La Argentina se ha convertido en una referencia internacional en materia de derechos humanos. Diplomáticos, políticos, dirigentes sociales, académicos y periodistas de todo el mundo reconocen las lecciones que ha brindado la sociedad argentina para reparar el dolor producida bajo una dictadura. Una búsqueda constante de "memoria, verdad y justicia" motorizada por los organismos de derechos humanos y respaldada por la opinión pública desde el histórico Juicio a las Juntas –sólo comparable con los Juicios de Núrember, con la particularidad de que los nazis fueron juzgados por potencias vencedoras–; y el avance de los juicios contra los represores que continúan hasta la actualidad –son procesos que ya se habían iniciado en otros países, pero fue en Argentina donde más tiempo y causas se han desarollado–.
Pero desde hace un tiempo, algo está empezando a cambiar en el país emblema de los derechos humanos. Y un grupo de investigadores, docentes y alumnos de las principales universidades del país que se especializan en historia reciente lo ha advertido en un documento titulado "Frente a la banalización del terrorismo de Estado y los derechos humanos", que está circulando desde hace unos días y que ya ha conseguido el apoyo de más de mil firmas.
El texto entero se puede leer aquí.
El documento se inicia remarcando la brutalidad del genocidio implementado en la Argentina: "Eliminar la disidencia política significó la voluntad de exterminar (a través del asesinato, la desaparición, la cárcel o el exilio) toda palabra, actitud o gesto críticos sobre las desigualdades sociales existentes y que propusiera su transformación a través de diferentes vías. Las políticas de exterminio abarcaron a un amplio conjunto de activistas y militantes, y no se ciñeron a los miembros de organizaciones armadas".
"Esa política de exterminio –continua el documento– se ejecutó por medio de un plan sistemático que involucró un modo represivo (el secuestro y tortura, los asesinatos clandestinos, la desaparición forzada y la apropiación de niños y niñas) de alcances inéditos por su profundidad en la fractura y reconfiguración de los más básicos vínculos sociales. Si bien existieron grados relativos de autonomía en los modos específicos en que cada fuerza en cada región llevó a cabo las acciones represivas, resulta indudable el carácter centralizado del extenso plan represivo que asoló a la Argentina en los años dictatoriales. La violencia extrema, la deshumanización de las víctimas, la generación de un clima de terror extendido, fueron todos aspectos de un mismo dispositivo represivo que se autojustificaba en la supuesta existencia de una 'guerra sucia' o antisubversiva".
"Ese crimen no ha cesado –enfatizan los autores–, en la medida en que los represores guardaron silencio (incluso cuando las 'leyes del perdón' los eximían de persecución legal), y siguen haciéndolo, sobre el destino de centenares de niños, ahora adultos, apropiados violentamente, ni tampoco han dado informaciones relativas al paradero de los miles de asesinados y desaparecidos. Tanto la negativa a brindar informaciones o documentación, como el silencio mantenido aún hoy día por los represores, prolongan la violencia ejercida hace cuatro décadas, ya que –como en toda política de exterminio– el borramiento de sus huellas forma parte de las políticas criminales".
Es, en ese punto, cuando en el documento se advierte sobre el peligroso cambio de escenario que se evidencia en la Argentina: "Este conocimiento acumulado y probado durante varias décadas no ha dejado de recibir, desde diciembre de 2015, las más diversas formas de descalificación, negación o relativización por parte de importantes funcionarios del nuevo gobierno. A su vez, esto facilitó la emergencia de voces que a través de distintos medios defienden y reivindican el terrorismo de estado".
"El cuestionamiento de la cifra de 30.000 desaparecidos y la idea de que ese número es un mero ardid se articula con la afirmación por parte de funcionarios del gobierno en actividad acerca de la inexistencia de un plan sistemático represivo –remarcan los autores–. Es decir, estas afirmaciones no buscan convocar a la investigación académica, sino que forman parte de una estrategia destinada a relativizar el crimen y normalizar aquella experiencia histórica, de manera de diluir su especificidad y ocultar con ello las responsabilidades criminales, políticas y judiciales de sus impulsores, ejecutores y cómplices. Son las Fuerzas Armadas y de seguridad las que deben entregar esa información, y es el Estado el que debe arbitrar todos los medios para que la lista completa de asesinados y desaparecidos se torne pública".
"A ello se suma una marcada banalización del discurso sobre la historia reciente, expresado en las respuestas del presidente Macri sobre la cantidad de desaparecidos, el recurrente llamado a mirar hacia el futuro dejando atrás un pasado al que consideran un lastre, o el desprecio por la cuestión, evidenciado en frases como 'el curro de los derechos humanos' En el marco de declaraciones y gestos gubernamentales signados por la ¿ignorancia? sobre los aspectos más elementales de la historia argentina y el desinterés por su conocimiento, esta banalización busca cerrar los debates sobre el terrorismo de Estado, dejando en penumbras, entre otros factores, las responsabilidades de otros actores civiles (económicos, eclesiásticos, sindicales, intelectuales, etc.) en el proceso histórico abierto en 1976, y que aún no se han esclarecido en plenitud", concluye el documento.
Es importante leer este documento, precisamente, en medio de un debate que algunas voces pretenden instalar para reflotar la nefasta teoría de los dos demonios –sin reparar en la infinita responsabilidad del terrorismo de Estado frente a la acción guerrillera–, o se esfuerzan por cuestionar las irrefutables pruebas que permiten calificar de crímenes de lesa humanidad a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Argentina bajo la dictadura militar.
