La inflación, ese eje en torno al cual la economía argentina se desenvuelve desde hace unos setenta años –salvo en los años de la convertibilidad–, ha vuelto a instalarse como la variable central de la política económica. Y ha logrado desplazar al dólar, lo que no es poco. El escenario de 2019 parece plantear cierta estabilidad del tipo de cambio, tanto por la oferta derivada del acuerdo con el FMI como por la necesidad de liquidación de buena parte de la cosecha gruesa récord, para pagar la siembra y generar liquidez en un sector que no la tuvo el año pasado.
A contramano, la inflación promete ser más difícil de controlar. Entre 2010 y 2017 la inflación minorista promedió 24% anual, pero en el bienio 2018-2019 parece encaminarse a un nivel de entre el 47,6% de 2018 y un valor por ahora algo inferior o similar a este en 2019. Es decir que la economía abriría 2020 acomodada a una inflación del orden del 50% anual. Esto ya es alta inflación, imposible de ser controlada con la política monetaria muy contractiva impulsada por el FMI, tal su receta histórica. Este diagnóstico desconoce desde siempre la existencia de la inflación estructural, donde la presión de costos y la inercia inflacionaria se potencian, aun en estancamiento o recesión, generando estanflación y, en general, alta inflación.
Las medidas anunciadas por el Ejecutivo buscan poner precios máximos a 64 productos de la canasta básica, detener las subas de algunas tarifas y otorgar créditos a sectores de pocos recursos, entre otras, con el objetivo de recomponer el consumo y paliar, en parte, el efecto de la inflación de alimentos sobre la pobreza, hecho esto último que seguramente se logre.
Detener la inflación parece más exigente. Cuando la inflación es estructural, en recesión, los precios siguen subiendo porque las ventas caen, la rentabilidad empresaria desciende y la remarcación de precios es necesaria para no seguir perdiendo ingresos, porque el proceso además incluye subas de costos, como serían en este caso las naftas y el gasoil, o el agua, y el impacto de las paritarias, que casi no han comenzado, salvo en el caso de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que además tienen un ajuste de recomposición salarial de parte de la inflación de 2018. A esto se sumará la dinámica de la inflación núcleo, la de los servicios privados, como la medicina y la educación privada, por ejemplo. Todo esto se encuentra lejos del diagnóstico del FMI, para el cual la inflación es de origen monetario y fiscal.
Los grados de libertad de la política económica son más limitados en cualquier país del mundo en un año electoral. Y el objetivo de la política económica es la coordinación de expectativas: que los agentes económicos, consumidores, trabajadores, empresarios, etc., crean que los anuncios sirven y actúen en consecuencia.
En este sentido, como 2020 abrirá con una suba del nivel general de precios del orden del 50% anual, parece imprescindible implementar por entonces un programa antiinflacionario y desindexatorio de la economía, del estilo del Plan Austral o de la convertibilidad, con mucha imaginación macroeconómica, a cargo de un ministro de Economía con un amplio equipo económico que, necesariamente, tendrá que manejar todas las áreas de la economía. Posiblemente, con elementos como el tipo de cambio fijo, cláusulas desindexatorias como el desagio, u otras, quizás un nuevo signo monetario, alguna variación a determinar del tipo de cambio, reformas del gasto público por las que efectivamente sea reducido, impulso veloz a las exportaciones, y renegociación del cronograma de pagos de deuda pública con el FMI, entre otras medidas, para recrear la capacidad productiva, generar empleo y bajar la pobreza. Y, fundamentalmente, una credibilidad inicial que no deberá desperdiciarse.
*Economista, director de la Maestría en Economía Aplicada de la UCA.
