El tema de la corrupción de los funcionarios públicos dominó la tapa de los diarios a lo largo de la década del noventa. Las librerías mostraron esos años en sus stands amplios trabajos de investigación de periodistas y ciudadanos comprometidos que mostraban, en detalle y con precisión milimétrica, quién y de qué manera se había quedado con los dineros públicos. La fatiga de la población, al respecto, más las tropelías del fin de la Convertibilidad, se expresó en una gran manifestación de bronca colectiva donde el latiguillo de la corrupción siempre estuvo presente.
Después todo pareció enfriarse, como si nada ocurriera. Sólo un grupo político (el ARI y luego la Coalición Civica) y algunos poquísimos medios (entre los que se cuenta el diario La Nación, la revista Noticias y el diario PERFIL) dieron cuenta de algunas maniobras que todavía no han tenido de-senlace definitivo en la Justicia. Que nadie termine con la acusación de “culpable” ha generado un malestar colectivo, un serio cuadro de escepticismo social, de mirada discepoliana sobre la realidad ¿En qué concluyeron todos los juicios contra funcionarios que rodearon a Carlos Menem? ¿Fueron juicios mal planteados? ¿A qué obedece la lentitud o ineficiencia de la Justicia?
Convengamos que la corrupción impera en otras partes del mundo. En Brasil, el ex-presidente José Sarney, creador en su tiempo del Mercosur con el argentino Alfonsín, carga con serias denuncias de corrupción sobre sus espaldas y le ha causado daño a Lula, de quien era aliado. Familiares de Lula han estado involucrados en actos ilícitos graves. En un país que echó al presidente Fernando Colhor de Melo por sus exacciones ilegales pero que sigue dominando la gobernabilidad nordestina pareciera que la política sale indemne, que la estabilidad de las instituciones gubernamentales no han sido dañadas.
En México, en cambio, la “mordida” oficial, en todos los estratos forma parte de la vida cotidiana y eso está llevando a visualizar una permanente complicidad de las fuerzas de seguridad y de muchos políticos con los grandes traficantes de la droga lo que se ha traducido en una alarmante desaparición del Estado como ente que regula, ordena y sanciona. No faltan intelectuales mexicanos que afirman que su patria ya no tiene destino, que ha quedado en manos de la ilegalidad. En la vereda de enfrente, en Venezuela, una clase de funcionarios ciegos y mudos y empresarios prebendarios son los que sostienen los desvaríos de Chávez, que apuesta a gobernar su país hasta la Eternidad.
Por supuesto que existe un ranking de corrupción mundial donde Argentina igual que muchos países africanos y asiáticos están en la mira. Sin embargo, el ranking se olvida de Europa. En Alemania , la empresa símbolo del poderío tecnológico germano, como Siemens, ha sido incriminada con severidad y algunos de sus ejecutivos juzgados. La “mano –pulite” en Italia llevó a la cárcel y al suicidio a empresarios especialistas en valerse del Estado y la política para cometer sus delitos. En España, los casos probados de corrupción drenan la credibilidad del Partido Popular, de oposición.
En la Suecia impoluta, ejecutivos de importantes empresas fueron llevados al banquillo de los acusados por negociados espúreos en el Africa. En Rusia, los “oligarcas” (ex-directivos comunistas de empresas millonarias), con una siniestra mafia, en alianza con ex-figurones de la KGB tienen al país en un puño. Pese a todo, el extremo norte de Europa (Noruega, Dinamarca, Finlandia) sigue ganando en estudios de moralidad pública.
En Estados Unidos, estafas como la de Enron o mentiras como las de los grandes bancos que provocaron la crisis financiera de 2007, que no ha cesado, sólo pudieron llevarse adelante o por ineficiencia o por estupidez o por complicidad de funcionarios públicos.
Según empresarios, a una inversión empresaria importante en Argentina o en otras naciones donde hay corrupción hay que agregar un costo adicional del 20 por ciento en el presupuesto. Es el costo total para colocar los cimientos de las fábricas.
*Periodista especializado en Economía.