La muerte del fiscal Alberto Nisman provocó el debate acerca de los oscuros contubernios entre el poder y los servicios de inteligencia. En ese marco, el Gobierno aprovechó la oportunidad para reformar la estructura del sistema de espionaje, y de hecho el proyecto que fue presentado en el Senado podría obtener media sanción el miércoles próximo, a menos de dos semanas de haber ingresado al Congreso.
La reforma de la estructura de Inteligencia resulta crucial para fortalecer la democracia, pero vale preguntarse qué ventajas y desventajas derivan del proyecto. En este sentido, para garantizar el funcionamiento diáfano de un sistema cuya característica predominante es el secreto, es clave desarrollar órganos de control y mecanismos que actúen como pesos y contrapesos. Desde esa perspectiva, es una buena noticia que para el nombramiento de las autoridades de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se requerirá el acuerdo del Senado. Empero, tampoco puede soslayarse que el sesgo mayoritario propio de la Cámara alta hará muy probable que el acuerdo sea casi automático, por lo que la condición de una mayoría calificada sería más adecuada.
Por su parte, el traspaso de la Dirección de Observaciones Judiciales, abocada a las interceptaciones telefónicas, desde la Secretaría de Inteligencia (SI) al Ministerio Público es un avance en consonancia con el nuevo Código Procesal Penal de índole acusatoria. Por supuesto, el respaldo irrestricto a la separación de poderes será primordial para un funcionamiento apropiado.
Con respecto a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, su rol debería ser mucho más preponderante y no hubiese sido descabellado que el proyecto se ocupara de garantizar una mayoría opositora en su conformación para que las acciones de contralor sean mayores.
También debe mencionarse que el actual Sistema de Inteligencia Nacional cuenta con dos subsistemas principales: el de inteligencia criminal y el de inteligencia estratégica militar. Si bien en la confusa redacción del proyecto del Ejecutivo podía interpretarse una preocupante intención de autonomizar la inteligencia militar, los cambios realizados al texto esfumaron las dudas. Sin embargo, la iniciativa sigue planteando la transferencia de las competencias vinculadas a delitos complejos de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, a la nueva AFI, que desarrollará tareas operativas y producirá inteligencia criminal por su cuenta.
La SI probablemente sea uno de los espacios con menos transparencia en la democracia. Por ende, lo más adecuado es tender a la disminución de las facultades de un organismo tan cuestionado y a la profesionalización de su personal, y no al aumento de sus capacidades.
Aristóteles dijo que la inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de implementarlo en la práctica. Más allá de su referencia a las facultades personales, la máxima parece también aplicarse a la inteligencia de Estado. Si bien la reforma normativa es necesaria, se tornará vana si no se ve acompañada de una puesta en práctica responsable, comprometida y eficiente. Por ello se torna central el desarrollo de un debate que haga que la nueva norma sea producto del consenso político para garantizar que la afectación de intereses de quienes hace décadas mueven los hilos de la inteligencia de manera irregular no ocasione el desencadenamiento de sucesos desafortunados.
En nuestra historia la tensión entre Inteligencia y derechos humanos es una constante. En la coyuntura actual, se plasma una oportunidad inigualable para dar un paso trascendental en el desmantelamiento de esa situación y forjar una Inteligencia baluarte de la institucionalidad democrática. Las próximas semanas nos harán testigos de su aprovechamiento o –tristemente– de su aciago desperdicio.
*Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Andrés.
