Más de 950 marchas de jubilados, 400 mil juicios iniciados para que se les reajusten sus haberes y 16 años de degradación del poder adquisitivo de todas las escalas de jubilados y pensionados. Destrucción de la relación haber medio-salario medio y casi 4 millones de beneficiarios percibiendo haberes por debajo de la línea de pobreza no requieren de ningún referéndum o consulta popular vinculante. Estos datos son más que suficientes para dar prioridad en la agenda a las necesidades de los trabjadores pasivos, aplicando como emergencia la recomposición de los haberes y fijando la jubilación mínima en el 82% del salario mínimo vital y móvil. Mientras tanto, es indispensable dar un debate amplio y sin apuros electorales sobre la reforma previsional, porque resulta insostenible continuar con la vigencia de las leyes inauguradas en la segunda década infame de nuestro país, y que tanto el “grupo A” como el oficialismo parecen estar dispuestos a seguir convalidando.
Hasta donde conocemos, la consulta se plantea como objetivos: a) la movilidad de las jubilaciones, b) la recomposición de los haberes y c) fijar el haber mínimo en el 82% del salario mínimo vital y móvil. Pero en el artículo en que se formula la pregunta concreta, el texto no refleja los ítems recién mencionados, sobre todo, omite la recomposición de haberes y no aclara que el 82% sea para el haber mínimo; entendemos y creemos que se trata de un error que se subsanará.
Por su parte, el titular de la Anses asegura que el actual sistema tiene sustentabilidad hasta 2020, con lo que deducimos que seguirán vigentes las leyes 24.241 y 24.463 que instauró el régimen neoliberal y que pergeñó maliciosamente Domingo Felipe Cavallo.
Junto a mi equipo técnico de asesores, le decimos al Lic. Diego Bossio que está equivocado. En 2015, el sistema volverá a entrar en crisis y es por eso que es urgente comenzar a discutir una reforma previsional estructural, tal como lo solicitamos cuando debatimos la ley de movilidad y el oficialismo postergó el tema con un “más adelante”. Luego llegó la reestatización de las AFJP, el oficialismo aceptó la necesidad de una reforma integral, prometiendo su discusión para “más adelante...” y todavía estamos esperando. La recomposición de los haberes y el 82% son una deuda histórica y una reivindicación para este sector, pero nosotros entendemos que es imprescindible discutir la reforma previsional, y en este sentido, desde 2002 tengo presentado un proyecto de ley que propone una reforma estructural e integral al sistema de seguridad social.
La ignorancia abunda sobre este tema y hoy, aquellos que hablan de cuidar la igualdad son los promotores de la desigualdad. Quienes hablan cobran sueldos que se distancian cincuenta veces de la jubilación mínima en el caso del titular de la Anses; de treinta veces, como es el caso de Néstor Kirchner con su legítima jubilación de ex presidente que equivale al máximo salario de un ministro de la Corte suprema; o tienen leyes especiales de jubilación que les asignan el 85% del salario y no del mínimo vital y móvil que solicitamos para el común de la gente, como es el caso de los científicos del Conicet.
El haber medio de jubilaciones es de $ 1.200, por lo tanto, no hay muchos beneficiarios que perciban $ 4 mil y que les corresponda el ajuste de Badaro y Sánchez. Quienes perciben esos beneficios o más, lo hacen por leyes especiales, como científicos, docentes, etc. Además, cabe aclarar que los haberes previsionales tienen un tope máximo de cobro y la recomposición de los haberes por los fallos Badaro y Sánchez no implica quitar los topes de las jubilaciones máximas.
Actualmente, la jubilación máxima es de $ 7.666,37. Por eso, hay que tener en cuenta que los estudios que difunden en diversos medios, tanto el científico del Conicet como el titular de la Anses, aplican la ley vetada sin tomar en cuenta los topes e incluso a las jubilaciones máximas. ¿Ignorancia o mala intención? Cualquiera fuera la respuesta es grave y alarmante.
Si hablamos de desigualdad (como lo hacen representantes del Gobierno) hay que decir entonces que la supuesta igualdad que ellos defienden es la de haber concentrado tantos beneficios en el haber mínimo y achatado la pirámide de los haberes, haciendo que la gran mayoría de los jubilados perciban ingresos por debajo de la línea de la pobreza.
*Abogada previsionalista y legisladora porteña del Proyecto Sur.
