La pandemia desatada por COVID-19 y sus derivaciones colocaron a la Justicia provincial ante un desafío de características extraordinarias. Si bien hay que reconocer que en los últimos años se ha invertido dinero y trabajo en la digitalización, en algunos fueros -como el Penal- todavía está lejos de alcanzarse el objetivo.
No obstante, la decisión del aislamiento social obligatorio en forma intempestiva llevó a las autoridades a tomar medidas, también inmediatas. Desde el primer día la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Marta Cáceres de Bollati, sostuvo que el receso extraordinario en los tribunales “no es una feria”, que magistrados y funcionarios trabajan desde su hogar y, en ese sentido, se montaron estrategias para continuar la tarea judicial.
Una de las más importantes es la modalidad de teletrabajo. Otras son: la recepción de denuncias a través de correo electrónico o teléfono, la realización de indagatorias por videoconferencias y hasta juicios por la misma vía y similar instrumentación. Pero el Fuero Penal tiene procedimientos específicos. Y sobre eso plantean no pocas objeciones abogados defensores.
Más allá de posiciones que evidencian internas en el seno de los colegiados, varios cuestionamientos son atendibles.
Gustavo Núñez, abogado de matrícula, fustigó la publicidad que se hace sobre el teletrabajo. “Puede haber comunicación entre un juez y una mesa de entrada para decisiones de corto vuelo o urgentes, como medidas de restricción, pero eso no es trabajo. Para ser efectivos hay que tener expedientes en mano. El expediente digital no existe, está en sus albores”. Y reseñó una serie de carencias en las fiscalías donde, dijo, no hay lectores de CD o pendrive ni escáner. “¿De qué justicia electrónica hablan? Es una entelequia”, opinó.
Núñez es uno de los firmantes, junto a otro grupo de abogados, de un documento que se publicó días atrás bajo el título ‘Arbitrariedad endémica’. También piden que se declare a la Justicia como un servicio esencial.
Sobre las objeciones, el letrado explicó: “Donde falla todo el sistema es en la parte instrumental. Si no hay presencia física del juez con su secretario, la actividad judicial no se está practicando”. “Acá se cerró todo”, señaló y comparó la situación de la Justicia cordobesa con la bonaerense en la que hay turnos con presencia activa de magistrados y funcionarios, que se diseñó a partir de una mesa de diálogo que estuvo integrada por la Corte de Justicia provincial, magistrados, ministerio público y abogados.
También apuntó contra la publicitada instrumentación de juicios por videoconferencias. “Con tal de tener estadísticas de audiencias realizadas, hacen juicios que yo llamo pret a porter, como la moda”. “Son juicios que van directo a una condena, sin posibilidad de discutir los hechos ni la participación de los acusados”, continuó alegando en contra de su instrumentación.
Núñez agregó que hay presión por parte de los tribunales para que los abogados se presenten y, caso contrario, les advierten que serán reemplazados por asesores letrados.
TESTIMONIO: "“No le pude explicar a mi defendido qué era lo que pasaba”
Darío Martínez es el abogado de un acusado que fue sometido a uno de los juicios por videoconferencia realizados en los últimos días. Era un caso por comercialización de estupefacientes donde había tres enjuiciados, entre los cuales se encontraba una mujer. Todos permanecían detenidos en la cárcel de Bouwer.
Fueron sentenciados a tres años de prisión de ejecución condicional y el mismo día del juicio recuperaron la libertad. Lo curioso fue que la audiencia se celebró un día feriado, el Viernes Santo.
Martínez relató cómo sucedió la convocatoria y cómo se desarrolló la audiencia. “El jueves 11 de abril me llamó el secretario de la Cámara 6° del Crimen -comenzó la crónica- y me dijo que debía estar en tribunales a primera hora del día siguiente; que si no asistía pondrían a un asesor letrado para la defensa de mi cliente”. Y prosiguió: “No puse obstáculos, no iba a permitir que un asesor se lleve los laureles después de un año y ocho meses de trabajo, y también para poder cobrar mis honorarios”.
Inicialmente, él debía ir al locutorio que hay en Tribunales II pero se planteó un problema. Solo había espacio para dos abogados y en este caso eran tres. Además de los dos particulares estaba presente un asesor letrado. Así, se realizó una negociación hasta la una de la madrugada y se decidió que el asesor letrado asistiera a la audiencia por video, pero desde su hogar.
El juicio comenzó el viernes 12 de abril a las 11,30. Finalmente, los letrados particulares fueron los únicos que debieron trasladarse físicamente pero no a tribunales sino al Colegio de Abogados para asistir a sus defendidos desde los locutorios existentes. El vocal de Cámara, Pablo Brandán y el fiscal Martín Berger permanecieron en sus hogares.
“La conexión no fue muy fluida, había cortes”, comentó Martínez y añadió que lo peor que le pasó fue que no pudo comunicarse previamente con su cliente -un hombre de 65 años- para asesorarlo, ya que al ser videoconferencia todos podían escuchar.
El juicio duró aproximadamente una hora y media. Se leyeron los hechos, se incorporó la prueba por su lectura, se realizaron los alegatos y se leyó la sentencia. ¿Si esta misma audiencia hubiera ocurrido en épocas normales habría sido igual? “No”, respondió Martínez “porque no pude explicarle a mi defendido qué pasaba”.
Martínez participó el jueves pasado de dos indagatorias a hermanos detenidos, uno en Bouwer y otro en la UCA por un hecho de tenencia de armas de guerra. Uno lo llamó antes del trámite y pudo aconsejarlo, pero con el otro no pudo hablar. En ese sentido, consideró que “se están vulnerando los derechos”.
