El enfoque humano del cannabis logró dar un pequeño gran paso. Cuando cotidianamente tanto se empeña en provocar malestar, parece indispensable reconocer algo auspicioso: el Poder Ejecutivo puso por fin en marcha parcialmente la regulación del uso medicinal. Aprobada la ley por unanimidad desde la primera sesión parlamentaria de este año, era ansiosamente esperada su reglamentación, que el Presidente cumplió el pasado viernes.
Se trata de un progreso en favor de la protección de la salud de millares de pacientes que integrarán el registro confidencial que les facilite gratuitamente la provisión del bálsamo producido –de momento– por laboratorios estatales del orden nacional. Quienes serán sus mayores beneficiarios son aquellos que padecen epilepsia, aunque en necesaria proyección, desde su condición esencialmente vulnerable, niños y abuelos sufrientes de lesiones medulares, esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson y aún cuadros oncológicos.
Sin duda, ello se enmarca en la mirada del reconocimiento como sujetos de derechos, que se enfrenta al vigente paradigma del “delincuente-enfermo” de la legislación represiva de 1989 que sanciona a quien siembre o cultive plantas.
Humanizar la política de drogas es entender que la actuación pública no debe ser colonizada por la reacción penal. El fracaso de la estrategia punitiva –tanto más en su escalada bélica– es demasiado conocido y denunciado: no se han logrado las metas propuestas y supuestamente perseguidas, esto es, disminuir sensiblemente el tráfico y consumo de sustancia “estupefaciente” para preservar la salud pública.
Esta intervención ineficaz tiene altos costos económicos, institucionales, sociales y humanos, pero sobre todo, nefastos efectos sobre los imprescindibles esfuerzos para la prevención y asistencia en salud pública, entendida como la promoción de actitudes vitales basadas en la autonomía y la responsabilidad personales, donde la persecución y la exclusión social resultan inaceptables.
Si se quiere hablar en serio de salud pública –no privada– ello transita por un sendero lejano a la propaganda publicitaria en contra del cannabis. El prohibicionismo de la marihuana emergió en nuestro país en los 70 cuando el estereotipo identificaba al usuario como subversivo o inadaptado. Este modelo lopezreguista –“Brujo” promotor de la legislación predecesora– aún guarda pleno vigor, tanto más desde su dimensión terapéutica.
Las acciones privadas están sólo reservadas a Dios y exentas de los magistrados. Así se redactó en nuestra sabia Constitución, cuyo texto obedece a los precedentes de Bernardo de Monteagudo y a la pluma del presbítero Antonio Sáenz, fundador de nuestra Universidad de Buenos Aires. Es ésta una cuestión nodal de derechos humanos, porque compromete las libertades y garantías que no sólo vinculan al usuario como individuo autónomo y responsable, sino a toda la ciudadanía. Así es que desde el fallo “Arriola” de la Corte Suprema los insistentes reclamos en favor de la reforma de la ley vigente se encargan de proponer la despenalización de la tenencia y el cultivo para consumo personal, con más la derogación de las medidas de seguridad.
Aunque la óptica humanizadora lleva también a analizar la situación dentro del contexto mundial. La visión represiva parece perder terreno con la avanzada progresista de tantos países que establecen la regulación y el control del mercado de cannabis asegurando el acceso lícito a los consumidores mediante las vías del cultivo y la venta en farmacias. Lo emprendió el Uruguay completando la venta legal hace dos meses y lo postulan modernas legislaciones en América del Norte, como el caso de Canadá o el estado de California –el más poblado de los Estados Unidos– que aprobó el uso recreativo, sumándose así a Colorado, Washington, Oregon y Alaska.
La evidencia indiscutiblemente científica demuestra un compromiso repleto de sentido ético, de futuro y de esperanza.
*Juez y profesor titular UBA/UNLP.
