Con presupuesto acotado, hay 25 personas para controlar a 1760 liberados

La semana pasada, a partir de un informe de PPT, se conocieron estadísticas sobre el trabajo del Patronato del Liberado en la provincia de Buenos Aires. Entre otros datos se subrayó que las personas que salen de prisión en libertad condicional tienen una reincidencia del 40% y que hay 600 agentes para controlar a 48.000 personas en esa situación. 

En Córdoba, el panorama tiene sus particularidades. El primer dato es que recién en 2008 el Patronato del Liberado logró carácter de Dirección, así pudo contar con un presupuesto, personal y recursos propios. Se trata del ente dedicado al control, supervisión y reinserción social de las personas en libertad condicional, libertad asistida o con los beneficios de la ejecución condicional y suspensión de juicio a prueba. 

Otro dato destacado es que, para controlar, supervisar y trabajar en la capacitación y reinserción social y laboral de 1760 personas la Dirección del Patronato del Liberado de la Provincia cuenta con un staff total de 25 personas. Ese universo de personas a controlar incluso puede crecer si se contempla la situación de otras personas que están libres bajo otras figuras jurídicas más tenues. “Es cierto que somos pocos, somos 25 personas para 1760 personas que están en libertad, pero todo lo que se puede, desde donde sea, se hace. Brindamos asistencia material, todos los insumos para los cursos, pagamos muchos pasajes de transporte para los que son de afuera, pañales. Se trabaja mucho y tenemos un presupuesto para todo lo que se necesita”, explica Cecilia Lanzarotti, directora del Patronato del Liberado.

Presupuesto y apoyo externo. Los recursos con que cuenta la Dirección de Patronato del Liberado para llevar adelante su sensible trabajo es, justamente, otro punto a analizar. Según fuentes de esa dependencia, el presupuesto provincial actual asciende a $2 millones, a lo que se suma una partida de la Nación de $300.000. Mirando en detalle la Cuenta Inversión 2016 (que describe el detalle de los recursos empleados para los distintos programas provinciales) encontramos que el año pasado para “Reinserción del Liberado” la partida fue de $961.100 de los que se comprometieron $954.244 y para “Asistencia y reinserción social del liberado” hubo una partida de $300.000 de los que, según se informa, se emplearon sólo $15.000. En ese sentido, Lanzarotti remarca que también reciben partidas de otras dependencias, como el Banco de la Gente, que gestiona microcréditos. “Todo lo que es micro emprendimientos, por ejemplo, que es mucha plata, lo paga el Banco de la Gente. Se dan unos 200 créditos al año que van de $10.000 a $12.500. También contamos con apoyo de Caritas y de Iglesia Evangélica”, detalla. 

Sin estadísticas de reincidencia en Patronato. Aunque puede ser importante contar con datos y estadísticas sobre el nivel de reincidencia de las personas en libertad condicional o asistida que pasan por el Patronado esa dependencia no cuenta con estadísticas al respecto. En todo caso, para conocer datos sobre reincidencia en el delito de las personas que dejan la cárcel la referencia más cercana son los datos del propio Servicio Penitenciario. Fuentes del Ministerio de Justicia detallaron que a agosto de este año en la Provincia hay una población de internos condenados de 3200 personas entre los que 1003 son reincidentes, es decir un 32%. 

Cómo se controla y trabaja. En relación al trabajo que se hace en la Dirección del Patronato en Córdoba Lanzarotti detalló que se trabaja en dos planos: por un lado en el control y supervisión de los liberados, por el otro en una instancia con otro perfil y que apunta a brindar herramientas para la inclusión social y laboral. “Hay realidades distintas por los tipos de delito. No podes encarar de la misma forma a un múltiple reincidente que está muy atravesado por el delito o a un primario, que es la primera vez que comete un delito o a un acusado de un abuso sexual gravemente ultrajante, donde hay que tener en cuenta a la víctima”, explica Lanzarotti. En esa línea detalla que los controles se hacen con agentes del servicio social, psicólogos, trabajadores sociales, abogados. “El trabajo de control se hace en el terreno, se va a domicilio o se hacen entrevistas en la sede del Patronato (en calle La Rioja 185). A eso se suman instancias que no son de control, que no tienen esa mirada jurídica, instancia de capacitación y talleres de oficios, nos prestan el Centro Cultural Graciela Carena que depende de la Cofradía de la Merced. Tenemos talleres de peluquería, costura, elaboración de conservas, aberturas de aluminios, panificación y micro emprendimientos. Si una persona tiene un oficio y capacitación el hecho de que tenga un antecedente penal queda en un segundo plano. Estamos poniendo el foco en los primarios, en los más jóvenes. Nos falta un montón, pero hemos dado saltos cualitativos”, asegura la funcionaria. 

“No es una prioridad para el Estado”. Magdalena Brocca, investigadora y especialista en seguridad y criminalidad de la Universidad Nacional de Córdoba considera que la falta de recursos que se plasma en dependencias como la Dirección del Patronato del Liberado son una muestra de que no hay una política definida y amplia al respecto. “Sin duda que la atención de presos liberados no es una política pública a la cual el Estado le preste atención. El presupuesto del Patronato del Liberado es bastante pobre y los recursos humanos son bastantes reducidos para la población que tiene que atender. En general, lo que refieren las personas que están en libertad condicional o asistida es que el Patronato es un lugar donde uno va a firmar que no ha cambiado su domicilio y no ofrece demasiadas alternativas sobre cómo obtener mejores condiciones para que en el momento del agotamiento de la pena desarrollar una vida plena como ciudadanos. No es una problemática exclusiva de Córdoba, lo mismo pasa a nivel país y diría en la región. Así como no hay una política clara para las personas que están privadas de la libertad en términos de trabajo, salud, educación, etc., al momento de la liberación no hay una definición política de un trabajo de seguimiento y acompañamiento para la reinserción definitiva con vínculos comunitarios, laborales, educativos, como ciudadano pleno. No es una preocupación del Estado”, asegura.