¡Seamos realistas, pidamos lo imposible! La consigna de los manifestantes parisinos en mayo del 68, caló hondo en la praxis de la política argentina del último cuarto de siglo, al menos. En esto parece encuadrarse el pedido de organizaciones sociales, como lo expresó esta semana Juan Grabois, pero también de algunos gobernadores (Axel Kicillof, entre otros) de generar un salario básico universal que generalice los actuales planes sociales.
¡Vamos por todo! Era la consigna del triunfante oficialismo en las elecciones del 2011. Fue la época de las milanesas, las bicicletas, el pescado y varios etcéteras, “para todos”. ¿Será la actual presión por instaurar un salario básico universal un corolario de aquella pulsión, es un intento por explorar las fronteras de las posibilidades o, simplemente, un desconocimiento de su existencia, como ocurre con el efecto inflacionario de la emisión monetaria?
La idea de poder cobrar sin contraprestación es tan vieja como la de minimizar el esfuerzo por conseguirlo, en el presente o en diferido. La demografía hizo que el aumento explosivo de la proporción de pasivos en relación a los activos dinamitase la sustentabilidad del sistema previsional en casi todo el mundo. Si cuatro a uno era la relación óptima para no vulnerar la ecuación jubilatoria, el actual coeficiente menor de 1,5 es una bomba de tiempo que ya explotó.
Durante la última década creció el empleo público formal, el cuentapropismo registrado y el informal. En cambio, quedó congelada la cantidad de trabajadores que están en relación de dependencia en el sector privado (6 millones de empleados, sólo 28% de la población económicamente activa, según la última medición de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec). Por otra parte, las ayudas sociales (los denominados “planes”) se fueron extendiendo. Desde las antiguas asignaciones familiares, luego organizadas y generalizadas en el sistema mixto de fondos generados por la propia nómina laboral (1968), luego la Asignación Universal por Hijo (2009) y la cantidad de prestaciones sociales.
Argentina es el país de la región con mayor acceso al servicio médico y educativo gratuito, previsional y de protección social. Eso tiene un costo y en términos análogos a la relación contractual laboral sería un “ingreso no salarial” con el que puede contar la población. Pero el “vamos por más” hecho dogma implica pedir lo que sólo pocos países llegaron a evaluar.
Como antecedentes internacionales reconocidos a esta iniciativa, está el referéndum suizo de 2016, en el cual el 77% de los electores rechazaron la iniciativa de establecer un salario mínimo universal de US$ 2.300 mensuales y el experimento finlandés por el cual entre 2017 y 2019 se les otorgó US$ 600 a 2 mil adultos para comprobar sus reacciones, finalmente de-sechado por el bajo impacto y alto costo del sistema.
Justamente este punto es el que llama la atención de la iniciativa que, como otras, por ahora surge como una “idea loca”, pero que luego puede tomar dimensión para convertirse en un proyecto de ley hecho y derecho. Actualmente más del 60% del Presupuesto nacional se dedica al gasto previsional y prestaciones sociales. Idesa calcula que, con la última modificación al sistema de inclusión jubilatoria, estas asignaciones pasarían a explicar del 7% al 29% del déficit fiscal actual. Desde el costado del financiamiento, desarrollar un sistema de asignación universal más allá de la mayoría de edad y antes de la jubilación (para lo cual ya existen sistemas de redistribución de ingresos) sería engrosar aún más un agujero fiscal que contamina de desequilibrios a toda la economía. Claro que, en la lógica de la praxis política, sería quitarle a los que se benefician con la “tercerización” de la ayuda social su herramienta de cohesión interna. Pero aumentaría la vulnerabilidad de todo el sistema en función de su extensión y el monto de la prestación; agravando el círculo vicioso de los parches tributarios e inflacionarios para fondear iniciativas similares que agrandan la presión sobre las dos variables de ajuste que en los últimos años resultaron del estancamiento económico: la precariedad laboral y la tasa de inversión. Una combinación que condena a la economía argentina al círculo vicioso de inestabilidad y pobreza, el destino final de las iniciativas nobles con aroma a utopía.
¿Puede ser que en un país con un Estado de Bienestar generoso como es el caso finés una medida como esta se vea diluida y ésta fuera a ser mucho más efectiva en países como España, donde las prestaciones sociales son mucho peores? No digamos ya en países de América Latina.
