En Argentina, se acercan las elecciones y se nota. La apertura de la competencia por el poder desata comportamientos y libera fuerzas orientadas a intentar ganar o, al menos, a obtener el mejor resultado posible. Hay ruido de elecciones.
Ese ruido está potenciado por un gobierno nacional que enfrenta la pérdida creciente de conducción por parte del Presidente y la reconfiguración del Frente de Todos, teniendo en cuenta las expresiones de Cristina Fernández de Kirchner sobre su rechazo a toda candidatura.
Ese registro acelera los tiempos, alienta expectativas e impulsa estrategias partidarias e institucionales. Hasta el momento, dieciocho distritos dispusieron el desdoblamiento de sus elecciones (PERFIL, 10/1/23) en un intento por eludir los efectos inciertos de la competencia nacional, aprovechando las herramientas del federalismo electoral. En las provincias habrá elecciones todo el año, con y sin PASO, en un largo ciclo de competencias que irán delineando el mapa de poder gubernamental para la Argentina de los próximos años.
Mucho se ha discutido respecto a la eficacia de las PASO e incluso, –algunos distritos las derogaron para sus elecciones provinciales–, como Chubut, o reemplazaron por Ley de Lemas (Sistema de Participación Abierta Democrática - Sipad), como San Juan. No obstante, si el problema identificado era la multiplicación de las instancias en las que los y las ciudadanos debían concurrir a votar, la mencionada derogación no parece ser la solución más apropiada, visto el cronograma electoral que nos espera este año. Así, en varios distritos lo que multiplica el calendario es el desdoblamiento de elecciones más que la realización de primarias.
Más aún, si comprendemos adecuadamente el funcionamiento y alcance de las instituciones políticas, notaremos que el problema no son las PASO. El problema es la fragmentación insular de la oferta partidaria en la Argentina y la crisis de los partidos políticos, y ahora también de los Frentes. ¿Y de las identidades políticas?
Arrojados a defender sus distritos como puedan, las y los gobernadores recurren a los recursos de los que disponen en torno a la modificación de reglas electorales: derogación de las PASO, ley de lemas, desdoblamiento de elecciones. Mientras tanto, los y las ciudadanos de nuestro país observan cómo la energía de sus representantes se dirige cada vez más a la competencia electoral, en algunos casos en simultáneo con responsabilidades de gestión y con selectiva memoria.
Sin embargo, algo ha cambiado. El año en que conmemoramos cuatro décadas de democracia continua en Argentina nos encuentra atestiguando ciertos indicios de deterioro.
Al respecto, resulta saliente la crisis de las instituciones, en tres dimensiones: confianza, equilibrio y eficacia. Respecto a la confianza en las principales instituciones, un estudio publicado por la consultora Zuban- Córdoba en diciembre pasado indica que el 63,1% de los encuestados confía poco y nada en el Congreso Nacional, y lo mismo ocurre con el 72,8% en relación con la Justicia Federal. La síntesis de ese escenario es que no confiamos en quienes hacen las leyes y menos en quienes juzgan su cumplimiento.
A esta crisis de confianza se suma el deterioro de los equilibrios entre poderes. Y utilizo el plural deliberadamente a los efectos de mostrar que el equilibrio nunca es unilateral, es decir, no se trata de la moderación de un poder frente a otro sino de un conjunto de interacciones que reconozcan límites –por ejemplo, el buen funcionamiento del sistema republicano y democrático– y que cumplan sus funciones de control interpoderes sin caer en el obstruccionismo.
A su vez, y relacionado con lo anterior, las instituciones están en crisis en una tercera dimensión que es la de su eficacia. ¿Cómo podría ser eficaz el mensaje contenido en una sentencia si los jueces aparecen enredados en escándalos, literalmente formando redes de confusa asociación con actores del poder económico, político partidario o gubernamental? ¿Cómo podrían mejorar los indicadores de confianza en el Poder Legislativo Nacional si en lugar de un espacio de deliberación y articulación de demandas e intereses lo vemos transformado en una arena de confrontación crecientemente antagonista? Por ejemplo, a la propuesta oficialista de promover el juicio político a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la principal alianza opositora responde que no dará quórum para ninguna discusión ni proyecto impulsado por el gobierno nacional o el Frente de Todos “mientras siga este atropello”. El riesgo de parálisis legislativa no sólo es un contratiempo para un gobierno débil en la última parte de su mandato, también significa múltiples demandas y necesidades sin respuesta ante un pueblo escéptico que irá a las urnas otra vez.
Asimismo, observamos la erosión de las condiciones materiales para el ejercicio de derechos. En efecto, la inflación sostenida y su impacto sobre precios y salarios, así como sobre la previsibilidad de las interacciones en el sistema económico afecta los derechos. Un ejemplo persistente es el derecho a la vivienda.
En el mismo sentido, nuestra historia nos enseña que tampoco podemos convivir con la violencia. Por ello, el intento de magnicidio perpetrado contra la expresidenta y actual vicepresidenta es un punto de inflexión de la mayor gravedad en nuestra trayectoria democrática.
En suma, y teniendo presente el contexto regional, es urgente la renovación de nuestro pacto democrático y el fortalecimiento de los liderazgos que se comprometan en sus discursos y sus prácticas con el único sistema que nos permite vivir en libertad y dignidad.
*Politóloga. Integrante de la Red de Politólogas #NoSinMujeres @RedPolitologas
