¿En cuánta conducta social que indigna al “buen ciudadano” se solapa un trastorno de salud mental desatendido? ¿Cuánto de pobreza y cuánto de “locura” librada a su suerte, existe en medio de una sociedad que vive discriminando, como mecanismo elemental para no ver-se? ¿Cuántas familias miran al techo al hablar de discapacidad, estimados lectores PERFIL?
Según el Censo de 2010 del Indec en el capítulo sobre discapacidad, la prevalencia obtenida para el total del país a nivel población es de 12,9%, lo que representa 5.114.190 personas que declaran tener alguna dificultad o limitación permanente. A nivel hogar es de 30,6%.
En relación con la estructura por sexo de la población con dificultad o limitación permanente (a partir de ahora PDLP), las mujeres presentan una prevalencia superior a los varones, con una diferencia de 2,3 puntos porcentuales. Se trata de dificultades físicas o mentales de carácter permanente. Sin embargo, el capítulo de discapacidades no se cierra con la condición de permanente y se abren otros interrogantes. Uno es sin duda el estado de la salud mental de los argentinos y argentinas, sea o no permanente.
Se trata de aproximarnos a un tema postergado, cuando no invisibilizado del estado sanitario de la población reflejado con gran detalle en el Estudio epidemiológico de salud mental en población general de la República Argentina. Considérese que los datos de este estudio datan del 2010 y fueron publicado por la Revista Argentina de Psiquiatría en el 2018, todo antes del impacto de la pandemia que sin duda ha empeorado estos registros. El estudio corresponde entre otros a su autor correspondiente: Dr. Juan Carlos Stagnaro.
La primera gran conclusión del relevamiento es que la prevalencia de vida de cualquier trastorno mental en la población general de la Argentina en mayores de 18 años de edad fue de 29,1% y el riesgo proyectado de vida hasta los 75 años de edad fue de 37,1%.
Los trastornos con prevalencia de vida más elevada fueron el Trastorno depresivo mayor (8,7%), el Trastorno por abuso de alcohol (8,1%) y la Fobia específica (6,8%). Los Trastornos de ansiedad fueron el grupo de mayor prevalencia (16,4%), seguidos por los Trastornos del estado de ánimo (12,3%), los Trastornos por sustancias (10,4%), y los Trastornos del control de impulsos (2,5%).
Las mujeres manifestaron mayores chances de padecer trastornos de ansiedad, mientras que los hombres de padecer trastornos por sustancias.
De todos ellos, el 78,36% recibió un tratamiento mínimamente adecuado, utilizando una amplia definición, y sólo el 43,68% si se aplica una definición más estricta.
Las personas más jóvenes, con bajo nivel de educación y bajo nivel de ingresos fueron menos propensas a recibir tratamiento.
Con respecto a las personas que estaban en tratamiento, éste fue menos adecuado para los más jóvenes y para aquellos con bajo nivel de educación y de ingresos.
La mayoría de los individuos en la Argentina, con Trastornos del estado de ánimo (100%) o con Trastornos de ansiedad (72,5%), con el tiempo acceden al tratamiento, mientras que aquellos que padecen algún Trastorno por abuso de sustancias no lo hacen (41,6%).
Es muy poco frecuente el tratamiento temprano (2,6% para Trastorno por abuso de sustancias, 14,6% para Trastornos de ansiedad y 31,3% para Trastornos del estado de ánimo), lo que significa una demora de entre 8 años, para el caso de Trastornos del estado de ánimo y 21 años para el caso de Trastornos de ansiedad.
Los resultados obtenidos sugieren un tratamiento insuficiente generalizado de los Trastornos psiquiátricos y particularmente de los Trastornos por abuso de sustancias, con una pronunciada necesidad no atendida de individuos jóvenes, sin educación y de bajos recursos.
Así las cosas, imaginando esta situación de base y el impacto que sobre ella tuvo y tiene la pandemia aún no resuelta con su secuencia de encierro, ansiedad, depresión, abuso de sustancias, fobias, el estado de la salud mental de los argentinos y las discapacidades permanentes o transitorias que ello supone resulta ya un tema inocultable y de primer orden a considerar en cualquier iniciativa de salud pública.
Sin embargo, existen recortes presupuestarios graves.
Según la Ley de Salud Mental, el Estado nacional debe destinar el 10% del gasto total de salud a salud mental. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deben adoptar el mismo criterio. Sin embargo, en el año 2021 solo el 1,47% del gasto total en salud a nivel nacional se destinó a salud mental, desoyendo la alta y creciente incidencia de estos trastornos en nuestra población.
*Director de Consulta Equis.
