Unidad Ciudadana y, Cristina Kirchner en particular, deberán sostener su campaña de cara a los comicios de octubre, en medio de las turbulencias judiciales que la complican y le recuerdan su pasado desprolijo a cada paso que da. El fiscal Gerardo Pollicita pidió indagar a la ex presidenta, al ex canciller Héctor Timerman, a Luis D’Elía y otros personajes, por el supuesto encubrimiento a los acusados iraníes de volar la AMIA. De acuerdo con la investigación que llevó adelante el fallecido fiscal Alberto Nisman, la moneda de cambio –bajo pretexto de avanzar en el esclarecimiento del hecho– fue restablecer relaciones comerciales con ese país. En tribunales dan por seguro que el juez Claudio Bonadio citará a la ex presidenta a prestar declaración indagatoria antes de los comicios del 22 de octubre.
Ese camino también lo recorrerán Amado Boudou (cuyo juicio por el caso Ciccone comenzará el 3 de octubre) y Julio De Vido (en el juicio por la tragedia de Once que tiene fecha el 27 de septiembre). En el caso de los ex funcionarios y escoltas de CFK, la corrupción y el mal desempeño pesan sobre sus espaldas. Pero en el caso AMIA, Bonadio puede elevar la acusación de encubrimiento a la de traición a la Patria.
En este marco las arenas de campaña no llegan cargadas de optimismo para Unidad Ciudadana como ocurrió en las PASO. CFK retomó las recorridas proselitistas esta semana en su propio terreno, donde más cómoda se siente. “Hay que hacer crecer la mística, la mayoría de la Provincia es kirchnerista y eso se tiene que volver a notar” –aseguró un militante que estuvo en un acto de Avellaneda–. Allí, en compañía del intendente Jorge Ferraresi, recibió algo de lo que más le gusta: proclamas de los devotos, banderas de bienvenida, clamores por la vuelta y toda la puesta en escena kirchnerista.
“Ella no come vidrio, aceptó las nuevas directivas para una campaña sobria y sin grandes alocuciones, pero una parte suya no se termina de convencer y necesita de esto. ¿Acaso a uno no le gusta sentir el afecto de los que lo rodean?” –se preguntó la misma fuente–. Por el escenario levemente adverso, según marcan los sondeos, se programó para la ex presidenta una mayor exposición con recorridas, en su mayoría por territorio amigo. Sus estrategas saben que es difícil superar su techo, pero apuestan a convencer a los indecisos de aquellos bastiones que siempre fueron suyos. Hay que sacarle todo el jugo a los propios, aseguran. Por eso las presiones sobre los acólitos de Florencio Randazzo se han redoblado por estos días. No hacía falta esperar a las denuncias del candidato de Cumplir para conocer el tenor de los ofrecimientos y las presiones que desde el kirchnerismo se despliegan para cooptarlos.
Casa Rosada. Para el Gobierno el frente judicial se mantiene ajeno a casos de corrupción resonantes, pero se encuentra en vilo por el grave hecho que representa la desaparición de Santiago Maldonado. Una fuente de Cambiemos asegura que: “Por lógica y por sentido común sabemos que es antipático hacer pronósticos electorales vinculados al tema, pero creemos que al votante de nuestro espacio –que quiere saber la verdad igual que nosotros–, no le mueve el amperímetro la politización que se está haciendo del caso”.
La voluntad de Mauricio Macri es respaldar a Patricia Bullrich todo lo que se pueda. Esto implica reconocer el imperio de los hechos. La ministra cometió errores en la forma de manejar y de comunicar el caso. La idea del Presidente es insistir en la necesidad de presentar todas las acciones que el Gobierno lleve adelante sobre el caso como producto de un trabajo en equipo.
El Gobierno en general y Macri en particular carecieron de reflejos políticos para apreciar la verdadera significación y dimensión del hecho. El Presidente debería haber hablado antes y, así como se hizo en el caso Gómez Centurión, a los cuarenta gendarmes involucrados, separarlos preventivamente de la fuerza para alejar cualquier sospecha de obstrucción a la investigación judicial.
Dicho sea de paso y por lo que se conoce hasta aquí, la investigación también deja dudas que el juez federal Guido Otranto, o alguno de los fiscales intervinientes, tendría que aclarar. Entre esas dudas, hay una que ya tiene respuesta. Es la referida a la falta de autorización por parte del magistrado para realizar un rastrillaje en el terreno situado al otro lado del río Chubut. Esa prueba, que se intentó efectuar el 5 de agosto pasado, no se pudo realizar debido a la presencia en esa área de gente armada, circunstancia que al juez le generó temor.
En el Sur. “Qué habría pasado si alguien hubiera abierto fuego sobre algún miembro de la Gendarmería y alguno de ellos hubiese respondido?”, era la pregunta que se hacían en el entorno del juez.
La actitud de Otranto luce prudente, pero falta de carácter, la situación así planteada es inquietante. ¿Significa esto reconocer que hay partes del territorio de nuestro país en donde no rigen ni las autoridades legítimas ni las leyes aprobadas por el Congreso de la Nación?
Un reconocido Fiscal de la Nación publicó en su cuenta de Facebook una crítica al desarrollo de las actuaciones que tiene sentido: “¿Hasta cuándo hay que soportar designaciones de gente comprometida con intereses que no sienten el rol de fiscal y la vocación de servicio? Si la justicia federal no puede resolver casos como el de Nisman o aclarar que pasó con Santiago Maldonado creo que es mejor que Gils Carbo renuncie”.
En medio de todo y como consecuencia de esto, los ciudadanos que habitan esas tierras –muchos de ellos mapuches que no comparten para nada la violencia con la que actúa el RAM, al que se oponen– quedan totalmente desprotegidos. ¿Es esto aceptable? Si esta lógica anacrónica y con aires tribales se impusiera, la Argentina dejaría de ser una nación.
