El Informe Bruntland (1987) fue una iniciativa surgida en el seno de las Naciones Unidas por una comisión internacional encabezada por la ex primera ministra de Noruega Gro Harlem Bruntland, para dar respuesta a los desafíos que planteaban problemas en el medio ambiente como efecto en el descontrol de los procesos industrializados. Y en dicho informe aparecía por primera vez el concepto de sostenibilidad, hoy un término imprescindible en el arsenal retórico de la comunidad financiera internacional, y al que se hizo referencia en el comunicado que la misión del FMI dio a conocer luego de su viaje de sondeo.
El concepto implica encontrar un equilibrio entre las necesidades de la ciudadanía actual y los niveles de bienestar de la generación futura, entendiendo que existe un intrincado sistema de interacciones que hacen inviables las soluciones mágicas que solo atacan al eslabón visible de la cadena o las de fondo que se asientan sobre voluntarismos sociales. El comunicado del Fondo avalaba el punto sostenido por el Presidente que del pantano económico en el que está sumida Argentina era imposible salir sin un replanteo del tema de la deuda que, en su mirada, ahogaba las posibilidades de crecimiento económico, invitando a los acreedores privados (más del 70% del total) a que reestructuren sus acreencias. Lo que no mencionó es qué era lo que el mismo FMI (y por extensión otros organismos internacionales también acreedores) pondría de su parte y qué cambios sugería realizar al propio Estado para que la historia no vuelva a repetirse.
Si el Gobierno tomó debida nota de la situación y alineados con el concepto de la sostenibilidad, pensar en el bienestar en el mediano plazo requiere un paso indispensable, como fue el haber expresado un Nunca Más a contraer compromisos imposibles de cumplir. Pero sería incompleto si no se integra a las tareas pendientes para transformar las insostenibilidades que la economía argentina vino acumulando en las últimas décadas o al menos desde la restauración democrática de 1983:
◆ Estancamiento económico: la bajísima tasa de crecimiento de los últimos cuarenta años hace incompatible los ensayos de política económica.
◆ Pobreza estructural: las políticas redistributivas fracasaron porque en este período han multiplicado la cantidad de personas en situación vulnerable.
◆ Problemas de empleo: desempleo abierto, sumado al subempleo y a la informalidad laboral.
◆ Fragmentación laboral: coexisten diversos sistemas, normas y métodos retributivos con rigideces.
◆ Debilidad fiscal: en más del 90% de los años el Estado nacional pero también la gran mayoría de los provinciales incurrieron en déficits crónicos.
◆ Financiamiento de emergencia: para cubrir sus rojos, utilizaron sistemas de financiamiento a corto plazo, con tasas muy superiores al promedio del mercado y, de hecho, excluyeron al sector privado de recursos financieros.
◆ Madeja impositiva: más de un centenar de impuestos nacionales entorpecen la actividad productiva y siembran desconcierto. Una invitación a la evasión.
◆ Presión fiscal: además, la presión impositiva promedio es muy alta (combinada, más del 40% del PBI) pero es aún más alta sobre los que sí pagan.
◆ Bajo estándar educativo: el desempeño educativo argentino retrocedió en los test internacionales, un problema proyectado al futuro próximo.
◆ Inviabilidad del sistema previsional: cambios demográficos, laborales, de ciclos de vida y expectativas, no fueron recogidos institucionalmente, arrojando inequidades, bajas prestaciones y desconfianza.
Durante o después de las negociaciones por la deuda, estas son algunas de las cuestiones que merecen ser tenidas en cuenta, en un examen de sostenibilidad de la economía argentina. Y luego convencer y consensuar para un camino crítico a seguir.
