Plegarias en Navidad

El militante vio la tapa de los diarios y maldijo en voz alta. —Puta madre —se quejó por teléfono—. Estamos asustados.
Dos días antes, en su oficina, me había hecho la lista:
En febrero de 2005, el obispo castrense Antonio Baseotto sugirió arrojar al mar, con una piedra colgando del cuello, al ministro de Salud Ginés González García porque éste se había atrevido a decir que el aborto no debía ser considerado delito.
Enseguida, el gobierno puso en marcha el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, una masiva campaña de distribución de anticonceptivos hormonales, preservativos y DIU que llegó a dos millones de argentinas. Luego, se distribuyó gratuitamente la “píldora del día después” y varios gobiernos provinciales la incluyeron en sus programas de salud.
En mayo de 2006, en el tradicional Tedéum en la Catedral, el cardenal Jorge Bergoglio arrojó sus críticas a la cara del entonces presidente Néstor Kirchner.
Enseguida, gobiernos provinciales y locales impulsaron la Ley de Unión Civil, que en diciembre de 2002 había aprobado la Ciudad de Buenos Aires; se aprobó en Villa María, Córdoba.
En agosto de 2006, el obispo Joaquín Piña lanzó su candidatura para disputar el poder de Misiones al gobernador kirchnerista Carlos Rovira, con el aval del cardenal Bergoglio.
Enseguida, el Gobierno nacional aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención Contra toda Forma de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW, por su nombre en inglés), que considera el no acceso al aborto como una forma de violencia.
En abril pasado, en la antesala de las elecciones nacionales, el cardenal Bergoglio apoyó en un acto público a la coalición opositora que dirigía Elisa Carrió y que buscaba la reelección de Jorge Telerman en la Jefatura de Gobierno porteña.
Enseguida, como una avalancha, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, y La Pampa, reglamentaron el aborto no punible; el Congreso nacional aprobó una ley federal que consideró delito a la trata de personas para prostitución o trabajo forzado, se formó una fiscalía de investigación especial de investigación y se instaló un 0800 para recibir denuncias; los ministerios de Salud de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires establecieron que los transexuales deben ser atendidos por su nombre de elección, y no el de sus documentos de identidad, en todo el sistema público de salud; la Cancillería argentina, con las de Brasil y Uruguay, impulsó ante las Naciones Unidas la adopción de los Principios de Yogyakarta, que fomentan la adopción de un código de derechos de diversidad sexual por los Estados miembros; un Subgrupo de Diversidad Sexual, que promueve que la cuestión de la diversidad sexual se incluya en la agenda regional, comenzó a sesionar dentro del Grupo de Trabajo sobre Discriminación del Mercosur; la senadora nacional Vilma Ibarra, estrecha aliada de los Kirchner, presentó un proyecto de ley de matrimonio gay.
—Se consiguieron muchas cosas, y cada medida fue una respuesta del Gobierno en su guerra con la Iglesia —concluyó el militante, sentado a la mesa de conferencias de su oficina, mientras su celular no dejaba de sonar.
—Todo se lo debemos —sonrió— al carácter pragmático del peronismo.
Mucho más se puede ganar, se entusiasmó. Por ejemplo: otros militantes se resistían a impulsar la ley de matrimonio gay porque consideraban que era demasiado esperar una ley tan avanzada en la Argentina y era mejor ir de a poco –promoviendo la unión civil en el interior, para empezar–. Pero él estaba convencido de que “con este gobierno hay que ir por todo. Después se negocia”.
Este jueves, cuatro días antes de la Nochebuena, encontró en la tapa del diario el apretón de manos entre la presidenta Cristina Kirchner y el cardenal Bergoglio, y comprendió al instante que la Iglesia aprendió lo mismo: que sin pelear, con este gobierno todo puede negociarse.
Algunos diarios sugerían que la Iglesia podría llegar a aceptar la disolución del puesto de obispo castrense que el gobierno impulsa desde la renuncia de Baseotto, en mayo de este año. A cambio, González García, el ex ministro, fue enviado a Chile como embajador y en su lugar asumió Graciela Ocaña, a quien juzgan moderada. La Presidenta condenó el aborto y congeló las iniciativas de salud reproductiva y derechos de género en el Congreso.
Maldiciendo en el teléfono, el militante formuló su deseo de Navidad: “Hay que lograr que se pongan de punta de nuevo”. Y, con una risa triste, se despidió.