Convertida ya en una suerte de sello de fábrica, la marca Carrió volvió en estos días a imprimirle fuego a la política. Las llamaradas se encendieron a partir de lo que debería hacer la Justicia, pero volvió a tener como epicentro al Gobierno del que ella es parte activa.
Es cierto que fue un mal momento el elegido por el ministro de Justicia, Garavano, para repetir su mirada crítica sobre desafueros y procesamientos de ex presidentes y las prisiones preventivas. También que ya la diputada lo había expuesto en público cuando impulsó la aceptación del Ejecutivo de la renuncia del impresentable juez Oyarbide, pues prefería su destitución, o al retirar la acusación contra los ex fiscales de la causa AMIA Mullen y Barbaccia.
Carrió olfateó en las declaraciones de Garavano el tufillo de un sector del oficialismo que prefiere verla desfilar por la Justicia a Cristina, pero siempre como deseada rival electoral polarizadora, para lo cual no debería estar presa.
Fuentes gubernamentales admiten su creencia de que una candidatura de CFK aumenta las chances de Macri de ser reelecto. Pero rápidamente aclaran que "de ninguna manera" serían capaces de intentar presionar o influir sobre nadie para tratar de evitar que vaya detenida. Como ejemplo, señalan la decisión monolítica de toda la bancada minoritaria de Cambiemos en el Senado de votar su desafuero, tal como expresó Pinedo.
El Afipgate retroalimenta la desconfianza de Carrió sobre áreas del Gobierno
Lilita no está tan segura de esa convicción. Está convencida de que, si bien formalmente los oficialistas dicen que le sacarían los fueros a Cristina, en privado algunos legisladores y operadores (siempre desconfía de los radicales) respaldan la decisión del peronista Pichetto de que eso no se aprueba sin sentencia final final final de la Corte Suprema. Ergo, nunca. Como con Menem, bah.
Con razón o sin ella (no siempre la tiene), Carrió sabe que su único sentido en la política es la transparencia y el combate a la impunidad. Contra lo que usualmente verbaliza, ello no excluye aceptar de mala gana tragarse algunos sapos. Por caso, hizo silenzio stampa cuando Macri habilitó a los familiares de los funcionarios para que pudieran acogerse al blanqueo impositivo, en la causa del Correo y en el escándalo de los aportes truchos a Cambiemos para la campaña electoral.
Sin embargo, nadie nunca en algún oficialismo democrático argentino se permitió ser tan dura contra tantos dirigentes o funcionarios del mismo espacio.
Escribo la lista de memoria, sin google: Aranguren, Angelici, Nicky Caputo, Duran Barba, Sanz, Monzó, Arribas, Sica, Peña (a veces), el mencionado Garavano. Ni hablar de Lorenzetti y Lijo, dos magistrados (uno al que “bajó” de la presidencia de la Corte y el otro que “encabeza” al ala muñequeadora de Py) de su fatal mira telescópica.
Por ahora ha repetido hasta el cansancio su respaldo irrestricto al Presidente. Y lo aclara porque Carrió sabe mejor que nadie que varias de sus víctimas están donde están o hacen lo que hacen con la anuencia de Macri. O al menos no se los impide.
De ahí que esta diatriba de Lilita contra la decisión de Cuccioli, el jefe de la AFIP, de desplazar a tres altos jerarcas de la DGI pese a su pedido en contrario, revelada por PERFIL ayer sábado, pueda resultar una escalada que difícilmente no salpique a Macri. En especial porque ella asegura que estos despidos obedecen a un informe lapidario de la agencia impositiva que demostraría cómo, cuándo y dónde pagó coimas Calcaterra, el primo presidencial arrepentido y procesado en el Cuadernogate.
Acaso Carrió intuya que en una indagatoria inminente otro posible “imputado colaborador” complique aún más a Calcaterra y a otros integrantes de la familia del Presidente. La que avisa no es traidora.
