Interpretar, como hace el Gobierno, premeditación en el anuncio del llamado a indagatoria de Boudou el mismo día de la conferencia de prensa donde Kicillof informaba oficialmente el acuerdo con el Club de París es otro ejemplo de cómo calma el dolor, frente al infortunio, el poder despotricar contra alguien.
También son demasiado humanos quienes, antipatizando con el Gobierno, sólo ven en el acuerdo con el Club de París que no se consiguieron quitas y que se pagaron intereses vencidos y a tasas mayores a las que si se hubiera negociado antes o aceptado la auditoría del FMI.
Por el contrario, las dos noticias coincidiendo en el mismo día son muy positivas para la Argentina. Ambas muestran racionalidad y lógica. Se juzga a quien se debe juzgar (disipando los temores de que la Sala I de la Cámara Federal anule los testimonios en la causa Ciccone). Y resuelve una deuda que afectaba el crédito tanto del Estado como de privados.
Y si hay algo de qué lamentarse de estas dos noticias es que no se hayan producido antes. La primera denuncia de corrupción que llegó a la Justicia fue el caso Skanska en 2007. Y también desde la presidencia de Néstor Kirchner, la falta de inversión extranjera viene obligando al Estado a compensarla con inversión pública, en sus distintas formas de demanda agregada, que financiada con emisión desembocó en alta inflación y en la actual estanflación.
La indagatoria de Boudou y el acuerdo con el Club de París comparten un elemento fundamental para construir una sociedad civilizada: seguridad jurídica.
Hace pocos días las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich (del PRO y aliada del PRO) denunciaron una operación del kirchnerismo para hacer con el juez Ariel Lijo lo mismo que se hizo con el fiscal Campagnoli, apartándolo, en su caso, de la instrucción de la causa Ciccone porque iba a llamar a Amado Boudou a indagatoria, lo que finalmente terminó haciendo.
Los temores se apoyaban en que la misma Sala I de la Cámara Federal que evaluaba el pedido de la defensa de Boudou para que se declaren nulos los testimonios de los ex dueños de Ciccone (quienes igual siempre hubieran tenido que volver a declarar en el caso de ser citados a indagatoria como ahora sucedió) ya había apartado al anterior juez de la misma causa por pedido de los abogados de Boudou, en aquella oportunidad, al juez Daniel Rafecas, lo que en el caso del juez Lijo hubiera sido vergonzoso.
Tampoco la aversión al kirchnerismo debe hacer ver a los Ciccone sólo como víctimas, y en ese sentido pareciera también bien encaminado el juez Lijo al llamar a indagatoria no sólo a Boudou y a sus allegados, sino, en el mismo carácter, a los ex dueños de Ciccone.
Como es tan humano que la animosidad –más aún cuando resulta justificada, como es en tantos casos con este Gobierno- influya en el pensamiento, hay que hacer un esfuerzo especial para que las emociones no impidan una mínima equidad que permita distinguir lo bueno para el país, aunque también pueda serlo coyunturalmente para el kirchnerismo. El mejor ejemplo es la valuación de la indemnización a Repsol por la estatización del 51% de YPF, que más allá de todo lo criticable al Gobierno, no se puede negar que terminará valiendo mucho más de lo que se está pagando.
Lo mismo el acuerdo con el Club de París: no tiene el kirchnerismo mucho de qué sacar pecho porque es cierto que se avino a todas las exigencias de los acreedores, pero sí será algo muy bueno para el próximo gobierno, que gozará de las inversiones que puedan venir, ya que casi ninguna llegará a tener efectos antes del fin del ciclo kirchnerista. Lo preocupante sería que Kicillof, creyéndose más fuerte, arremeta contra Fábrega (hay versiones sobre un decreto que pondría techo a las tasas de interés en no más del 30% sobre la tasa Badlar, promedio de lo que reciben los depositantes).
La situación del kirchnerismo no será fácil. Ni Menem, con todas las pruebas de corrupción que su gobierno acumuló durante sus diez años, tuvo que enfrentar un año y medio antes de dejar el poder la posibilidad de tener un ministro procesado. Mucho más grave aún es que sea el vicepresidente.
El eventual procesamiento, posterior juicio político y destitución del vicepresidente marcarían un hito en la historia política argentina, como fue la destitución de Collor de Mello, que marcó para siempre el proceder de los presidentes en Brasil y recientemente la cárcel para José Dirceu, mano derecha de Lula y principal dirigente del partido del gobierno, el PT.
Le falta a la democracia argentina una Justicia con un protagonismo político mayor, como hubo en Brasil o en Italia, donde fueron los jueces italianos quienes con el proceso llamado mani pulite (manos limpias) terminaron con un sistema político que hasta llegó a ser bautizado en lo que podría ser traducido como “sobornolandia” (“tangentopoli”: tangente es soborno en italiano) y concluyó con el ex primer ministro Bettino Craxi partiendo al exilio y muriendo en Túnez sin haber podido regresar nunca a su país.
La semana pasada, la nueva embajadora de Italia en Buenos Aires, Teresa Castaldo, reflexionaba con tristeza sobre cómo muchas veces los italianos apesadumbrados con sus gobiernos terminaban criticando a Italia como nación autoinflingiendo daño a la imagen de su propio país en el exterior, porque también Italia precisa de inversiones externas y de un perspectiva razonablemente favorable.
No debemos cometer el error inverso: confundir Gobierno con Estado. Tanto sea para apoyar aquello que resulte bueno para el país, aunque beneficie al kirchnerismo, en el caso de los opositores; como la independencia de la Justicia, aunque procesara a un kirchnerista, entre sus partidarios honestos.
