Resulta un ejercicio interesante imaginar al Gobierno nacional convocando a los partidos políticos con representación parlamentaria para acordar el adelantamiento de las elecciones nacionales en función de una crisis internacional, “cuando el mundo se cae a pedazos y los pedazos se nos pueden caer encima” (palabras de la Presidenta de la Nación cuando anunció el adelantamiento de las elecciones).
La Constitución Nacional marca el camino de la necesidad del consenso para la reforma de cuestiones electorales que quedó establecida en la prohibición de la emisión de decretos de necesidad y urgencia para sólo cuatro casos: en materia penal, tributaria, electoral y sobre partidos políticos.
Este es el mayor argumento que obliga al PEN a enviar un proyecto de ley para adelantar al 28 de junio las elecciones legislativas nacionales y que debe ser aprobada por una mayoría especial en ambas Cámaras.
Es decir que desde la reforma constitucional se ha intentado evitar lo que hoy se trata de hacer: que una mayoría política monocolor circunstancial cambie las reglas de juego del sistema electoral.
En democracia el sistema electoral no representa reglas de juego, es mucho más, es la regla del juego, es la voluntad popular que, expresada libremente en las urnas, significa la esencia misma de la democracia: un hombre, un voto.
Hace cuatro años esta misma fuerza política que gobierna envió un mensaje al Parlamento que votó por unanimidad, donde se estableció el cuarto domingo de octubre como día de votación para las elecciones nacionales. A pesar de esta certeza y conociendo la experiencia nacional, presenté en el año 2005 un proyecto de ley –nunca considerado en el Congreso– que expresaba en su único artículo: “Las normas reguladoras de los procesos electorales y/o del sistema de partidos políticos sólo podrán modificarse hasta el 10 de diciembre del año previo a la realización de comicios generales convocados con el propósito de elegir autoridades nacionales”.
Todo lo que refuerce la transparencia del sistema electoral mejora la calidad de la democracia. Por ello, cambiar el sistema de boletas partidarias por el de “boleta única” y garantizar presidentes de mesas capacitados son herramientas necesarias para realizar un acto electoral transparente que, “lejos de ser un escollo a salvar”, como fue calificado, es el elemento más importante en una democracia donde la voluntad popular es inapelable.
El rol de los partidos políticos en la democracia y en el sistema republicano de gobierno marca la necesidad de reglas claras no sólo en su regulación, sino también en la realización de comicios. Tales reglas deben ser protegidas de toda posible tentación de modificación que obedezca a meros intereses electorales en un momento determinado de la historia.
Desde el punto de vista económico y social, el remedio que se propone con el adelantamiento de las elecciones es peor que la enfermedad. Todos los analistas económicos, incluso el propio gobierno lo ha expresado, coinciden en que el primer semestre de este año será el peor por el impacto de la crisis. No se entiende entonces por qué se introduce justamente en este período el proceso electoral que desatará una campaña que, sin dudas, postergará el tratamiento de los temas fundamentales que preocupan, como el aumento del desempleo, la recuperación del consumo y el de la producción.
Esta medida es, además, errónea desde el punto de vista del interés nacional, está diseñada para conveniencia del oficialismo, es un traje a medida de sus necesidades y no toma debida cuenta de las urgencias que reclama el país.
La sociedad que observa con mayor o menor interés este debate lo hace con la seguridad que el 28 de junio o el 24 de octubre tiene en sus manos y en su voluntad el destino de la Nación.
*Presidente del Partido Socialista y senador nacional por la provincia de Santa Fe.