Al igual que la conferencia de prensa del trío Peña-Aranguren-Garavano tras el mazazo de la Corte Suprema contra el tarifazo del gas, ayer el Gobierno intentó dar la imagen de que acá no pasó nada y salió a timbrear hogares, en una práctica ya prevista y de probado éxito, según los gurúes del marketing político PRO.
Ojalá que tocar timbre ayude a Mauricio Macri y al equipo, como les gusta autoproclamarse, a levantar cabeza de las peores 48 horas de la actual gestión.
Si algo faltaba para completar un escenario oficial muy complejo, fue el sorpresivo y extraño desplazamiento del jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, tal como se contó ayer y se amplía hoy en esta edición de PERFIL.
Si lo del funcionario aduanero tiene tintes que nada tienen que envidiarle a una buena película de intriga, la sentencia de la Corte ha provocado dentro del Gobierno efectos propios de un film de catástrofe.
Los pases de factura internos están a la orden del día. Y circulan a través de una doble vía.
Por un lado, se apunta a los vasos comunicantes formales e informales de la administración Cambiemos con la Corte. A ellos se les achaca, con mayor o menor precisión, la responsabilidad de haber informado erróneamente al Presidente de cómo iba a fallar el principal tribunal del país. En el medio de ese revoleo están salpicados Germán Garavano (ministro de Justicia), Pablo Clusellas (secretario de Legal y Técnica), Carlos Balbín (procurador del Tesoro), Pepín Rodríguez Simón (asesor jurídico) y José Torello (jefe de asesores), entre otros.
Según algunos allegados, Macri se siente “traicionado”, especialmente por Ricardo Lorenzetti, al que recibió en la Casa Rosada hace unas semanas y no hablaron sólo de temas institucionales, como luego se dejó trascender al conocerse la reunión. Pero además el jefe del Ejecutivo analiza reformular las vías de transmisión con la Corte, lo que hará una vez que pase la tormenta, según aseguran en su entorno.
Lo que también explotó fueron las reprimendas sobre aquellos que diseñaron el plan de aumentos tarifarios ahora dinamitado por la Justicia. Vuelven a caer en la volteada los expertos legales del Gobierno. Y se suman el ministro Aranguren, los vicejefes de Gabinete Gustavo Lopetegui y Mario Quintana y hasta el mismísimo Macri, que asumió el alza tarifaria casi como algo personal. Roberto García, en PERFIL, la comparó con la obsesión de Néstor Kirchner por la resolución 125.
El vendaval no sólo puede quedar en evidencia con la decisión del Gobierno de que Aranguren no fuera ayer expuesto en el timbreado. Anteayer, viernes 19, la consultora Economía & Regiones fundada por Rogelio Frigerio, actual ministro del Interior, difundió su habitual informe semanal con una inusual y curiosa diatriba –para un reporte técnico– contra la sentencia de la Corte. “Este fallo agrega confusión y es ineficiente desde el punto de vista fiscal, energético y económico. (...) Agranda las distorsiones de precios relativos y las inequidades sociales. (...) Afecta negativamente las inversiones comprometidas. (...) Obliga al Gobierno a las transportistas y distribuidoras alguna asistencia económica. (...) Esto aumentará el déficit fiscal, que sería financiado con más deuda e impuesto inflacionario (...) La deuda sería pagada por nuestros hijos con menos educación y salud pública en el futuro”. Guau.
Más allá de sangrar por la herida y de mirar la paja en el ojo ajeno, en este caso en el de la Corte, sería recomendable que el Gobierno haga su autocrítica y construya un camino viable económica y socialmente para actualizar tarifas que son “regaladas”. Eso es lo que se hace en cualquier país que quiere ser normal.
