El Tribunal de Ética Judicial resolvió elevar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) los antecedentes de la jueza Civil de Competencia Múltiple de Río Segundo, Susana Martínez Gavier, por presunto mal desempeño en sus funciones a raíz de diferentes aspectos éticos de su conducta.
Si bien la magistrada fue sobreseída en una causa penal, esas faltas la colocan ante un posible juicio político. Como el Tribunal de Ética no tiene la facultad de solicitarlo, decidió elevar los antecedentes que consideró “suficientemente graves”.
La intervención del cuerpo sucedió a partir de que el juez de Control de Alta Gracia, Claudio Lasso, sobreseyó a Martínez Gavier de varias denuncias en su contra. No obstante considerar que su conducta no configuró delito, entregó los antecedentes de la causa al tribunal encargado del control deontológico de jueces, fiscales y funcionarios judiciales.
Las acusaciones contra Martínez Gavier referían a estrechos vínculos con el exintendente de Pilar, Diego Bechis, en momento en que fue imputado y detenido junto a funcionarios y concejales de esa localidad. La relación incluía conversaciones que quedaron reflejadas en WhatsApp, donde había un trato de confianza en los que la jueza llegó a asesorar al funcionario sobre la estrategia a seguir en el expediente penal donde se lo acusaba.
Otra conducta reñida con la ética fueron los improperios que, en esas mismas charlas, emitió refiriéndose a la fiscal de Instrucción, Patricia Baulíes, cuando imputó a Bechis, a quien calificaron de ‘HDP’”.
Pero, además, en los trámites de las causas civiles bajo su jurisdicción se identificó un sinnúmero de correos electrónicos de los que se deduce que había proyectos de resolución redactados por Cristian Julio Moyano, en aquel momento abogado del municipio, quien también resultó condenado junto al exintendente por defraudación a raíz de la cesión de terrenos comunales.
Dádivas. El organismo deontológico de magistrados y funcionarios consideró que del expediente penal contra Martínez Gavier y de las manifestaciones de la propia jueza se comprobó que recibió de regalo de parte de Bechis una mesa de madera. Opinó que esta “cortesía” está reñida con las normas éticas que rigen a la magistratura.
Ser y parecer. En su descargo, la magistrada dijo que mantenían un vínculo exclusivamente “funcional” con el intendente Bechis. “No obstante sus dichos -analizó el Tribunal de Ética-, de las capturas de pantalla surge claramente que en algunas oportunidades trataban cuestiones que iban más allá de lo funcional. Nótese que (Diego Bechis) estaba imputado penalmente y en las ocasiones que la fiscal dispuso medidas que podrían causarle cierta preocupación como detención, allanamiento etc., recurrió a la magistrada, incluso ella en algunos mensajes le mencionó: ‘Si necesitás algo sabés que yo siempre voy a estar’”. Si bien ella no tenía injerencia en el fuero penal -aclaró el tribunal- ninguna cuestión funcional podría incluir este tipo de conversaciones. “A los jueces se les impone no sólo ser imparciales y equidistantes sino también exteriorizar tales cualidades”, enfatiza la resolución.
Juzgado paralelo. Al analizar los hechos, el Tribunal de Ética advirtió que el abogado Cristian Moyano “habría elaborado dichas resoluciones y la jueza dictado los fallos; incluso, en algunos casos en idéntico sentido al que el abogado proyectaba sin realizar ninguna modificación esencial. En sede penal se dijo que no hubo cohecho”, pero sí existió falta de dedicación y diligencia. La resolución del Tribunal de Ética también incluye la elevación al TSJ de los antecedentes de quien era la prosecretaria del juzgado en el momento de los hechos.
