El viernes a la noche, gracias al discurso del Presidente, los argentinos nos enteramos de que la pandemia nos había afectado gravemente. Fernández pidió algo difícil de conseguir: responsabilidad social. Lo que se pide escasea, porque vivimos en un continuado de excepciones y de transgresiones que han pasado soberanamente impunes.
“Hacéte amigo del juez” es uno de los consejos del Viejo Vizcacha a los hijos de Martín Fierro, que son unos pobres gauchos. La moral kirchnerista, aunque tiene mucho del Viejo Vizcacha, invierte el sentido del consejo citado: el deber del juez es ser amigo no de pobres gauchos sino de funcionarios y exfuncionarios que conservan vínculos con el poder.
Hay que convertir en amigos a quienes puedan perjudicarnos. A esto algunos lo llaman “diálogo que supera el conflicto”. Otros lo sindican como oportunismo y falta de principios. Pero ¿quién pone hoy a los principios como base de la acción? La pregunta misma parece exhibir un principismo ciego a las circunstancias, un principismo que no entiende de política. Los trapicheos en el Senado para el reemplazo del fiscal general muestran que el principismo se agota donde mandan los intereses.
Del fiscal general depende que las causas lleguen cuidadosamente ordenadas al lugar y momento del juicio. Por esa razón estratégica, el kirchnerismo empuja una reforma del Ministerio Publico Fiscal, para desplazar al procurador interino Eduardo
Casal y también cambiar la exigencia constitucional de los dos tercios del Senado para lograr ese fin, que, como todos los fines, hoy se relaciona con las causas de Cristina Kirchner.
Hay que convertir en amigos a quienes puedan perjudicarnos. Algunos llaman a esto oportunismo
Alberto Fernández mencionó a Daniel Rafecas como nuevo candidato a Procurador General de la Nación, pero Rafecas dijo que, si se cambian los necesarios dos tercios del Senado, no aceptaría esa designación. Escribió en las redes que pasar por encima de los dos tercios y ser elegido solo por mayoría simple es para él un límite insuperable.
Derechos y deberes. Hace muchos años, Esteban Righi me explicó, con la claridad que tenía su saber cuando se dirigía a los legos, la importancia del Procurador General. Righi no solo era titular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UBA. Había sido el ministro del Interior de Cámpora durante breves cuarenta y cinco días, cuando pronunció, frente a la Policía, un discurso famoso. Asombrados, los argentinos escucharon en 1973: “La Policía tendrá nuevas obligaciones y quiero enumerar algunas de ellas. Tendrá la obligación de no reprimir los justos reclamos del pueblo. De respetar a todos sus conciudadanos, en cualquier ocasión y circunstancia. De considerar inocente a todo ciudadano mientras no se demuestre lo contrario. De comportarse con humanidad, inclusive frente al culpable. En la Argentina nadie será perseguido por razones políticas. Nadie será sometido a castigos o humillaciones adicionales a la pena que la Justicia le imponga”.
Todavía emociona y asombra el coraje, porque en ese año de 1973 el Ejército mantenía su poder de fuego, como se demostró en posteriores alzamientos. Y Righi debió exiliarse nuevamente en México. En el Ministerio del Interior duró solo cuarenta y cinco días. Una década más tarde recordó ese momento, combinando, como solo él podía hacerlo, el día a día de la política y las normas legales.
Mucho más sobre la integridad moral y la sabiduría de Righi podría aportar Alberto Fernández, que se consideraba su discípulo. Solo diré para un retrato futuro, que Righi combinaba la suave ironía y la capacidad explicativa, lejos de la pedantería, el cinismo y el populismo cultural. Creyó posible que la transición democrática que comenzó en 1983 fuera una oportunidad, quizá la última, para modificar la resistencia argentina a aceptar la legalidad. Pero la pulsión transgresora es más fuerte que las ideas.
Dos tercios. Hoy Alberto Fernández avanza en la reforma del modo de elección de quien ocupe el Ministerio Público Fiscal. Su proyecto es reducir a una mayoría simple los votos necesarios para ejercerlo. Es clara la diferencia entre los dos tercios y la mayoría simple.
Los dos tercios significan acuerdos entre partidos y fracciones. La mayoría simple puede formarse con los propios y los que acepten deslizarse por razones que, en cada caso, hay que conocer o investigar.
Una mayoría simple quiere decir algo también simple: se forma con los propios viejos y nuevos (que sean viejos o nuevos depende de biografías políticas, deslices insospechados, tratos dudosos o, no hay que excluirlo, súbitos convencimientos). Cuando tantas generalidades se han dicho sobre la tendencia criolla a acentuar los conflictos, hay que señalar que los dos tercios necesarios en el Congreso para implantar cambios importantes serian la demostración de que los intereses personales o provinciales pueden ser dominados para acercarse al bien común.
No es necesario investigar mucho para entender que Alberto Fernández ha aceptado una misión que proviene de su pacto con Cristina. Un buen político siempre teme que la opinión pública reconozca las intenciones ocultas detrás de las ideas manifiestas. Cristina solo desea que no se la incomode con causas; que esas posibles causas caigan pulverizadas y, si es posible, olvidadas para siempre. Quiere entrar blanca y radiante en la historia.
Compromiso. En Venezuela, no hay peligro de que se lleven a cabo estos debates constitucionales y se propongan reformas. El gobierno no cree estar para esas tareas. La situación venezolana ofrece un campo de pruebas para las convicciones políticas. Hay hechos más odiosos que cambiar los principios declarados: hacerlo sin dar explicaciones. Ahora Fernández afirma que el problema de los derechos humanos en Venezuela “va desapareciendo”. O desapareció muy rápido, sin que nos diéramos cuenta, o exagera el informe sobre la República Bolivariana de Venezuela que publicó la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que entre el 19 y 21 de junio 2020 estuvo allí.
Echar al procurador interino y cambiar la mayoría para elegir al nuevo es una estrategia de CFK
Venezuela entusiasmaba a los antimperialistas argentinos, que llenaron estadios en Mar del Plata y Buenos Aires, cuando el comandante Chávez nos visitó. Y todavía sigue entusiasmando, prueba de que algunas vertientes antimperialistas necesitan un reacondicionamiento urgente.
Bachelet se refirió a la escasez de alimentos y a los índices de desnutrición. Ni los programas sociales ni la más limitada distribución de comida a los hambrientos llegan adonde se los necesita. Bachelet registra incluso las declaraciones de quienes dicen que ni la comida ni otros programas incluyen a los opositores: “Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”. Su informe se refiere también a la militarización de las instituciones, las detenciones arbitrarias y las torturas.
El kirchnerismo le contestó, después de unas declaraciones de Felipe Solá que no mostraron la obligatoria hermandad con el régimen venezolano: “Habría que preguntarle al ministro de Exteriores Solá por qué decidimos intervenir en las políticas internas de otros países en una decisión que se contradice con nuestra historia política y dejamos la puerta abierta para que Estados Unidos invada a Venezuela”.
Los que tengan la edad suficiente o no hayan perdido la memoria, recordarán que el Partido Comunista argentino argumentaba del mismo modo cuando se criticaba el gobierno autoritario de Cuba. Las cosas se repiten cuando se repite el imperio de la vieja ideología tercermundista que justifica todo con la amenaza de una invasión norteamericana.
Cristina Kirchner no tiene recuerdos de estos complejos escenarios políticos. No le faltan años para recordarlos. Pero, antes de llegar al gobierno nacional, la familia K no se preocupaba por estas menudencias.
