Empezamos el mes de mayo con medidas restrictivas en el AMBA por la situación epidemiológica en esta segunda ola de la pandemia, que nos encuentra con la persistencia de la violencia en el ámbito laboral y en la niñez. La semana pasada la difusión de informes nos señalan esto.
En el caso de las trabajadoras, en 50/50 Clara Fernández Escudero dedica la nota a difundir los datos de un estudio realizado por el portal de empleos Bumeran con Grow Género y Trabajo, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género –ELA–, ambas especializadas en el tema, junto a Fundación Avon y la consultora Nodos. El 55% de encuestadas sufrió violencia/ acoso por parte de su jefe varón, es el principal dato. Lo experimentaron durante la jornada laboral y mayoritariamente en la oficina, menos en salas de reunión.
El pedido de favores sexuales a cambio de un beneficio laboral es lo habitual, algo que aumenta en casos de trabajadoras discapacitadas o de pertenecer a la comunidad Lgbtqi+. Se completa con el hostigamiento laboral por haberse negado a dar favores sexuales. Esto nos retrotrae a considerar el peso de la concepción patriarcal en nuestra comunidad que representan cabalmente los “jefes” u hombres con algún grado de poder en la estructura laboral, que entienden tienen derecho a pedir a las mujeres favores sexuales a cambio de darles un beneficio laboral. Además, se ensañan con las más vulnerables como discapacitadas o pertenecer al colectivo Lgbtqi+. Esto es una violación de los derechos de estas trabajadoras.
El país ratificó la convención 190 de la OIT de eliminación del acoso y la violencia en los ámbitos laborales, debe desarrollar un paquete de medidas que identifique estas violaciones, las tipifique y señale qué hacer para su eliminación y castigo correspondiente. Hemos observado y seguimos observando que ante la denuncia las medidas se aplican fundamentalmente a las mujeres que denunciaron, cambiándolas del área de trabajo, entre otras, así el mensaje es que ellas son las culpables, y no las víctimas. Por eso las medidas deben ser claras y los sindicatos deben ser los principales custodios, algo difícil, porque predominan los liderazgos masculinos que minimizan el problema.
El desafío es definir esas políticas en forma urgente, para esto el Ministerio de Trabajo junto al de Mujeres, Géneros y Diversidades las deben definir y difundirlas en el público en general y en los ámbitos laborales. Esta violencia requiere atención por su frecuencia y que afecta gravemente a las mujeres, porque las expulsa del mercado laboral, porque pasan a ser económicamente dependientes, aumentando su vulnerabilidad. Ayer se celebró el día de los trabajadores, las mujeres trabajadoras necesitamos que se elimine el acoso y abuso laboral para permanecer y crecer en el mercado laboral ¡Esto es urgente!
Otra violencia poco enfrentada es la que padece la niñez. La semana pasada celebramos el día internacional de la lucha contra el Maltrato Infantil. En esa ocasión el Ministerio de Justicia difundió datos de la línea 137 para atención de la violencia familiar y sexual. Como ya reiteramos en esta columna, el confinamiento de niñas, niños y adolescentes a convivir con sus abusadores aumentó la frecuencia, pero también originó nuevos maltratos y abusos, Quienes trabajamos en infancia sabemos ellos no llaman para denunciar/pedir apoyo, esto lo hacen en general adultos o jóvenes que ven o sospechan. Recién allí se desencadena o debe desencadenar la presencia del área de protección de derechos.
El aumento de la violencia en los hogares por el confinamiento y su impacto aumentó el maltrato hacia la niñez, incluido el abuso sexual infantil. Este permanece en el ámbito privado, porque ocurre en la familia y los abusadores son integrantes de ella o personas muy próximas, se oculta. Así los desprotegidos son niñas /niños abusados. En este caso también necesitamos se preste atención y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades no puede estar ausente, debería liderar la lucha.
