La revista Barcelona, una publicación de sátira política y social, ha sido condenada por la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a pagar una indemnización por daños y perjuicios por la violación del derecho a la imagen y al honor de Cecilia Pando, una activista política presidenta de la Asociación de Amigos y Familiares de Presos Políticos de Argentina. El caso se originó por la publicación en la contratapa de la revista de un fotomontaje que consistía en una burla por la protesta ante el Ministerio de Defensa, al que Pando se había encadenado en 2010. A continuación, explico por qué esta decisión equivocada podría tener efectos sistémicos indeseables para el ejercicio de la libertad de expresión.
La libertad de expresión es la piedra angular de nuestra democracia: expresarse libremente y criticar a los gobiernos o las ideas políticas que no compartimos es especialmente importante porque contribuye al debate público. Conocer expresiones diversas, aunque nos resulten detestables o las consideremos incorrectas, mejora la calidad de la discusión abierta de ideas y democrática en nuestra sociedad. Por ello, la Constitución prohíbe la censura previa.
La sátira es una forma de expresión artística y de crítica social que, con el objetivo de provocar al lector y a quien es objeto de la crítica, exagera para expresar un punto de vista. El fotomontaje publicado por Barcelona sigue esta tradición: se burla de las posiciones políticas que Cecilia Pando ha defendido públicamente –es decir, de su defensa del comportamiento de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar– y del método de protesta que Pando eligió para manifestarse.
Podría objetarse que la burla de Barcelona traspasó los límites socialmente aceptados de decoro y respeto. No obstante, esta manera de entender la sátira política es equivocada porque la idea de que un discurso o una obra artística pueda ser escandalosa y ofensiva conlleva un grado de subjetividad tan grande que puede provocar que los tribunales impongan sus gustos, su idea de moralidad o que decidan simplemente basados en el impacto emocional que pueda causar una expresión. En la democracia, sin embargo, no hay un derecho a no ser ofendido por expresiones críticas, irritantes o provocadoras –en todo caso, hay un derecho a reprobar públicamente esas expresiones y a sus autores si nos ofendieran–. En otras palabras, el mero hecho de que el fotomontaje haya ofendido a Pando no justifica la condena a Barcelona.
Para terminar, es pertinente hacer dos aclaraciones. La primera es que el análisis debe ser el mismo si la burla es a Cecilia Pando o a cualquier otra persona que, como Pando, es una figura pública que defiende sus puntos de vista. De hecho, desde Caras y Caretas hasta Satiricón o Humor, la sátira política ha sido una gran protagonista de la crítica política en Argentina. La segunda es que, si bien obviamente no estamos ante un caso de censura previa – Barcelona publicó la sátira–, ante el temor de ser obligados a compensar a los ofendidos, en el futuro, los humoristas podrían inhibirse de publicar críticas políticas. Por ello, en definitiva, obligar a Barcelona a compensar las ofensas podría desincentivar la crítica social, un efecto indeseable e incompatible con los valores liberales de la constitución.
*Decano ejecutivo Escuela de Derecho, Universidad Torcuato Di Tella
@MartinHevia.
