La deposición de la vicepresidenta Cristina Fernández denostando al Poder Judicial provocó escalofríos. No se trata de analizarla con relación al proceso sobre corrupción en la adjudicación de la obra pública donde está imputada sino porque entierra todas las posibilidades de rescatar a los miembros de la Justicia. La vicepresidenta Fernández no ahorró palabras para criticar los procedimientos y denunciar la complicidad del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo para atacar a los enemigos políticos. Esta maquinaria organizada por el Poder Ejecutivo con el propósito de presionar para forzar las sentencias y castigar a los opositores solo puede definirse como conspiración.
La sociedad ya había expresado su insatisfacción con el funcionamiento del Poder Judicial. Existe un manto de sospecha no solo en las intervenciones relacionadas con la estructura política sino que también alcanza a la vida diaria de los ciudadanos. Un manto de sospecha que fue acrecentándose con el tiempo cubre a todos los personajes. Esa suspicacia social fue confirmada por la vicepresidenta Fernández en una exposición muy bien estructurada para no dejar dudas sobre la ilegalidad de las acusaciones y analfabetismo de jueces y fiscales.
La vicepresidenta Fernández no mencionó los intentos para organizar en el Poder Judicial una extensión de su movimiento político denominado Justicia Legítima, que tampoco ahorró esfuerzos para exhibir su identificación. La politización de la Justicia es contradictoria con el propósito de contar con una Justicia independiente que responda a los criterios que marca la ley.
Las motivaciones políticas expuestas no pueden ser ignoradas por los miembros de la Corte Suprema de la Nación, que son los responsables del Poder Judicial. Las críticas a la Justicia ensucian al órgano superior, que no habría hecho nada para alinear a los miembros del Poder Ejecutivo dentro de la legalidad. Por cierto, es difícil pedirle algo a la Corte Suprema cuando está alcanzada también por las sospechas de parcialización política; los miembros disfrutan con el coqueteo político que se transmite a los niveles inferiores. La vanidad es un componente de la personalidad y es muy difícil sustraerse a esos devaneos cuando la estructura política promueve esa permisividad.
Las declaraciones de Cristina Fernández son contundentes. La Argentina no tiene Poder Judicial. La Argentina no tiene una Justicia independiente. La Argentina tiene jueces y fiscales que pueden ser alquilados por el poder de turno para agraciarse y beneficiarse de las prebendas del poder. Este diagnóstico obligaría urgentemente a formular una reestructuración para poner de pie un poder que es imprescindible para el funcionamiento democrático de la Nación. El alegato no solo toca las motivaciones políticas; la profundidad de las acusaciones afecta también al sistema económico. Las empresas invierten en los países donde existe seguridad jurídica y estabilidad de las reglas para garantizar su patrimonio y funcionamiento. Si las interpretaciones de la Justicia están sujetas a las presiones del Poder Ejecutivo, será muy difícil construir un marco de confianza para alentar las inversiones privadas. El rompimiento de las reglas desconociendo compromisos anteriores y la inexistencia de la Justicia son una combinación explosiva que podría empujar aun más al país al ostracismo.
La Corte Suprema de la Nación, con sus divisiones políticas, no se dará por aludida ante el tembladeral provocado por las acusaciones de la vicepresidenta Fernández y confirmadas después por el presidente Alberto Fernández. El país no tiene Poder Judicial. Todo lo que haga o deje de hacer estará sujeto a interpretaciones maliciosas desprovistas de legalidad. La Corte Suprema podrá mirar a otro lado pero la coyuntura reviste una extrema gravedad y no se vislumbra ninguna salida con sustento que pueda revertir el daño infligido a la credibilidad de los ciudadanos.
*Diplomático.
