Crisis cambiaria, financiera y de deuda. Son los amargos condimentos que definen los días que vivimos los argentinos. No es, por supuesto, algo súbito. La crisis fue engendrada por el gobierno de Macri desde el comienzo de su gestión. Sus decisiones de política económica configuraron un modelo insostenible basado en la especulación (ayer la tasa de referencia fue llevada al 83% por el Banco Central), la fuga (la formación neta de activos externos acumula, durante la gestión Cambiemos, unos US$ 75 mil millones) y el endeudamiento (la deuda ya traspasó el umbral del 100% del PBI, mientras la deuda en moneda extranjera con privados y el FMI supera el 250% de nuestras exportaciones).
Cuando Macri asumió desreguló violentamente el mercado cambiario y la entrada y salida de capitales especulativos, liberó a los exportadores de la obligación de liquidar las divisas en el mercado local y abrió unilateralmente las importaciones, mientras las exportaciones permanecieron estancadas durante su gestión. El brutal déficit externo que provocaron esas políticas fue compensado con un endeudamiento, como fue advertido hasta el hartazgo, insustentable.
En sus primeros años de gestión, Macri, que había recibido una economía desendeudada, agotó los grados de libertad que ese mérito de la gestión anterior le había heredado. A principios de 2018, los acreedores externos reconocieron la insustentabilidad de la deuda argentina y los mercados se cerraron para el país. Para entonces, el Gobierno no tenía, en el marco del insostenible modelo que había instaurado, manera de afrontar el programa financiero de 2018 y 2019. El blindaje por más de US$ 57 mil millones que el FMI le otorgó a Macri (con 90% de los desembolsos durante su gestión), enmascaró el default al que nos conducía.
Los enormes desequilibrios externos se fueron agigantando ante la mirada indiferente de un gobierno que no tomó una sola medida para corregirlos.
Mientras cada devaluación (el viernes el dólar cerró en $ 62) sumó 5 millones de argentinos a la pobreza, agudizó la –otra vez, desde 2016– creciente desigualdad, selló el cierre de más empresas y sumó a más trabajadores a las filas de la desocupación (10,1%), en combinación con una política de feroz ajuste fiscal y monetario celebrado por el mismo FMI que violó su estatuto para permitir la dilapidación de las divisas (acumuladas en base a deuda) para financiar la venta de dólares que, en lo que va de 2019, consumió la totalidad de los desembolsos pactados con el FMI. Solo en agosto el BCRA perdió US$ 13.793 millones.
El anuncio, disfrazado de reperfilamiento, de esta semana, que incluyó el canje compulsivo de títulos de corto plazo en manos de bancos, fondos comunes de inversión y empresas, jaqueando las cadenas de pago en muchos sectores que contaban con esos recursos a su vencimiento para afrontar gastos corrientes, fue el corolario de todo lo anterior. Por supuesto, el camuflaje no pasó desapercibido para las calificadoras, y tanto S&P como Fitch no tardaron en calificar a la deuda argentina en default, otra vez. No obstante, el Gobierno tenía otras opciones para evitar el incumplimiento de los contratos, así como un –todavía– considerable nivel de reservas. Quedará, por caso, como materia de estudio para la historia económica el default de títulos en moneda local. Y, más allá de la sorprendente decisión del Gobierno, los graves problemas estructurales que generó permanecen intactos.
Llama la atención, en ese marco, que el Presidente, que pide responsabilidad a los argentinos a través de sus redes, no aplique de manera efectiva la responsabilidad que le compete hasta el 10 de diciembre de este año –la máxima, entre todas, como presidente de la Nación– adoptando decisiones para ponerle un piso a la crisis del sector externo de la economía y, más aún, para atender los problemas que reclaman respuestas urgentes. En ese sentido, desde la oposición, trabajamos, “desde nuestro lugar”, como reclamó el Presidente, en la elaboración de propuestas para dar respuestas, como prioridad, al drama social que afecta a nuestro pueblo. La emergencia alimentaria (ya a fines de 2018, según la ONU, 14 millones de argentinos no podían asegurar su alimentación), la emergencia laboral (los datos de junio mostraron la destrucción de más de 170 mil empleos registrados y un nuevo retroceso en los salarios reales, de 9,6% para los registrados y 14,1% para los no registrados) o la emergencia pyme (cincuenta empresas por día bajan sus persianas), son algunas de las iniciativas que podrían amortiguar la catástrofe social. En esto, el Presidente podría ayudar, autorizando al oficialismo parlamentario a poner en funcionamiento las comisiones para tratar estas propuestas y abriendo el recinto de sesiones para que los argentinos cuenten con herramientas para afrontar la crisis que su política generó.
*Diputada nacional y economista.
