La hora de la verdad

Mariano Rajoy acaba de reconocer: “Tenemos que construir cada día una mayoría para la gobernabilidad”. No le será fácil. Ese es uno de los grandes desafíos de los gobiernos: poder gobernar. Pero hay otro: resolver los problemas. Esto requiere dos condiciones: decisiones correctas, consensos sociales que las respalden. Cuando las decisiones no son las correctas, aun cuando los consensos sociales las respalden, las cosas a la larga no andan bien; y las decisiones sin los consensos generalmente no alcanzan.

Gobernabilidad y políticas para construir soluciones son los dos mayores interrogantes sobre la gestión de un gobierno. Cuando el gobierno carece de mayoría propia –como es el caso de Rajoy en España– la gobernabilidad depende de la capacidad de tejer acuerdos. El gobierno de Macri este año lo ha logrado; pero las aguas están ahora más movidas. Enfrenta problemas de corto plazo y de más largo plazo. El futuro del país depende de esos dos planos.

En el largo plazo reside la mayor trampa argentina, la que Paul Samuelson definió hace 37 años como “una crisis del consenso social”. Desde 1983 hasta ahora podemos describirla detalladamente. La Argentina no despega porque no existen las condiciones para mantener políticas adecuadas de manera sostenida. Identificar los problemas no es difícil; la dificultad hasta ahora insalvable es cómo enfrentarlos y remover los obstáculos. No es un problema de los gobernantes o los dirigentes (o no es solamente un problema de ellos); la sociedad misma es parte del problema. Hoy, la confianza que la opinión pública deposita en el presidente Macri denota una voluntad de avanzar hacia un cambio. Pero eso no garantiza gobernabilidad sostenida, ni asegura que la confianza se traduzca en un respaldo amplio a las políticas que resultan imprescindibles para que la Argentina destrabe sus problemas. Aquí, como en todas partes, los cursos de acción que sigue un gobierno son resultantes de transacciones complejas entre la política, las preferencias y los obstáculos que se interponen desde el poder del que disponen los distintos actores protagónicos.

Ese es el drama crónico de la Argentina del último medio siglo. Después del fracaso del kirchnerismo, la sociedad se tomó un descanso dándole al nuevo gobierno electo en diciembre de 2015 una oportunidad. El año 2016 ha sido una burbuja en el torbellino argentino: un año en el que la sociedad decidió otorgar a un gobierno sin suficientes votos un período de gracia. El Gobierno hizo su aporte: se movió en aguas difíciles, aprovechó los remansos y comenzó a construir lentamente –en buena medida por ensayo y error– las bases de una gobernabilidad posible y los cimientos de una política viable. Pero esa burbuja no durará para siempre; es más, se sospecha que tiene fecha de vencimiento pronta, es el año electoral 2017. Entre este fin del atípico 2016 y el año próximo es posible que llegue la hora de la verdad: una cristalización en la opinión pública de un conjunto de preferencias más estables que definirán en buena medida el perfil del país en los próximos años. En esa hora crucial, el gobierno actual también estará jugando su destino: ser el iniciador de un nuevo proceso de cambio en gran escala o ser uno más en la sucesión de gobiernos que no lograron resultados perdurables.

Más allá. Los problemas de largo plazo tienen que ver con la bajísima competitividad de la economía argentina, la falta de crecimiento, la maraña de subsidios arbitrarios, enfoques tributarios inconducentes, un sistema sindical en buena medida anacrónico, corrupción generalizada –en la política, en las fuerzas de seguridad y en la Justicia–, una educación en declinación, una sociedad que fabrica pobreza y tiende a desentenderse de ella. Esa es la Argentina que debe cambiar.

Sin dudas hay lados promisorios, más allá de la política. La Argentina es una sociedad con muchas facetas y algunas de ellas son indicativas de las potencialidades del país. La competitividad de nuestras agroindustrias es la más obvia. Aunque en una menor escala, hoy la Argentina está exportando no sólo productos primarios, sino también tecnología nuclear. La potencialidad de muchas pymes es alentadora. Se está incorporando a la agenda pública un esfuerzo sostenido por estimular la creatividad tecnológica de los jóvenes, por urbanizar villas miseria, por impulsar algunas industrias que generan un alto valor agregado. La educación no está bien, pero proliferan en todo el país iniciativas innovadoras, a menudo espontáneas, que pueden ser las semillas de un cambio.

Mientras tanto, el partido se sigue jugando en la arena de la política. Está claro que el Gobierno necesita negociar continuamente con distintos sectores, aliados u opositores. Unos y otros, según la perspectiva desde donde se mire, imponen costos políticos y también demarcan la cancha, restringen los espacios de acción. Lo hacen ya sea para forzar una mayor prolijidad institucional, ya para lograr ventajas de corto plazo, muchas veces con objetivos electorales en la mira. Es el juego de la política, un juego que, como sabemos, está cansando a los votantes en muchas partes del mundo.

Por otro lado, el terreno ya no está sembrado solamente de ideas que confrontan entre ellas. Hay analistas que se preguntan si el de Macri es un gobierno de “derecha” o “progresista”, “neoliberal” o alguna otra cosa. A la mayor parte de la gente no le importa. Ya pocos se identifican con esas etiquetas; no dejaron de votar a Menem porque era “neoliberal” ni a los Kirchner porque eran “populistas” y hoy pueden no dejar de votar a Macri por alguna razón de ese tipo. La lucha ideológica ya no motiva a los ciudadanos. El gobierno de Macri ha traído consigo tres cosas que la sociedad hoy aprecia: un clima de libertades públicas, una promesa de mayor transparencia y prolijidad institucional, una oportunidad para resolver problemas persistentes de la Argentina. Si el Gobierno encuentra la fórmula para introducir cambios sostenibles en esos frentes se convertirá en el iniciador de un nuevo ciclo. Si no puede hacerlo, muchas cosas seguirían igual.