Círculo rojo productivo, contra las cuerdas por dólar y más impuestos

El sector productivo privado argentino en general, y cordobés en particular, sigue con atención el día a día de las novedades en el mercado cambiario, las comunicaciones del Banco Central, los vaivenes en materia de acciones monetarias y los mensajes públicos y privados de los funcionarios. Intentan decodificar el borroso mapa de la política económica del gobierno para saber qué pueden esperar en el corto y mediano plazo. En un encuentro virtual esta semana, un analista les reconoció a empresarios cordobeses: “Las medidas que se vienen tomando para impulsar la generación de divisas o traer algo de confianza, la verdad, han tenido muy poco impacto, son medidas homeopáticas”. Hay tres temas que preocupan al sector privado: la escasez de divisas y las complicaciones para acceder al dólar; las dificultades y trabas que se vienen sumando en el comercio exterior, fundamentalmente para la punta importadora, tanto de bienes terminados como de insumos, piezas o bienes de capital, y la generación de nuevos tributos o cuasi tributos que, afirman, terminan desalentando la inversión y la generación de nuevos puestos de trabajo.

El jueves pasado, a un mes de que el cepo se ajustara más y se convirtiera en supercepo, el Banco Central que dirige Miguel Pesce introdujo más cambios en las operaciones y ‘apretó’ más los requisitos para las empresas que deben acceder al mercado de cambios para saldar importaciones. La comunicación “A 7138” dispuso que “para dar acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones de bienes con registro de ingreso aduanero pendiente, la entidad interviniente deberá verificar que el importador cuente con la declaración efectuada a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones en estado ‘SALIDA’ con relación a los bienes involucrados, en todos los casos en que dicha declaración sea requisito para el registro de la solicitud de destinación de importación para consumo”. Así, las operaciones en situación de demora no podrán realizar nuevos pagos anticipados de importaciones de bienes. Por otro lado, también se estableció que se deben informar las operaciones que impliquen “un acceso al mercado de cambios por un monto diario que sea igual o superior al equivalente a US$50 mil”.

Un empresario de Córdoba que trabaja a diario con la Aduana explicó los cambios y su alcance: “El fin de esta comunicación no es solucionar nada sino todo lo contrario. Ahora, el Banco Central es la policía para el giro de divisas al exterior. Claramente esto va a terminar en una mayor discrecionalidad de las operaciones. Por esa razón, y más allá de lo que establezca la norma, después habrá que ver su implementación. Se requiere aviso previo de 48 horas para quien tenga que pagar US$50 mil o más, muy bajo para casi cualquier industria que importe insumos, la automotriz, las metalúrgicas, los plásticos, los agroquímicos, etc. Como dijo un funcionario nacional: pueden estar de acuerdo o no con la discrecionalidad, pero fuimos ratificados por el voto popular”.

Unas horas antes de la explicación del empresario circuló un mensaje de otro ejecutivo del sector privado: “IMPOS. Se frena todo y se ve caso a caso. Vamos a modelo Guillermo Moreno, pero sin interlocutor”. En paralelo, la buena noticia que se puede rescatar es que se liberaría la posibilidad para que las empresas que tienen que afrontar deudas por más de US$1 millón mensuales no tengan la obligación de renegociar esos compromisos como se pidió en un principio, sino que pueden hacer frente a las mismas con las divisas que generen con sus exportaciones.

Producción en alerta. “Lejos de solucionarse, el acceso a las divisas se complica más. Pero es todo muy confuso, permiten saldar deudas por más de US$1 millón y que antes no se podían pagar, pero ponen más trabas a las importaciones de más de US$50 mil. Un comercio con stock se para y no vende, pero una industria no puede no producir. Es muy dañino no producir y no podemos fabricar sin importar. Los motores son importados, por ejemplo, o los neumáticos para maquinaria agrícola. Las cosas se vienen ralentizando de forma permanente, ese es el problema”, señala sobre este escenario Eduardo Borri, presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba y titular de las firmas Metalfor y Bertotto Boglione, de Marcos Juárez.

A fines de septiembre esa entidad había enviado cartas al ministro Martín Guzmán y al director del Banco Central planteando la “situación terminal” de las empresas metalúrgicas. “Sin insumos no hay producción. Sin producción en nuestro sector desaparecen gran cantidad de puestos de trabajo genuinos y se desvanece la fuerza y empuje histórico de nuestra Provincia en la potente industria nacional”. No tuvieron respuesta. Al cierre de esta edición se esperaban nuevos anuncios, que tendrían que ver con algunas medidas para aliviar el acceso al dólar contado con liquidación, en busca de intentar descomprimir su cotización que se acercaba a la par del dólar paralelo, en torno a los $175.

Desde la Unión Industrial de Córdoba (UIC) están pendientes las gestiones que puede encarar directamente con el Gobierno nacional su entidad madre, la UIA. En relación con las dificultades para importar y a las restricciones que se mantienen en el mercado cambiario el presidente de la UIC, Marcelo Uribarren plantea: “está claro que si no se soluciona el problema de fondo la restricción va a ser la única salida, pero eso también va achicando todo, la economía no se está expandiendo sino que se está contrayendo. Es el momento de promover la inversión más que nunca, el Estado no tiene los fondos, por eso se tiene que promover la inversión, pero no ayuda Vicentin, ni la reforma de la Justicia ni una ley de teletrabajo que es mala. No se legisla para que haya promoción a la inversión, algo que se necesita más que nunca”.

Intento por frenar impuesto a ricos 
El Consejo Productivo de Córdoba tuvo un encuentro virtual el jueves por la tarde con los diputados opositores de Juntos por el Cambio y esperaba la confirmación para reunirse mañana o el martes con los diputados cordobeses del Frente de Todos. Buscan hacer las últimas gestiones para frenar la aprobación del proyecto de ley, que crearía al ‘Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia’ y que se difunde como ‘impuesto a los ricos’. Esa medida ya recibió el dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados. “Creemos que el daño que genera este impuesto es más grande que el beneficio, desalienta la inversión privada y ahí se le saca fuerza al crecimiento. El gobierno necesita que las empresas vuelquen al sector productivo el dinero que tienen. Que salga depende mucho de los diputados del Peronismo Federal, que aún no sabemos qué decisión adoptarán. Estamos intentando de que tomen consciencia porque más allá de los problemas del gobierno el sector productivo no tiene más capacidad para seguir aportando”, aseguró Marcelo Uribarren. Según estimaciones privadas, el tributo alcanzaría a 9.000 personas y podría recaudar $300 mil millones, cerca del 1,1% del PBI.