Es bienvenida toda iniciativa tendiente a mejorar la calidad del periodismo, de quienes ejercemos este oficio y de los medios que sirven de vínculo entre la información y el público. Por ello, la reciente difusión de un documento de la Academia Nacional de Periodismo (ANP) con veinte recomendaciones para quienes se inician en la profesión puede contribuir a hacerla más confiable, respetuosa de los valores éticos y del buen manejo de la noticia. Lo que venimos leyendo, viendo y escuchando en medios argentinos –parte de ellos integrantes de empresas de comunicación de primera línea– se ha alejado de buena parte de los preceptos contemplados en el documento de la ANP. Cabe suponer que quienes los dirigen interpreten adecuadamente el contenido del trabajo, apliquen a rajatabla sus veinte definiciones y transmitan a los comunicadores que no vale todo en este oficio. Si se pone coto a tanto improperio, tanto insulto, tanta información falsa, sesgada o parcial, tanto ataque a quien piensa diferente del emisor, tendremos un mejor periodismo.
En algunos sectores surgió nuevamente la idea de enjuiciar a quienes no cumplen con los requerimientos básicos de la profesión. Este ombudsman quiere dejar claro su oposición a tal iniciativa, cuya aplicación en algunos países solo sirvió para poner bozal a cientos de periodistas, a encarcelar a muchos de ellos e incluso a atentar contra sus vidas. El caso de Julian Assange, aún irresuelto y con su protagonista en situación de deterioro físico que pone en riesgo su vida, es tal vez el más difundido en estos días.
Por cierto, no se trata de hacer una ciega defensa corporativa de los periodistas, aun de aquellos que violan reglas básicas del oficio. En un reciente trabajo, la abogada Catalina Botero Marino, especialista en Derecho Constitucional y exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reflexionó respecto de la inconveniencia de las iniciativas que buscan combatir el mal periodismo mediante la creación de tribunales de ética periodística, o juicios penales contra periodistas: “La desconfianza producida por el mal periodismo es caldo de cultivo perfecto para que los gobiernos autoritarios acaben con las garantías para el periodismo serio y riguroso que tanto los incomoda. (…) La pregunta que surge entonces es cómo enfrentar el mal periodismo. Hay quienes creen que resulta indispensable judicializarlo penal o civilmente. Sin embargo, el remedio en estos casos puede ser peor que la enfermedad”.
En línea con tal pensamiento, un recordado maestro del periodismo y uno de los mayores referentes de la deontología en esta profesión, Javier Darío Restrepo, puntualizaba: “La ética de la profesión no puede urgirse ni vigilarse a través de tribunales. El tribunal es una entidad al servicio de lo jurídico que puede sancionar el incumplimiento de las leyes o declarar la inocencia de quien las ha incumplido y ha sido acusado”. El consultorio ético de la Fundación Gabo, que Restrepo creó y dirigió hasta su muerte en 2019, formulaba preguntas más que respuestas: “¿Enjuiciar periodistas pone fin al mal periodismo? ¿Por qué los tribunales de ética periodística son una mala idea? ¿Por qué la idea de crear tribunales que se especialicen en enjuiciar periodistas vuelve tan recurrentemente? Además de exigir una rectificación, ¿qué otras formas de sanción son válidas cuando un periodista ha hecho mal su trabajo? ¿Cómo manejar las demandas por difamación, tan frecuentes hoy en día para silenciar periodistas?”.
Es mejor analizar buenas preguntas, hallar respuestas y defenderlas que poner el tema en la balanza de la Justicia.
