos de cobre y litio en el norte del país, quienes destacaron que la Argentina se mantiene como un destino prioritario con anuncios de inversión cercanos a los diez mil millones de dólares.
Mientras, la incertidumbre sigue latente. No resulta predictible aún si el peronismo podría reconstituirse desde sus actuales escombros, o si, por el contrario, se estaría ante la perspectiva de una Argentina diferente.
Sería lamentable que el cambio no se efectivice. El país no puede (y no debe) continuar con el marco de atraso de las últimas décadas.
Sin nuevas inversiones no podría haber crecimiento. Y por ende no habría flexibilidad laboral que alcance para generar empleo sostenido.
En este escenario, el avance en el Congreso de un proyecto de ley como el de modernización laboral, cuya sanción parecía impensable hasta hace no mucho, sería un positivo indicio que la transformación es posible.
¡Que así sea!
*Economista. Presidente honorario de la Fundación Grameen Argentina.
