Kimel

El lunes de la semana anterior se cerró un ciclo en la historia del periodismo argentino. En el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky recibió a Cristina Kirchner para agradecer su participación en la ley que eliminó la pena de prisión por calumnias e injurias, espada que pesaba sobre la cabeza de todos los periodistas.

Si enviando el proyecto de ley al Congreso la Presidenta fue la facilitadora, y Verbitsky el mentor, el periodista Eduardo Kimel fue el artífice. En 1989 Kimel publicó el libro La masacre de San Patricio, donde se denunciaban las torturas y asesinatos de tres sacerdotes y dos seminaristas de la orden palotina por un grupo de tareas, en 1976, en plena dictadura militar. Uno de los denunciados, el camarista penal Guillermo Rivarola, enjuició a Kimel por calumnias e injurias, causa que Kimel perdió en 1991 en primera instancia, volvió a perder en 1995 en segunda instancia y –también dentro de la década menemista– perdió ante la Corte Suprema. Con el patrocinio del CELS, Kimel apeló a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde sí obtuvo un fallo favorable que obligaba al Estado argentino a la anulación de los efectos de la sentencia penal a Kimel y la adecuación del derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en términos de libertad de expresión.

Paradojas de la vida, Kimel no pudo participar del evento porque con sólo 57 años falleció el 11 de febrero de este año, pero sí estuvieron presentes su madre y su hija, quienes también habían recibido en su nombre el Premio Perfil especial post mortem en mayo pasado. El caso de Kimel elevó al nivel de lo ridículo la contradicción de nuestra sistema jurídico: los ex represores no eran condenados por sus crímenes pero sí lo era el periodista que los denunciaba, por calumnias e injurias.

Antes de Kimel, varios periodistas fueron condenados a penas de prisión por calumnias y/o injurias. En el pasado remoto, el célebre fundador del diario Crítica, Natalio Botana, y más cerca en el tiempo la mayoría de los directores de medios escritos críticos: Julio Ramos de Ambito Financiero, Máximo Gainza Paz del diario La Prensa, Andrés Cascioli de la revista El Periodista y Tomás Sanz de la revista Humor, entre otros. La revista La Semana tuvo dos directores condenados a prisión por calumnias e injurias: la que padeció quien fue su director en 1984 y 1985, Néstor Barreiro –actualmente profesor en los cursos de periodismo del Instituto Perfil–, por acusar a un oficial del hundido crucero General Belgrano de sacar a un marinero de un bote para salvarse él.

El otro condenado fui yo mismo, durante la dictadura militar. El querellante fue la propia Policía bonaerense, y se me condenó en 1979 a seis meses de prisión en suspenso. Ninguno de los mencionados llegamos a cumplir de forma efectiva las condenas de prisión porque, al ser menores de tres años, quedaban en suspenso; pero el condenado permanecía durante 12 años con el peso sobre sus espaldas de que cualquier otra nueva condena por calumnias o injurias sí sería de cumplimiento efectivo, al ser reincidente.

Marche preso. Una condena previa de calumnias e injurias combinada con un juicio por desacato era un caso de prisión segura. La figura de desacato era una especie de calumnias e injurias potenciada, porque quien se sentía agraviado tenía fueros especiales, ya sea porque se tratara de un juez o de un funcionario de alto rango (presidente, senadores, diputados, embajadores, entre otros), frente a los cuales el periodista ni siquiera podía oponer la posibilidad de la retractación.

El desacato fue derogado de nuestra legislación en el año 1993, también gracias a la persistencia de Verbitsky, quien había sido condenado por un artículo publicado en el diario Página/12 sobre un miembro de la Corte Suprema de los ’90.

Un ejemplo de las consecuencias que tendrá para el periodismo la despenalización de calumnias e injurias se observa en los programas de investigación que tuvo la televisión argentina hace diez años y que todos los canales terminaron levantando por las amenazas de juicio por calumnias e injurias a los periodistas que conducían o participaban de ellos. Ahora podrían volver y emular al gran programa de la cadena norteamericana CBS 60 minutos, que todos los domingos realiza tres grandes investigaciones, muchas de las cuales derivan en la renuncia de altos funcionarios.

Estados Unidos ha venido siendo precursor, tanto en lo bueno como en lo malo, en periodismo y legislación relacionada con la libertad de expresión. John Adams, el presidente que sucedió a George Washington, aprobó en 1798 una ley de sedición por la cual se penaba con prisión a quienes publicaran ataques “falsos, escandalosos y maliciosos” contra el gobierno, y diez directores de publicaciones fueron condenados por ella. La ley luego fue derogada durante la presidencia de Thomas Jefferson.

El desacato y la pena de prisión por calumnias e injurias eran figuras jurídicas tan arcaicas como la ley de sedición de Adams, pero todavía seguían vigentes en la Argentina. Gracias a Kimel, al CELS y a Horacio Verbitsky, también aquí ya son historia.