“Necesitamos más acceso a la información respecto a los hechos delictivos. Los últimos datos de Córdoba son de 2020, y parcialmente de 2021. Hay una demora en la carga. En el siglo pasado esas temporalidades eran aceptables, pero no en la actualidad. Así podrían hacerse análisis más finos”, dice Valeria Plaza en diálogo con este medio al ser consultada sobre el actual estado de cosas en la provincia.
Con esa advertencia, para Plaza, las transformaciones del delito en los últimos 20 años importan más en relación con el cambio de las modalidades que con la cantidad de hechos: “muchas veces en los delitos violentos aparecen situaciones donde la violencia no es instrumental. Es decir, podrían haber obtenido el mismo bien sin ejercerla, o bien se ejerce y no sustraen nada. Y esto indica que la violencia regula nuestras sociedades contemporáneas”. Desde una perspectiva sociológica, aporta: “Algunos sujetos tienen más herramientas para manejarlas y otros la expresan de manera irracional. Por ejemplo, se da un robo a un jubilado con golpizas y una se pregunta por qué, qué necesidad había de hacerlo. Y no son monstruos alejados de la sociedad, sino que son sujetos que están en contextos cada vez más violentos y, por lo tanto, diría que es la crónica de la muerte anunciada. Esto iba a pasar y lamentablemente si no hay políticas públicas que intervengan en la prevención de la violencia ya, creo que esto va a seguir profundizando”.
En lo relacionado con las comparaciones que se realizan, Plaza agrega: “hay otros contextos urbanos donde los datos de homicidios violentos son mucho más altos que Córdoba, que no es una provincia alarmante en ese índice. Si tienen un crecimiento preocupante los atentados contra la propiedad, pero si los comparamos con el Rosario no. Son números más o menos manejables, aunque no para quedarse sentados, sino mirar de qué manera interviene el estado y qué reclamamos los ciudadanos para evitar llegar a estos contextos”.
—¿Hay alguna correlación entre la crisis que generó la pandemia y la crisis económica en relación con el delito?
—Lo que venimos estudiando es que no hay grandes variaciones que tengan que ver sólo con la situación del encierro, pero se ve el crecimiento de cierto tipo de delitos en función de las crisis sociales. No quiere decir que el delito esté asociado a la pobreza, pero los contextos de mayor exclusión social, de crisis institucional, de ruptura de los lazos sociales, hacen que se incremente la violencia urbana y los delitos.
—En lo que refiere a la prevención, ¿qué observa en función de algunos gestos de las autoridades del poder político y lo que podría funcionar?
—La prevención es un modelo interesante de abordar y también la represión inclusiva. La propuesta es una combinación de ambos paradigmas porque hay hechos que no se pueden abordar sólo desde la prevención, sino que requieren de la represión. En concreto, con un homicidio necesitás un Estado que reprima eficazmente y sancione esa conducta. En cambio, en situaciones de exclusión social, pero también de violencias territoriales, con la represión sola no lo vas a resolver, necesitan estrategias de prevención.
La alerta de muchos autores es que muchas veces los estados que tienen a cargo la seguridad apelan a la seguridad preventiva casi como un maquillaje, con muy poca incidencia y con escasa articulación con las políticas represivas. Entonces aparecen acciones aisladas, marginales, siempre son pruebas piloto… Y no llegan a producir efectos porque están diseñadas para el fracaso. Lo que pasó en América Latina, y en Argentina en particular, es que se importaron medidas de otros contextos con mejores niveles de inclusión social y muchas veces fracasaron porque son copias baratas de esos proyectos con subejecución presupuestaria y, además, porque es un contexto distinto y, por lo tanto, necesitamos análisis más localizados.
— Hay otra arista referida a otro tema que trabaja, que tiene que ver con la violencia institucional, cuál es su perspectiva del caso Blas. ¿Nota una pérdida de confianza también en la institución policial, en las fuerzas de seguridad, a partir de lo que sucedió con este crimen policial?
— La investigación judicial del caso está bastante avanzada. Y va a haber condenas significativas. Y lo señalo porque el proceso era necesario para fortalecer esa confianza que se vio resquebrajada. Se celebra la condena, pero hay que ver el contexto: no fue un caso aislado. Hubo otros de modalidades muy parecidas y con escasos niveles de investigación y con condenas poco satisfactorias.
— Se suelen centrar las críticas sólo en el accionar policial y se deslinda en lo discursivo al resto de los poderes de las políticas de seguridad. ¿Qué piensa de esta percepción de un modelo que parece integrado por tres entes aislados, como si no participaran todos en conjunto? ¿Es una desinteligencia o una estrategia de comunicación?
— Hay dos condimentos importantes: un poder político que hace más de 20 años que está, no son recién llegados. Por lo tanto, es el fracaso de la política sobre una fuerza (la policial) armada y con una lógica propia, pero que, sin embargo, sigue siendo una fuerza estatal. Es decir, si el mismo estado no puede accionar, entonces el fracaso es de quienes votamos. Por otro lado, reflexionando desde el otro lado, lo que son responsables entre los ciudadanos son los sujetos pasibles del voto. No votamos comisarios, ellos rinden cuentas al ministro de seguridad designado por quien elegimos, el gobernador. Entonces, hay una exageración porque es una conveniencia y un pacto de doble complicidad: la policía actúa y el ministro o ministra de Seguridad, en general, no puede hacer demasiado, pero esto existe desde los 80 en adelante, no solo en Córdoba sino en el país. Hay que buscarle una vuelta. Porque así como se pudo desestructurar el poder militar en Argentina, es posible hacer, de una vez por todas, una reforma policial.
— ¿Esa reforma policial podría tener a un civil frente a la fuerza?
— Es una alternativa, pero nada es mágico por sí mismo. En 2020, por ejemplo, nos parecía interesante que fuera una mujer (Liliana Zárate) que estuviera al frente de la fuerza, ahora se da esto que algunos suponían de por qué es mujer, las cosas van a cambiar. Así, con un civil no significa que la reforma sea exitosa, sino que debe hacerse desde adentro de la fuerza, en un diálogo con el control interno y con el civil.
— En un artículo del que fue autora sobre la seguridad del cordobesismo, se refieren a la estructura piramidal de base ancha de la policía —a reformar— y agregan que está tanto precarizada cómo mal formada, dando cuenta que hacia adentro las cosas no están bien tampoco, en términos laborales.
— Cuando hablamos de reforma policial, en primer lugar debe pensarse el rol de la policía tanto en defensa de derechos laborales como en funciones sociales. Son actores estatales que no tienen derecho a la sindicalización, asociación o agremiación. Es un tema complejo para analizar. Pero constitucionalmente es inviable que se sostenga que haya trabajadores que no puedan reclamar por sus derechos. Y, por otra parte, los ciudadanos le pedimos demasiado a la policía, no sólo por lo que cobran, sino también por la preparación que tienen. Por ejemplo, situaciones más complejas como de un abuso intrafamiliar, violencia de género, entre otros, necesitarían de trabajadores sociales y psicólogos para intervenir. Y un policía debería estar formándose 15 años, y no es posible: qué se forme en el uso de la violencia y que para las otras tareas, se contraten otros profesionales y se formen equipos técnicos. Esto haría que tengamos una mejor policía.
— Vivimos en una época de imágenes, en la que el impacto del vídeo de la cámara de seguridad en excelente calidad hace del hecho delictivo aún más contundente. Se da así una visualización permanente de la violencia que se espectaculariza. Al respecto, con lo de los robos piraña, que nos espantaba hace una década viéndolo en Río de Janeiro y hoy está acá, decía en otra entrevista que hace falta una intervención estatal más enfática, ¿en qué sentido? ¿Cómo ve esta situación?
—Se relaciona con lo que hablamos de los datos: la recurrencia, cuántos son, si suceden mucho más y precisan de una política pública que los atienda. Y también me parece que estamos en condiciones de pensar de qué manera deberían cronicarse los hechos vinculados a la violencia. Así como sucede con el suicidio y el protocolo, con el delito hay cierta asociación a lo ficcional, que son contraproducentes, y si los comunicadores sociales son actores sociales que reproducen cosas, debería evaluarse de qué manera se informan estos casos: a quién le estoy haciendo el favor al mostrar determinado hecho que parece más una escuela de delito que de protección del ciudadano. Es algo a trabajar, porque se muestran imágenes sin reflexión y no hay conciencia de lo que generan.
