Ahora que el dólar blue no es noticia, los medios aparecen con lo del narcotráfico”, dijo sin que se le moviera un pelo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el viernes pasado en su habitual conferencia de prensa. Como ya ha sucedido con otras afirmaciones suyas, nada pudo haber sido más alejado de la realidad: primero porque el dólar blue sigue siendo noticia –el último día de la semana repuntó unos 25 centavos– y segundo porque, lamentablemente, el narcotráfico hace tiempo que viene nutriendo la crónica delictiva de nuestro país.
El asesinato de Carlos César Gutiérrez Camacho en la soleada mañana del martes mientras paseaba en bicicleta por los bosques de Palermo, es un paso más en una escalada de violencia entre integrantes de bandas que se han afincado en nuestro territorio con una alarmante facilidad. Los datos aportados por la Justicia de Colombia, señalan que Gutiérrez era un sicario perteneciente a uno de los carteles nacidos en aquel país y que han extendido sus operaciones a la Argentina. Es inquietante observar la falta de información que las fuerzas de seguridad tenían acerca de la presencia de Gutiérrez Camacho. ¿Dónde estuvieron, pues, los servicios de inteligencia? ¿Cómo es posible que estos individuos entren y salgan del país con total comodidad e impunidad? ¿Quién está a cargo de controlar eso? ¿Cuál es la noción acerca de la verdadera dimensión del problema que tiene el Gobierno?
En el discurso de fuerte contenido político que el jueves pasado pronunció el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dio una definición importante: “El narcotráfico amenaza el Estado democrático de Derecho”. Esa es la moraleja que dejan las experiencias traumáticas de aquellos países en los que el narcotráfico se ha enseñoreado con un poder sin límites. En esos lugares, los cárteles se apropian de porciones de territorio en las que establecen zonas liberadas en donde imponen sus propias reglas, absolutamente al margen de lo que marcan las leyes y las instituciones encargadas de hacerlas cumplir. La Argentina exhibe un alto grado de vulnerabilidad frente a este flagelo que basa su poder en las sumas fabulosas de dinero que genera y por medio de las que tiene la potencialidad de corromper cuanto encuentra a su paso: gobierno, partido político, fuerzas de seguridad y Justicia, los que se terminan transformando en aliados imprescindibles para este negocio que no para de crecer en todo el mundo. A modo de muestra recordemos los resonantes casos de corrupción policial en las provincias de Santa Fe y Córdoba. ¿Qué estaban haciendo las dirigencias políticas en esos lugares que permitieron la generación de un entramado que operó con una planificación precisa, evidente a los ojos de muchos ciudadanos del común que, en muchos casos, debieron luchar en soledad para protegerse cada vez que tomaron la valiente decisión de denunciar lo que veían y lo que sabían?
La misma pregunta vale para buena parte de esa misma dirigencia que, tomada de sorpresa por la astucia de Sergio Massa que fue el único jefe partidario que se ocupó del tema y captó que el anteproyecto de reforma del Código Penal no estaba en sintonía con el impacto que la inseguridad tiene en la vida de la gente, hecho que terminó condenándolo a dormir el sueño de los justos. Lo sucedido con esta iniciativa ha demostrado la disociación que existe en el seno de la mayoría de las estructuras políticas – esa miscelánea de partidos y coaliciones volubles que pueblan el escenario político vernáculo– y que le quitan solidez y credibilidad. Todos los que hasta ayer lo apoyaban el anteproyecto hoy lo rechazan. ¡Poco serio!
La reunión de la Presidenta con la cúpula de la Unión Industrial Argentina tomó de sorpresa a los empresarios que, a su término, salieron de Olivos de buen ánimo. “El clima de la conversación fue bueno. La Presidenta estuvo cordial”, señaló uno de los empresarios que asistió al encuentro.
Cristina Fernández de Kirchner hizo hincapié en tres puntos: los Precios Cuidados, la cadena de valor y las negociaciones paritarias.
Sobre los Precios Cuidados, la jefa de Estado subrayó que esa es la herramienta más importante que el Gobierno tiene para combatir la inflación. No hubo manera de convencerla de lo equivocado de su postura. Sobre la cadena de valor, la Presidenta les atribuyó a los industriales su condición de formadores de precios, aspecto sobre el que tampoco hubo acuerdo. Finalmente, al hablar acerca de las próximas negociaciones paritarias, Cristina Fernández de Kirchner les dijo: “si ustedes quieren conceder aumentos de salarios del 50%, háganlo, pero sepan que nosotros no les vamos a permitir que luego los trasladen a precios”.
Uno de los más sorprendidos por la reunión y su tono franco pero cordial, debe haber sido, sin duda, el presidente de la UIA, Héctor Méndez. Méndez viene siendo objeto de una verdadera persecución por parte del Gobierno originada en la decisión del empresario de no callar sus críticas referidas a la actual situación de la economía y a la serie de malas medidas adoptadas por la Presidenta a instancias de Guillermo Moreno antes y por Axel Kicillof ahora. Como consecuencia de esta verdadera operación extorsiva, Méndez se vio forzado a vender su participación en algunas de las diferentes empresas de las cuales era accionista, a fin de no perjudicarlas y no poner en riesgo a sus directivos y a sus trabajadores. “Todo este accionar perverso –que fue publicado en primicia por Marcelo Bonelli en su columna de Clarín del viernes pasado– es absolutamente cierto”, confirmaron desde el entorno de Méndez. Así es el kirchnerismo.
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
