El lunes pasado, la Anses sumó las cuentas virtuales no bancarias como nuevo medio de pago a sus prestaciones.
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CEDOC
Ignacio E. Carballo
El lunes pasado, la Anses sumó las cuentas virtuales no bancarias como nuevo medio de pago a sus prestaciones. Así, con la Resolución 39/2019 publicada en el Boletín Oficial se habilita a empresas de tecnologías financieras (fintech) especializadas en pagos digitales y sus billeteras virtuales a ingresar en un segmento hasta hoy monopolizado por la banca tradicional y, sin mucho éxito, por la billetera Pim del Banco Nación.
La iniciativa debe leerse complementaria a otras como la creación de la Clave Virtual Uniforme (CVU), los códigos QR interoperables y el anuncio de la norma de Corresponsalías Bancarias que permitirá delegar la promoción y gestión de diversos productos financieros bancarios en comercios (con la particularidad en nuestro país de contemplar también el cobro de prestaciones de la Anses). Esta ola de medidas que buscan promover el uso de medios financieros digitales en Argentina (o bien desagotar el sistema financiero tradicional), nos lleva a preguntarnos hasta qué punto la normativa es suficiente por sí sola para lograr sus objetivos. Para ello, como en todo, es fundamental comprender el contexto.
Por ejemplo, según el último Informe de GSMA (2018), la adopción de servicios móviles en la región de América Latina y Caribe, continuará aumentando, hasta alcanzar a tres cuartos de la población para 2025. Para mediados de 2018, América Latina y el Caribe ya contaban con 442 millones de suscriptores únicos, cifra que representa el 68% de la población. En el caso específico de Argentina, se está cerca de la saturación del mercado con niveles del 81-83%. De hecho, en nuestro país la penetración nacional de la telefonía móvil medida como accesos por cada cien habitantes denotó un guarismo de 132,69 suscriptores según el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom, jul.-sept. 2018).
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En relación directa a esto, un estudio privado dado a conocer por la compañía SOS Móvil (cuyos datos fueron avalados por el Banco Mundial) destacó que nuestro país tiene más predisposición a usar los sistemas de telefonía más modernos que se lanzan en el mundo que a operar con el sistema bancario. Puesto a valores, mientras solo uno de cada dos argentinos tiene acceso a una cuenta bancaria, hay casi un celular y medio por persona. Si analizamos únicamente a los 16 millones de argentinos con menores recursos, solo uno de cada tres puede acceder a algún servicio financiero básico, mientras que nueve de cada diez es titular de una línea telefónica celular.
Es en este contexto que el fomento a los pagos digitales como medio para la inclusión financiera cobra sentido. Los pagos son un área donde las nuevas tecnologías e innovaciones han transformado rápidamente la disponibilidad, calidad, y asequibilidad de los servicios financieros. El rápido crecimiento del dinero móvil y de los servicios de banca móvil ha sido posible por la mencionada ubicuidad de los teléfonos móviles en la mayoría de los países. Por su parte, la evidencia indica que el uso de pagos móviles puede ayudar a racionalizar el riesgo y proteger a los individuos de los shocks económicos, permitiéndoles recibir soporte rápidamente de parte de familiares y amigos. Al igual que muchos productos de pago, el dinero móvil puede facilitar la seguridad y eficiencia de las transferencias económicas, y puede, potencialmente, proveer una vía de entrada al sistema financiero formal a los adultos desatendidos.
Sin embargo, aunque existiría una importante oportunidad en la Argentina para los medios de pago digitales, aún representa un desafío la penetración de estas formas de transacción. Por ejemplo, más allá de la proliferación de billeteras virtuales y aplicaciones de pago electrónico, los datos muestran que el 30% de las compras de comercio electrónico todavía se terminan pagando con billetes y monedas en nuestro país. La imagen se complejiza aún más en sectores y barrios más vulnerables. Según nuestra última Encuesta de Inclusión Financiera Multidimensional realizada en el Barrio 31 y 31 bis en 2018, un 76% de los adultos declaró tener un teléfono celular de tipo smartphone, pero solo el 5% lo usó para pagar servicios, enviar o recibir dinero utilizando herramientas digitales, billeteras virtuales u otra metodología de dinero móvil.
En esta línea, a fines del año pasado la CAF financió la primera encuesta de medición de capacidades financieras de la población argentina, realizada en colaboración con el Banco Central. Esta encuesta, cuya metodología fue desarrollada por la OCDE y respondieron cara a cara 1.224 personas mayores a 18 años de todos los niveles socioeconómicos, brinda datos que permiten entrever la complejidad inerte de este aspecto.
En Argentina solo ocho productos o servicios financieros son conocidos por más del 50% de la población. El cálculo de un porcentaje simple aplicado a un monto solo pudo ser correctamente resuelto por uno de cada cinco encuestados (la mitad no contestó o dijo que no sabía la respuesta a dicho cálculo). Solo el 8% contestó correctamente una pregunta sobre interés simple y de interés compuesto, variables básicas de todo servicio financiero. Efectivamente y como denota el informe, los mayores desafíos en educación financiera se encuentran en la población vulnerable de acuerdo al menor nivel socioeconómico y, principalmente, menor nivel de estudios alcanzados. También en quienes están desocupados o inactivos.
En este sentido, si la Anses busca sumar herramientas y plataformas digitales a la red que utiliza para pagar las jubilaciones y otras prestaciones como puede ser la Asignación Universal por Hijo (AUH), es necesario comprender que sin duda hará falta mejorar los indicadores de educación financiera. Pero, principalmente, será necesario contemplar las particularidades y aristas propias de cada segmento. Las variables que repelen al uso de tecnologías móviles con fines financieros en jubilados o receptores de AUH son diametralmente distintas. Ya sea por parte de las Fintech o los bancos, su estudio, análisis y consecuente adecuación de productos será un paso obligado para que la normativa alcance su objetivo.
