La iniciativa política indica seguridad y audacia. Ayer quedó claro que estuvo del lado del kirchnerismo. Los diarios todavía se ocupaban de la tragicomedia puesta en escena por la Corte Suprema, cuando sus lectores se enteraban en los portales web de que habría una fórmula Fernández y Fernández (orden indistinto, aunque CFK esté siempre destinada al primer lugar, incluso cuando elija el segundo). A media tarde del sábado, Schiaretti no quiso opinar “sobre las decisiones de otra fuerza política”. Vencedor el domingo pasado en su provincia, los acontecimientos se aceleraron tanto como para dejarlo sin palabras y casi sin ecos de su victoria.
Lo que produjo el tándem Fernández y Fernández deja a los otros jugadores descolocados por un rato. La jefatura de esa maniobra táctica le pertenece a Alberto, hombre de variadas lealtades, que supo renunciarle a CFK en julio de 2008, criticarla luego, y ahora volver al rancho. Sin duda, algo para que piensen los candidatos que todavía no definieron su pretensión electoral con entera claridad, y deambulan por frentes en estado provisional.
No es necesario ser kirchnerista para reconocer que, en ese espacio, hay alguien que sabe pensar rápido y actuar en consecuencia. Alberto Fernández no obedece a principios, sino que persigue objetivos. Ahora debe estar pidiéndoles a los santos del cielo que su iniciativa FyF tenga mejor éxito que la movida que intentó en la Corte Suprema y no le salió bien. La sintetizo porque tres o cuatro días parecen un pasado remoto.
La Corte Suprema pidió el expediente de una causa que compromete a Cristina Kirchner, pedido que hubiera retrasado el comienzo del juicio oral salvo que se examinaran las fojas en tiempo récord. Fue también una operación de Alberto Fernández, quien ya sostenía que los juicios a Cristina carecían de sustento probatorio. Al día siguiente, la Corte Suprema retrocedió y dio luz verde al comienzo del juicio a la ex presidenta.
Las intervenciones de la Corte no tuvieron siquiera suspenso. La segunda corregía a la primera. El estado jurídico es un tembladeral. Todas las sospechas parecen posibles. Y quien celebre que un módico cacerolazo habría inducido el cambio debería revisar su confianza en que el pueblo influye en decisiones tomadas entre bambalinas.
El derecho es un campo desconocido por la mayoría de los ciudadanos. Casi imposible opinar sobre cuestiones puntuales sin un conocimiento de leyes y procedimientos. La complejidad se acentúa porque así conviene a los poderosos y a sus gestores. En estas condiciones, el resto de los ciudadanos vivimos en un país donde cualquier cosa puede suceder, si está bien argumentada por expertos. Nunca más lejos del Estado de derecho donde, precisamente, no puede suceder cualquier cosa.
Política y Justicia han establecido relaciones carnales que van en contra de todo principio republicano. Proteger o protegerse es una finalidad bien conocida. Lo que ha sucedido en el ida y vuelta con la causa de Cristina Kirchner no prueba que la “opinión del pueblo” puede modificar equivocaciones. Prueba, más bien, que todo se mide en función de las relaciones de fuerza. Alberto Fernández, sinceramente cínico, amenazó a los jueces.
Si la política es opaca, el contubernio de Justicia y política es un pantano en el que cualquiera puede hundirse. Todo depende no del derecho sino de las amenazas y las relaciones de poder. Los ciudadanos quedan afuera de este juego. Dentro de unos meses podrán votar una fórmula FyF, o alguna de las que finalmente se decidan antes del cierre de las listas. Habría que apurarse un poco.
