Los días pasan y los rumores se acrecientan… Titulares en los periódicos que vaticinan la declaración de inconstitucionalidad de la reforma al Consejo de la Magistratura de la Nación, impulsada por el ex presidente Néstor Kirchner en aquel inicio del año 2006. A escasas tres semanas de las elecciones generales de medio término pero a vastos meses, incluso años, del fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal fechado hace prácticamente seis años, hay trascendidos de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expedirá en contra de la Ley 26.080.
Hay señales propias del Poder Ejecutivo que exhiben que el Presidente también está leyendo el escenario bajo un paradigma similar… No es casual que el pasado 7 de diciembre ingresara un proyecto de ley para volver a modificar la integración del Consejo de la Magistratura. Este órgano, de poca vida en la estructura gubernamental debido a que su institución fue constitucionalmente establecida luego de la reforma del año 94, ha sufrido varios intentos de alteración; tampoco que todas hayan sido propulsadas por el mismo partido de gobierno.
La iniciativa legislativa, en esta oportunidad, mejora el estado actual pero no alcanza aquel que fuera establecido por la normativa originaria que propició una situación más equilibrada en cuanto a la composición del propio organismo. La vigente norma, sancionada a mediados del mandato de Kirchner, integra al Consejo con 13 miembros: tres magistrados del Poder Judicial de la Nación, seis legisladores –cuatro de ellos oficialistas–, dos representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y otro del ámbito académico-científico. En relación con el total de consejeros, el partido de gobierno ostenta una representación del 38%, cantidad suficiente para ejercer su capacidad de veto en la votación de las ternas de concursantes y en las que inician los procedimientos de remoción. La modificatoria suma cuatro consejeros: un magistrado, dos abogados y un académico-científico; la nueva representación del oficialismo desciende poco más de 8 puntos resultando en casi un 30% del total, perdiendo esa posición hegemónica que vulneraba el precepto constitucional de “equilibrio” plasmado en su artículo 114.
La deuda pendiente todavía resulta la gran desproporción entre los actores político-partidarios: los cinco miembros del oficialismo más que duplican a los dos opositores. El proyecto de ley de Alberto Fernández, en síntesis, dejaría al Gobierno en una posición más fortalecida en términos de poder que aquella que podría canalizarse a través de un debate en el Congreso como resultado de un fallo adverso de la Corte. Es probable que en los pasillos de la Rosada hayan considerado que retroceder un paso, en definitiva, puede ser beneficioso…
*Mg. en Administración Pública & consultor en Administración Judicial.
