A excepción de una cesación del mandato por la Justicia Electoral, los caminos institucionales para iniciar una nueva presidencia exigen una gran articulación del Congreso: enmienda constitucional anticipando elecciones, impeachment en el Senado o condena por crimen común en la Corte Suprema (que exige autorización previa de la Cámara de Diputados). Opciones que apuntan a “salidas” distintas para el país: ¿el nuevo presidente sería elegido en forma directa o indirecta?
Quien aprueba el rumbo del gobierno o teme crear inestabilidad política adicional preferirá un camino que lleve a la elección indirecta. Quien cree necesario refundar la legitimidad del gobierno, una elección directa.
Pero ninguno de los caminos garantizará el resultado deseado, en los términos deseados, en el tiempo deseado.
Por la Constitución, si el cargo de Temer quedara vacante, debe haber elección indirecta por el Congreso en un plazo máximo de treinta días. Sería el caso tanto de que hubiera un impeachment como una condena por crimen común. Las reglas para la elección indirecta, sin embargo, son antiguas y confusas, y podrían generar futuras intervenciones judiciales.
Si cesa el mandato, hay aun más incertidumbre. La ley electoral de 2015 estableció la elección directa cuando hubiera una cesación y faltaran menos de seis meses para el final del mandato. Hay una demanda pendiente en la Corte para definir la regla a aplicarse.
Una enmienda constitucional cambiaría el texto para anticipar las elecciones directas. Sin embargo, incluye dilemas jurídicos: ¿sería posible hacer eso con Temer aún en el cargo? ¿Cuál sería la duración del nuevo mandato? ¿Hasta 2018 o más allá? ¿Serían cuatro años, despegando la elección legislativa de la presidencial? Tocaría a la Corte decidir si estos acuerdos violan o no cláusulas inamovibles, como el voto periódico y la separación de poderes.
Dos grupos de dudas, por lo tanto, una apostando al voto popular, otra a la negociación de políticos. En cualquier hipótesis, la Corte decidirá, por sí sola, cuál será la extensión de su propia participación que, hoy sabemos, está muy lejos de garantizar certeza y previsibilidad. En cualquier escenario, entonces, se debe considerar si la intervención judicial podrá colocar en jaque los propios fines que tiene en mente: la estabilidad y la soberanía popular.
*Profesor de Derecho. Fundación Getulio Vargas.
