Mientras los tres funcionarios con más poder de gestión del país dan –con matices– señales de acuerdos básicos para enfrentar la pandemia, los extremos vinculados a sus espacios políticos han empezado a tensar la cuerda.
En unos días, otra vez el trío más mentado (Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof) se mostrará en Olivos para anunciar la renovación de la cuarentena dura en el Área Metropolitana de Buenos Aires. E intentará blindarse ante las “ideas locas” y la “desobediencia civil” de los fundamentalismos.
Del control estatal sobre la propiedad de empresas privadas a la infectadura, de Susana a Tinelli, de la conveniente aparición de un escándalo de espionaje a la siempre servicial activación de Comodoro Py. Todo parece servir para alentar el inicio de una crispación política no solo innecesaria, sino sobre todo peligrosa.
El horno social no está para bollos. Menos aún en la zona más densamente poblada de la Argentina, donde todavía falta lo peor en materia sanitaria y socioeconómica, según indican hasta las propias previsiones oficiales. Ni hablar de las privadas, más pesimistas todavía.
Si a la angustia en esta zona del país por los setenta días de aislamiento estricto (que se convertirán en no menos de cien) se le suman las acentuadas restricciones para llegar a fin de mes y mantener el empleo, se cocina ya un caldo espeso que requeriría de cierto grado de calma y responsabilidad de parte de quienes agitan el fuego.
Ello no implica impedir el debatir y el intercambio de miradas distintas sobre los pasos a seguir frente a la crisis en la que estamos y, sobre todo, a la que vendrá. Pero cuando se pasa a la acción, como empezó a verse en estos últimos días, se corre el riesgo de exponer la olla a su máxima presión.
Ya sabemos, porque lo hemos vivido, en qué puede derivar.
