Escribe la cronista Amanda Mars que cuando, hace un poco más de un año, Mouriño recibió la notificación de despido, supo que sus 58 años de edad no eran la mejor carta de recomendación y que el cese en su trabajo lo incluía en ese grupo que los especialistas llaman de “difícil reinserción laboral”. Ramón Atilano Mouriño, gallego de nacimiento, argentino por adopción y fugado, por la crisis económica local, a Cataluña en 2004, se dirigió a la Acció Solidària Contra l’Atur (Acción Solidaria contra el Desempleo), una ONG que facilita microcréditos a personas sin trabajo, una de las tantas entidades que batallan en Barcelona por auxiliar a los “parados”. España se encamina hacia una tasa de “paro” del 20%. Según la oficina europea de estadística (Eurostat), en julio el paro alcanzó el 18,5%, la tasa más alta de la UE. La crisis asestó un duro golpe al mercado laboral español: la tasa de desempleo se situó en el 9,5% en los países del euro, una décima más que en junio y dos puntos más que el año anterior, según la misma fuente, y en el conjunto de la Unión, alcanzó el 9%. En total, en la Unión Europea se contabilizan 21,7 millones de desempleados.
Algo similar sucede cuando se observan los grupos más desfavorecidos: en España, entre los más jóvenes, el desempleo alcanza al 38,4%, mientras que en el conjunto de la UE es del 19,8% y en la “zona euro”, del 19,7%. Entre las mujeres, el paro español (19%) duplica al registrado por sus socios europeos.
En crisis. Ramón Mouriño llamó a la puerta de Acció Solidària contra l’Atur y pidió ayuda para montar una peluquería de caballeros en Sant Cugat del Vallès. Fue peluquero en Buenos Aires desde 1976 hasta 2004, año en que se refugió en su tierra natal. Después de varias reuniones, la entidad social le prestó el dinero que le hacía falta para abrir su establecimiento. Según una encuesta realizada en julio de este año, los españoles identifican el desempleo como el problema número uno de los hogares y apuntan a la especulación inmobiliaria como principal culpable. El Gobierno encuentra sus causas afuera, en la situación financiera internacional y sus consecuencias, pero estos argumentos no explican por qué los trabajadores españoles están peor que los de otros países desarrollados.
La crisis financiera mundial –disparada por las hipotecas subprime– trastocó los planes de las economías mejor protegidas, pero el impacto es aún mayor en aquellos países cuyo PBI permanecía más ligado al sector de la construcción. España es uno de los países que más crecimiento ha obtenido en los últimos años gracias al sector, y la recesión golpea más duro sobre la mano de obra dedicada a la construcción y la auxiliar.
Otro elemento a tomar en cuenta es que en países como Alemania, en el mes de julio pasado, se redujo el sueldo y horario laboral de 1.246.000 trabajadores para no despedirlos. En España, a las reformas que en materia laboral algunos especialistas señalan como pendientes –por ejemplo la creación de empleo estable (según datos del Observatorio Laboral de la Crisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, de cada cien trabajadores con contrato temporal en enero de 2009, 14 perdieron sus trabajos por cada dos que lo hicieron con contrato indefinido)–, se les agrega la regulación administrativa de las relaciones laborales que se instrumenta a través de los ERE (expedientes de regulación de empleo) y que dota al modelo de rigidez, lo que termina produciendo efectos indeseados: si las empresas no pueden aplicar medidas acordadas de moderación salarial en tiempos de crisis, se ven obligadas a despedir. Probablemente en Alemania la cifra de desempleo sería mayor (8,2%, 3,46 millones de personas) si no fuese por la cantidad de empleados que se encuentran con sueldos reducidos.
Otra cuestión está dada por el hecho de que España carece de una política laboral proactiva; destina más fondos que ningún otro país de la UE en políticas pasivas del mercado laboral (pago de subsidios). Se ha observado que las personas que pasan más de medio año en el “paro” encuentran grandes dificultades para regresar a la actividad, y así la situación de desempleo tiende a prolongarse tanto por la escasez de políticas activas (reciclaje) como por la “seguridad” del pago de subsidios. Esta no parece la mejor manera de combatir un desempleo creciente: de hecho, existe una correlación entre el gasto del Estado y el aumento del desempleo si se compara con otros países que dedican menos inversión a subsidios y jubilaciones anticipadas y que promueven la formación y la creación de negocios.
Una ayuda. Oriol Romances, de Acció Solidària contra l’Atur, explica que las peticiones de ayuda a su entidad se han desbordado y que se ven obligados a denegar hasta el 30% de las ayudas económicas a fondo perdido: las que sirven para pagar facturas o alquiler. Desde la misma institución, sostienen que esta crisis es diferente a las otras porque el problema de la vivienda es más agudo. Con esta situación, se multiplicó el número de asociaciones de ayuda a desempleados: están las que reivindican más prestaciones para los “parados”, grupos de ayuda mutua y ONGs asistenciales. En el disperso y poco coordinado mapa de entidades, las asociaciones asistenciales son las más numerosas, y entre ellas hay muchas que nacieron durante crisis económicas anteriores, que prácticamente desaparecieron con la bonanza y que ahora renacieron. La Asociación Parados Sin Fronteras nació hace tres crisis. “Todo el mundo tiene que disponer de unos ingresos equivalentes al salario mínimo”, sostiene su fundador, Gabriel Colomer, pero mientras el salario mínimo universal no llega, Colomer propone “medidas imaginativas, como las que utilizaban los argentinos durante el corralito”.
El “modelo argentino” aporta muchas ideas a las asociaciones de “parados”, pero las más reivindicativas y políticamente comprometidas también recurren al llamado “modelo francés”, que logró crear unas organizaciones de “parados” fuertes y consolidadas, que movilizan a mucha gente y hacen oír su voz, según Oleguer Bohigas, representante de la Asamblea de Parados y Paradas de Barcelona. A inicios de este año, Ramón Atilano Mouriño abrió su nueva peluquería en Sant Cugat. “De momento, me alcanza para pagar el alquiler y la cuota para la Acció Solidària contra l’Atur”. No se atreve a vaticinar ni su futuro ni el de su negocio; dadas las circunstancias, el resto de sus compatriotas, tampoco.
