Los descubrimientos tardíos serán la regla de los cambios de política que caracterizarán el fin de este ciclo. Y no sólo en la política económica. Los giros en la política de seguridad, en el combate a los narconegocios o en la regulación de los piquetes parecen ser una buena muestra “extraeconómica”. Estas modificaciones se presentan no exentas de contradicciones. Entre la política de seguridad y el proyecto de reforma al Código Penal. Entre el combate a los narconegocios y la prórroga del blanqueo de ingreso de dólares y la falta de una coherente política de control migratorio.
Es probable que estas contradicciones surjan del conflicto entre la ideología del núcleo duro de apoyo al Gobierno y la necesidad del Gobierno de llegar al fin de su mandato con mayores simpatías sociales que las actuales, de manera de permitirle un “post poder” con cierta tranquilidad.
En materia económica, esta semana les tocó el turno a los impuestos al trabajo. Después de años de insistir por otro camino, el Gobierno descubrió que existe una relación no menor entre el peso de estos impuestos y el empleo no registrado. Los elevados impuestos al trabajo, combinados con la falta de actualización del mínimo no imponible de Ganancias, han generado una enorme brecha entre el costo laboral para un empleador y el salario de bolsillo de un trabajador. Cuanto más grande es esa brecha, mayor el incentivo para que los trabajadores acepten no estar registrados, o pagos parciales en negro, y para que los
empleadores corran el riesgo de evadir.
Es tan onerosa la brecha que el propio Gobierno paga remuneraciones eludiendo esos cargos a la seguridad social. La situación es todavía más distorsiva en contextos de alta inflación y dada la forma en que se calcula el monto de la jubilación a la que accede un trabajador en edad de retiro: para determinar ese monto valen mucho más los aportes realizados en los últimos años de actividad, mientras que respecto de los años necesarios para recibir el “beneficio” reaparecen sistemáticamente esquemas que permiten acceder a una jubilación sin haber realizado la totalidad de los aportes previos o “blanqueos” de aportes para los empleadores.
El empleo privado está estancado desde hace años porque la relación entre crecimiento de la economía, costo laboral y productividad del trabajo ha evolucionado en contra de la creación de nuevos empleos. Reducir el costo laboral ayuda en entornos de crecimiento donde el empleador querría tener más trabajadores, pero la ganancia adicional que obtendría resulta inferior a los costos laborales a pagar. En ese caso, una baja de los costos laborales podría incentivar un aumento del empleo. En contextos como el actual, una baja marginal de los costos laborales no modifica el escenario. Si incorporar nuevo empleo no genera mayores ingresos, aunque esa incorporación sea más barata, no cambia nada.
Para evitar un aumento del desempleo y generar condiciones para una recuperación del empleo en el futuro sería necesaria una baja de impuestos al trabajo en sentido amplio, para todos los trabajadores y todos los empleadores, no sólo para los nuevos. De manera de restablecer el equilibrio entre el costo laboral y la productividad del trabajo, mejorando, implícitamente, el tipo de cambio real. Es decir, reducir genuinamente el costo laboral, sin recurrir a la estafa de la inflación y la devaluación. Para ello, en un panorama de déficit fiscal creciente y récord de presión tributaria se impone reducir otros gastos.
