El Blitzkrieg (o guerra relámpago) era el nombre popular que se le dio a la táctica militar que utilizaba el ejército alemán al inicio de su ofensiva en la Segunda Guerra Mundial, concentrando en forma coordinada todos sus recursos en poco tiempo. Es la táctica que el gobierno de Alberto Fernández está utilizando para iniciar su avance y conquistar sus objetivos contra reloj.
Envidia, admiración y contrariedad, pero nada de sorpresa. Son los sentimientos que en estos primeros días de gobierno del Frente de Todos se corporiza en el círculo rojo de la coalición que perdió las elecciones y que quiso y no pudo realizar algunas de las cosas que los Fernández organizaron en poco tiempo. Es que el peronismo unido, además de que en teoría jamás será vencido, sabe armar un mecanismo aceitado de gestión y cobertura para lograr sus metas.
El proyecto de múltiple emergencia socioeconómica demostró que esos reflejos continúan vivos. En solo una semana se presentó, envió al Congreso, se debatió y se forzó la votación para llegar a fin de año con la fase II del programa: empezar a reglamentar la monumental andanada de normas que regulan materias de todo tipo, siempre en aras de la Solidaridad Social y Reactivación Productiva, siempre en El Marco De La Emergencia Pública.
Desde que, en el fatídico verano pasado, el entonces ministro de Finanzas Luis Caputo, diera la voz de alerta al presidente Macri sobre el agotamiento del financiamiento voluntario para sostener lo insostenible, la economía argentina no dejó de caer.
El salvavidas del hasta entonces denostado FMI sirvió para que el proceso institucional llegara a buen puerto. Esto es: que se pudiera completar un mandato no-peronista desde la irrupción del justicialismo en el universo del poder argentino y que, a fuerza de corridas especulativas y temor a lo desconocido, el mismo gobierno saliente terminara impulsando medidas de emergencia que el entrante empalmó sin ningún complejo de culpa.
Les quedó la sensación ambivalente que lo que debían hacer no se hizo, en un principio (contrariando uno de los lemas de la exitosa campaña legislativa de 2017) porque no se quiso, no se supo o no se pudo. Y cuando no hubo opción, se hizo tarde y pidiendo permiso. Un pecado capital que en la liturgia peronista no halla perdón.
El propio Alberto Fernández, prestándose como no lo hacía su antecesora, a entrevistas en ciclos periodísticos que no se podrían calificar de “amigos”, asumió la categoría de ajuste, pero que, a diferencia del ejecutado por su predecesor, tenía en su raíz dos diferencias: su fin y sus víctimas.
El objetivo de todo este movimiento es el de negociar con los acreedores para salir del pantano de la deuda que juzga como el escollo más importante para normalizar la economía. Y los que han elegido, supuestamente, como los portadores del esfuerzo, dice que no son los mismos que sufrieron los tarifazos, la creciente desocupación y la devaluación durante el cuatrienio de Cambiemos. No hay otra forma de calificar a la decisión de planchar a la mitad de las jubilaciones para revisar en 180 días su fórmula de actualización. El gasto previsional en la Argentina es el 55% del presupuesto nacional.
También la iniciativa de desalentar el ahorro (en dólares, por el impuesto “solidario” y en pesos, por tasas negativas), pisar las importaciones con permisos no automáticos y elevar impuestos personales y patrimoniales.
Ahora es tiempo de la sintonía fina, del lobby de interesados por hacer conocer la particularidad de su posición, de excepciones y de reglamentaciones que desvían un poco la atención principal. Y también que recogen corrientes de la opinión pública a la que el Gobierno le va dando respuesta en grageas.
Quedará para después de marzo (el plazo autoasumido como tal) pensar en la siguiente etapa: cómo dotar a la economía argentina de estímulos para alcanzar a salir de su larguísimo letargo. Quizás, bajo la consigna de militar el crecimiento sostenido y solidario.
