Es sabido que nadie puede elegir el día ni la época para morir; pero en algunos casos pareciera que quien termina su tiempo en esta vida decidiera hacerlo por algún motivo en particular. Si Julio César Strassera hubiera podido decidirlo, tal vez hubiera elegido precisamente esta coyuntura, en la que los “fiscales” se han convertido en protagonistas de la vida institucional del país.
Julio César Strassera, el fiscal acusador de los militares que condujeron los destinos de la Argentina entre 1976 y 1983, y que logró que la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional los condenara, nunca dejó de ser fiscal. En efecto, hasta que su vida se apagó fue denominado de ese modo, porque todavía seguíamos identificándolo como el “fiscal Strassera”.
No sabemos aún cuál será el lugar que la historia le deparará a Alberto Nisman; sí sabemos, en cambio, el que ya le ha deparado a Julio César Strassera (“el fiscal”), porque difícilmente pueda borrarse de la memoria colectiva aquella frase emblemática con la que el 14 de agosto de 1985 cerró el alegato final ante los jueces del tribunal federal: “Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria; quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más”.
Ese “Nunca más” constituyó un grito emocionado cuyo objetivo fue evitar que, en el futuro, se repitiera la historia vivida por los argentinos durante los veintidós años que entre 1930 y 1983 se consumieron al amparo de gobiernos de facto, particularmente durante los siete años y medio de la última dictadura militar, en los cuales quedó sepultada la vigencia de los derechos humanos.
Sin embargo, a la luz de lo ocurrido en los últimos años en la Argentina, es probable que ese “Nunca más” vociferado por Strassera requiera una adecuada actualización y se convierta ahora en una nueva exigencia y en una necesidad: que la custodia de los derechos humanos que tanto defendió desde su actuación en diversos organismos internacionales (así como desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de cuyo consejo de presidencia formaba parte) no constituya la bandera de algunos sectores de la vida política del país que, creyéndola propia, la utilicen políticamente cuando su resguardo y vigencia es una causa de los cuarenta millones de argentinos.
El “fiscal” Strassera apoyó la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (ocurridas durante el año 1998), como también su polémica anulación en agosto de 2003 durante la gestión de Néstor Carlos Kirchner, pero no por ello dejó de advertir que algo estaba pasando con la expresión “derechos humanos”, cuando acusó a este gobierno de dilatar intencionalmente las causas de lesa humanidad en trámite, argumentando que lo hacía para adueñarse de aquéllos y convertir su defensa en bandera propia.
El 9 de diciembre de 1985, a instancias de la acusación formulada por Julio César Strassera (secundado por Luis Moreno Ocampo), la Cámara Federal dictó una sentencia que, aun siendo polémica, por cuanto se esperaba que fuera más severa, significó un antes y un después en materia de reconocimiento de los derechos humanos, en la medida en que se trató, desde los Juicios de Nuremberg, del primer proceso en contra de militares por el asesinato masivo de personas, y el primero desarrollado por un tribunal civil.
Desde 1812, cada 27 de febrero la Argentina conmemora un nuevo aniversario del primer izamiento de la bandera nacional, en la Ciudad de Rosario, por parte de Manuel Belgrano (su creador). Desde el próximo año 2016, los argentinos también encontraremos ese día, aniversario mediante, un motivo más para recordar a Julio César Strassera, fiscal que tuvo la valentía de denunciar formalmente la violación sistemática de los derechos humanos por parte de quienes habían detentado el poder político estatal. Su legado histórico es claro: la preservación de los derechos humanos ha de ser una obligación de los Estados, cuyos gobernantes nunca más se apoderarán de esa bandera cuyo izamiento sólo corresponde a la sociedad en su conjunto.
*Profesor de Derecho Constitucional UBA, UB y UAI.
