El 14 de diciembre, la Universidad de Buenos Aires fue noticia en todos los medios. Ese día se eligió el rector que habrá de presidirla por los próximos cuatro años. No fue ese, sin embargo, el principal motivo de la presencia mediática de la UBA, sino la movilización de un grupo de estudiantes que buscaron por la fuerza impedir el acto y fueron reprimidos por la Policía. Se vieron escenas lamentables: de un lado, manifestantes, muchos de ellos encapuchados, portando estandartes de agrupaciones estudiantiles y de partidos políticos como el PO y el MST, armados con palos, baldosas, piedras y otros elementos que servían para tratar de vencer las vallas y entrar al edificio anexo del Congreso nacional, donde debía tener lugar la elección; del otro, un despliegue de policías y guardias de infantería con cascos y escudos que buscaban frenar a los estudiantes con golpes, balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua.
La movilización tenía por objeto, según declararon sus protagonistas, impedir que se efectuara la asamblea que debía elegir rector, pues impugnaban el momento de la convocatoria y tachaban al cuerpo de “ilegal”. Con argumentos y métodos similares habían tratado de evitar, en semanas anteriores, las elecciones parciales de representantes de los profesores y los graduados por facultad que forman la asamblea, también integrada por representantes estudiantiles. Y no hay que olvidar que hace cuatro años la UBA estuvo largos meses sin elegir rector porque grupos organizados bloquearon sucesivos intentos de reunir la asamblea.
¿Cómo justificar la utilización de la violencia en este marco? Hace ya más de 25 años que, después del nefasto período de la dictadura, las universidades recuperaron la libertad académica y su autogobierno. Desde entonces, tienen un funcionamiento autónomo, regido por sus propios estatutos, la legislación nacional pertinente y las decisiones que día a día toman sus cuerpos colegiados integrados por los tres claustros (donde los profesores tienen mayor presencia relativa pues “sobre ellos recae la responsabilidad del cumplimiento de los fines de la Universidad” (Estatuto, art. 36)). Existen, por lo tanto, mecanismos internos establecidos para resolver los conflictos que se plantean para su gobierno. Además, por fuera del ámbito universitario, están disponibles los resortes del Congreso para dictar nuevas leyes en la materia, y de la Justicia, a los que se puede apelar si se consideran violadas las ahora vigentes. No hay, por lo tanto, justificación alguna para la violencia desatada por una demanda que podría haberse encaminado por los canales existentes de reclamo.
Este panorama no implica que no haya problemas: la universidad es una estructura de poder compleja, sujeta a disputas de intereses y de proyectos que no siempre se resuelven de la mejor manera para el futuro de la institución. En la UBA, no pocas de las decisiones que se toman en diferentes niveles, así como de las acciones que se llevan adelante responden más a presiones sectoriales, mandatos partidarios, o simples ventajismos de ocasión que a la consecución de los fines científicos y culturales propios de su función social. Por otra parte, existe cierta tendencia endogámica por la cual los problemas de fondo de la universidad no se abren a la discusión pública. La autonomía tan preciada fue una conquista para asegurar la independencia frente al poder político, pero en su nombre, muchas veces se escatima al resto de la sociedad el debate sobre el destino de una empresa cultural que, al fin y al cabo, es sostenida por todos y atañe al conjunto.
Está claro que hay diferentes modelos y propuestas de universidad, pero para que las opciones adoptadas no resulten apenas de maniobras de cúpulas, presiones sectoriales u operaciones de violencia forzadas por alguna minoría, sería decisivo abrirlas al debate público. No es a través del bloqueo de la vida institucional que podremos confrontar esos modelos y decidir sobre el futuro, sino de la utilización de los medios legales de participación de que disponemos en esta democracia que tanto nos cuesta sostener.
*Historiadora, UBA/Conicet. Su último libro: Buenos Aires en armas. La revolución de 1880.
