Desde hace unos días el tema se reavivó ante la niña wichi de 13 años embarazada que llegó al Hospital de Tartagal procedente de Pacará, un pueblo del interior del departamento de General José de San Martin de Salta. La niña convivía con un adolescente de esa comunidad de 16-17 años y quedo embarazada. Ante complicaciones consultó en un servicio de salud de la zona y fue derivada al Hospital de Tartagal donde llega con un embarazo avanzado y un cuadro de eclampsia que le provoca convulsiones que hacen que caiga de la camilla y pierda el embarazo. Finalmente, la niña muere. Estos hechos generaron que el Ministerio Público Fiscal de Salta iniciara de oficio una actuación en función del supuesto abuso sexual sufrido por la niña. La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal intervino y se inició una investigación penal orientada a determinar si hubo abuso sexual por parte del adolescente que convivía con la niña.
Aquí radica uno de los puntos claves de la disidencia entre el enfoque teórico de las consideraciones sobre el embarazo en menores de 15 años que se interrelaciona con las del matrimonio o convivencia de niñas, especialmente menores de 15 años. Se reconoce universalmente que una niña menor de 15 anos no tiene capacidad de decidir o consentir una relación sexual y por ende todo embarazo a esa edad se considera producto de un abuso sexual, un delito que debe denunciarse e investigarse. Por eso la intervención del Ministerio Público Fiscal de la provincia. Sin embargo, las mujeres y comunidades indígenas luchan y reclaman que se las escuche frente a la convivencia y/o matrimonio infantil, frecuente en comunidades indígenas en nuestro país, considerada también un delito porque se aplica la incapacidad de la niña de decidir la convivencia, o sea es forzada y le genera problemas como el embarazo precoz y otros.
¿Qué dicen las mujeres de esas comunidades? En un estudio que FEIM –Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer– está haciendo sobre el tema habla con esas mujeres que indican que la convivencia entre adolescentes existe en sus comunidades y aumentó en los últimos años; las niñas están alejadas de los centros urbanos y carecen de escuelas, lo que las obliga a recorrer largas distancias para continuar estudiando, y en esas escuelas falta educación sexual integral. Los servicios de salud no llegan a les niñes y adolescentes, ni a las mujeres, cuando no hablan la lengua de la comunidad, entonces no saben cómo cuidarse para evitar embarazos y prevenir el VIH /sida, ni tienen acceso a métodos de prevención.
En este caso claramente dicen que esto no es un abuso sexual, la convivencia se daba en una relación entre los adolescentes aceptada y consentida por ambos y sus familias. Objetan que no se “ven las diferencias, se hace recaer la culpa sobre el adolescente varón de la comunidad y el Estado, a través del gobierno local, provincial y nacional, no asume su ausencia que deja desprotegidos a les adolescentes de estas comunidades, por falta de acceso a la educación y a la educación sexual integral y de servicios de salud sexual y reproductiva accesibles e interculturales.
Una líder del pueblo wichi, Octorina Zamora, reclamó en un diario provincial políticas de prevención como la ESI y aseguró que la niña no fue abusada y las familias necesitan respeto. Agregó: “Los chicos estaban de acuerdo en ser padres y sus familias los acompañaban. Todo el tiempo nos quieren estigmatizar, si una niña wichi está embarazada es porque un adulto la violó, pero en este caso era un adolescente”. Octorina hace años rechazó el motivo cultural como justificación de una niña embarazada abusada por su padrastro. Si bien se debe investigar no se debe avasallar el derecho de les adolescentes a la maternidad y la convivencia. Estas son las diferencias que debemos respetar.
