Pienso en muchos de mis colegas que dicen lo que no piensan, y en otros, que lo que piensan no lo dicen. Es asombroso escuchar a algunos que hasta hace veinte días apoyaban con entusiasmo la política de metas de inflación y otros que callaban, aceptando que la del BC era la única estrategia posible, mostrar ahora su indignación por el déficit externo y la política monetaria-cambiaria.
Permítanme recordar que, en una nota del 26 de noviembre de 2016, en esta misma columna (Recrear un modelo virtuoso), a propósito de una polémica por unas declaraciones del ex ministro Lavagna, alertaba: “Se está configurando un esquema que lleva, en el mejor de los casos, a inversión en no transables y en el núcleo agroexportador y minero con ventajas comparativas y, además, nos deja más expuestos al cambiante contexto financiero internacional, en momentos de alta incertidumbre. De la dinámica que se plantea, preocupa que los procesos de gran atraso cambiario, altas tasas de interés y sobreendeudamiento no registran antecedentes de aterrizaje suave”.
Tipo de cambio y sector externo. El tipo de cambio (TC) estaba artificialmente atrasado por varios motivos. Ante todo, no era la consecuencia de inversiones externas genuinas ni de un boom de exportaciones sino producto de capitales especulativos de corto plazo y deuda externa. Esto explica los vasos comunicantes entre el déficit fiscal y el externo: el déficit fiscal se financió con emisión de deuda externa que generó un exceso de oferta grande de dólares. Pero, además, el BC adosó una política de flotación cambiaria asimétrica, que implicaba la disposición a intervenir solo en una dirección: el TC solo podía bajar. Cuando el mercado libre intentaba tirar el TC hacia arriba para corregir la distorsión, la autoridad monetaria lo bajaba a golpe de reservas.
El único elemento antiinflacionario era el ancla cambiaria. El BC actuaba de este modo porque, aunque no lo explicitara, pensaba con un modelo de inflación de costos, en el que la devaluación genera impacto sobre los precios. Por eso, dado que ya se echaba bastante combustible al fuego inflacionario con el impacto que generaba la actualización de tarifas y los reacomodamientos de combustibles, intentaba mantener planchada la cotización del dólar y con ello el precio de los bienes transables. Lo que se le daba a los servicios con la actualización tarifaria, se le negaba a la industria con el TC irreal.
Esta política se combinó con altas tasas de interés, nominales y reales, que el BC aplica para que los agentes económicos se queden en las Lebacs y no se vayan al dólar barato. De este modo, sostener la demanda de pesos se hizo cada vez más costoso, porque no solo debía ser positiva en términos de la inflación esperada sino también en términos de la tasa de devaluación esperada. Al mantener el TC planchado, el BC alimentaba las expectativas de devaluación e incrementaba la tasa de las Lebacs. Sin embargo, se dio un fenómeno curioso: a pesar del crecimiento inmenso del stock de Lebacs, la dolarización de las carteras de los agentes, la fuga de capitales, fue récord durante estos años.
¿Y la producción de bienes transables, en particular la industria y las economías regionales, cómo quedaba en este esquema? Mal, pero a casi ningún economista parecía preocuparle demasiado. La política monetaria-cambiaria, aparte de otros factores como la recesión de Brasil, dificultó el despegue de las exportaciones de bienes industriales, porque el atraso cambiario actúa como un impuesto a éstas y un subsidio a las importaciones. Por eso, los sectores que compiten con importaciones en el mercado interno veían afectada su competitividad. Por otro lado, las altas tasas de interés y la restricción de financiamiento, encarece el financiamiento del capital de trabajo de las empresas, en particular las Pymes.
Apoyo a la producción. Las consecuencias de este esquema fueron un déficit en la cuenta corriente más un déficit en la cuenta capital de la balanza de pagos del 10% del PIB, aproximadamente. El mercado internacional anunció que le parece excesivo y no está a dispuesto a seguir financiándolo como hasta ahora. Por eso la Argentina recurre al FMI y estudia introducir cambios en su política económica.
El mnistro de Hacienda, que finalmente centraliza y coordina las decisiones económicas, debería anunciar lo antes posible una nueva política económica que sirva para mostrar el cambio y recrear expectativas. El paquete de medidas debería considerar algunos principios básicos:
◆ La política monetaria debe partir de una visión más holística que tenga en cuenta principalmente la competitividad de la economía, además del nivel de actividad. Un TCR alto y sostenible a lo largo del tiempo debe ser uno de los objetivos prioritarios de dicha política y debe ser anunciado para que traccione la inversión. La reimplantación de retenciones a las exportaciones de commodities ayudará a cerrar la brecha fiscal y externa (calzando ingresos en dólares con el pago de intereses de la deuda del sector público) y sostener un TCR más competitivo para sectores de menor productividad relativa.
◆ La reducción de la carga impositiva del gasoil para abaratar el costo del flete y de la energía para la industria para generar un shock de competitividad.
◆ Política integral de ingreso, algún tipo de acuerdo de precios y salarios, para bajar las expectativas y la inercia inflacionaria y evitar que el traspaso a precios licue la competitividad cambiaria.
◆ Si es necesario recurrir a instrumentos más heterodoxos como un impuesto al turismo y, en cualquier caso, practicar una administración del comercio exterior, selectiva e inteligente, que implique reducir el gasto de divisas en bienes que se producen localmente, utilizando el sistema actual de licencias no automáticas.
◆ Desactivar la trampa en la que las Lebacs ha colocado a la economía, utilizando mecanismos voluntarios de canje por títulos a más largo plazo, que permitan volver a tasas de interés compatibles con la producción. Restituir de inmediato la línea de financiamiento para la producción MiPyme que el BC había impulsado, en el pasado, a través de los bancos privados y que, incomprensiblemente, desactivó este año. Es urgente proveer liquidez a las Pymes para su capital de trabajo y evitar la ruptura de la cadena de pagos.
