El proyecto oficial sobre los medios audiovisuales va a ser aprobado, seguramente, por un Congreso que no es representativo de la opinión popular expresada en los comicios del 28 de junio.
Si la oposición espera hasta diciembre para derogar la iniciativa, pierde el rumbo adecuado porque una futura ley derogatoria será vetada por la Presidenta, según ya lo han anticipado los voceros del Gobierno.
En cambio, si los bloques opositores, que serán mayoritarios en diciembre, declaran que no aceptan votar esta ley y se reservan el derecho de nulificarla en diciembre, la cosa cambia en forma sustancial.
Argumentos para tachar de nula esa ley abundan: es manifiestamente inoportuna, tiende a constituir un Estado autoritario por el lugar donde permanece la autoridad de aplicación y, por sobre todo, la sanciona un Congreso que no sólo no es representativo sino que contradice la voluntad recientemente expresada por el pueblo.
Se sabe que éste no gobierna sino a través de sus representantes, pero la pregunta es cuáles representantes: los que se van el 10 de diciembre o los que vienen con un mandato recientemente otorgado.
Que haya dos Congresos durante medio año es un despropósito engendrado por este gobierno, que llamó a elecciones anticipadas por estrictas razones de política.
Se dirá que el Poder Ejecutivo también puede vetar la ley que declare la nulidad del proyecto oficial. Eso es cierto, pero quienes se vean afectados pueden plantear un conflicto de poderes, y la cuestión pasaría entonces a la Corte Suprema.
En otros términos, el proyecto K quedaría diluido en el tiempo, y, lo más importante, los empresarios que esperan sacar tajada de estos proyectos en vez de consultar a sus abogados comercialistas o administativistas empezarán a hacerlo con los penalistas.
En definitiva, buscarán otras inversiones, tal vez menos rentables, pero más seguras desde el punto de vista jurídico y también político, dado la proximidad del recambio de legisladores.
*Abogado.
